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Carta a Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca

Carta a Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca
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El Club de los Viernes

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El Club de los Viernes - Movimiento por la defensa de las libertades civiles, el derecho de propiedad y el Estado limitado.

Estimada Ministra de Agricultura y Pesca

Estimada Ministra, estamos absolutamente seguros que usted sabe que el control político de los precios cuenta con numerosos y preocupantes precedentes ocurridos en los más diversos contextos históricos y sociales.

Cada vez que se han intentado sólo han traído ruina y sufrimiento que no escapan a ninguna actividad económica, tampoco al sector agroalimentario.

Y quizás se pregunte que porqué le estamos diciendo esto: el motivo es el contenido del anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía que pretende aprobar el gobierno de Susana Díaz.

Ley de Agricultura y Ganadería en Andalucía

Lo que parece ser el más ambicioso proyecto de la consejera del ramo, Doña María del Carmen Ortiz, fue aprobado el pasado mes de octubre por el Consejo de Gobierno de Andalucía y en pocos meses deberá pasar el trámite parlamentario.

Desde nuestra asociación, hemos decidido hacerle llegar esta carta porque estimamos que parte del articulado del texto atenta contra los principios más básicos de una economía libre, y claramente contra la unidad de mercado establecida en leyes de ámbito estatal y europeo.

Además, supone un ataque frontal a la libre competencia e iniciativa privada y presenta graves incumplimientos del ordenamiento jurídico vigente.

El desmedido intervencionismo del legislador autonómico supondrá –de imponerse la ley sin enmienda alguna– un aumento del desempleo, pérdidas en el sector primario andaluz y aumento de los precios para los consumidores finales de imposible vaticinio.

Infracciones muy graves

Quienes estén leyendo estas líneas podrían pensar que quizás hayamos exagerado un poco en las consecuencias.

Bastaría la lectura de la exposición de motivos del mencionado anteproyecto para darse cuenta de la gravedad que implica.

Una vez dentro del anteproyecto encontramos como infracción muy grave –penado con multas que oscilarán entre los 50.001 y 800.000 euros– «La adquisición de productos agrarios perecederos a un precio inferior al de su coste de producción, debido a una posición dominante de la empresa comercializadora sobre el mercado».

Quizás, la Junta de Andalucía no caiga en la cuenta de que eso es justo lo que estará en disposición de hacer: ¡alterar los precios abusando de su posición dominante sobre la sociedad!.

Puesto que los costes de producción son absolutamente variables de un agricultor a otro y ninguna empresa comercializadora o administración puede conocer la estructura de gastos de cada uno de ellos, absolutamente nadie puede garantizar que el precio de compra esté por encima del coste de producción, a no ser que su plan sea controlar todos y cada uno de los movimientos de nuestros amigos del campo.

Esta intervención provocará sin duda una desviación de compras hacia productos de otras comunidades o países.

En otro de los artículos exponen: «Revertir en beneficios para la comunidad aquella parte de las plusvalías generadas por las externalidades producidas en el sector agroindustrial, que determinen las leyes».

Una expropiación forzosa encubierta

Nos preguntamos si puede ajustarse a derecho una ley que obligue a un ciudadano, empresario o autónomo, a revertir en beneficios para la comunidad más allá de los muy gravosos impuestos, tasas y cánones de todo tipo que ya estamos obligados a pagar.

Parece que pretenden una expropiación forzosa encubierta.

No hace falta ser ningún experto en agricultura o ganadería para darse cuenta que entre otras cosas, la Junta pretende tener otra coartada más para aumentar el gasto mediante la creación de nuevos chiringuitos o –como dicen– reforzar otros existentes: observatorio andaluz de precios de la cadena alimentaria, foro andaluz de la cadena alimentaria, sistema andaluz del conocimiento agroalimentario, sistema de información de estadística de calidad, etcétera…

Y todo esto se puede leer con asombro donde se expresa que la intención del legislador es simplificar la administración, crear un servicio efectivo a la ciudadanía, ventanilla única, y más.

A todas luces es incompatible aumentar la administración y simplificarla a la vez.

Incluso para el más elocuente economista supondría un reto enumerar todos y cada uno de los de dislates económicos contenidos en las 85 páginas del anteproyecto.

Y no se trata de errores menores señalados por algún académico puntilloso.

Se trata de disposiciones completas que se basan en una concepción errónea del funcionamiento de la economía y que detectaría al vuelo un alumno de primer curso de Económicas.

Las consecuencias

Nos tememos que las consecuencias se medirán en miles de millones de euros y decenas de miles de empleos, ocasionando graves interferencias en el funcionamiento de los mercados, especialmente de aquellos más complejos y dinámicos, como el del campo almeriense o el del aceite de oliva que tanta importancia tiene en el campo de Jaén.

Si la ley se aprobara sin modificación alguna, la Junta nos habrá dejado, además, un texto que habilitaría en el futuro a cualquier gobierno desaprensivo a expropiar cosechas y clausurar explotaciones por 5 años, otra medida sancionadora de las contempladas.

Con una ley así, lo único que podría salvar al sector primario andaluz sería la incapacidad de la Junta para hacer cumplir semejante disparate.

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