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Editorial mes de Noviembre

Editorial mes de Noviembre

Por Javier Velasco

Llega noviembre y, con éste, además de las socorridas representaciones del Tenorio, las no menos socorridas condenas del franquismo por parte de la izquierda patria, cuya selectiva memoria dizque histórica, parece impedirles ver la médula profundamente socialista e intervencionista de aquel régimen.

Veamos pues, una agavillada selección, que no pretende ser exhaustiva, de ejemplos de ese intervencionismo socializante que ni piden derogar ni condenan, mostrando esa hipocresía que es característica de la izquierda.

En fecha tan temprana como el 9 de marzo de 1938 entraba en vigor el Fuero del Trabajo, primera de las Leyes Fundamentales de que se iría dotando el régimen, remedo de articulación constitucional del mismo. Dicha ley, adobada de intervencionismo corporativista convertiría el mercado de trabajo en el más intervenido de todos los mercados (si es que alguno no lo fue) con la excusa de que las leyes del mercado incitaban la lucha de clases perjudicando a los desprotegidos obreros, imponiéndose monopolísticamente desde el Gobierno las condiciones de contratación y trabajo, con la evidente consecuencia de introducir rigideces en tal mercado que en momentos de crisis  – como la padecida recientemente y que aún perdura-  condenarían a esos pretendidamente bien protegidos trabajadores a un paro artificialmente prolongado.

Así mismo, y como consecuencia del intervencionismo socializante que inspira al Régimen se aprueba por Ley de 1 de septiembre de 1939 la supresión del sistema de capitalización del Retiro Obrero con la consiguiente y paulatina desaparición de las mutuas obreras privadas y voluntarias, que en virtud de la Ley promulgada el 6 de diciembre de 1941 serían intervenidas y sustituidas por mutualidades laborales de adscripción obligatoria y ámbito nacional, llegándose al extremo, en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, y su posterior Ley de 1966, de prohibir el lucro mercantil en la gestión de tales asuntos. Ocioso resulta recordar los problemas a que se enfrenta el actual sistema de pensiones de reparto.

Con el antecedente de los Estatutos Municipal (1924) y Provincial (1925) promulgados durante la dictadura del General Miguel Primo de Rivera (cabe decir que apoyada por el sindicato socialista UGT) se aprobaría en 1945 la Ley de Bases de Régimen Local, que con actualizaciones posteriores conforma el núcleo duro del intervencionismo institucionalizado en las administraciones locales y provinciales, dando carta de naturaleza a la creación de entes públicos empresariales de carácter local, permitiendo la municipalización  para la provisión de diversos servicios (agua, limpieza y recogida de basuras, etc.,. En la mayoría de las ocasiones con carácter monopólico) cuya responsabilidad de gestión se otorga graciosamente, con las consiguientes distorsiones que se introducen en mercados que podrían ser más eficientes dejados a la libre y concurrente iniciativa privada. Y que se prolonga hasta nuestros días, si bien con las matizaciones que nuestra incorporación a la Unión Europea ha ido haciendo precisas. Merece hacerse notar la ridícula y pomposa exposición de motivos de la Ley de Bases de 1985.

En 1956 se aprobaría la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que introducía la planificación centralizada en la gestión urbanística, nacionalizaba de facto y de iure todos los usos que pudiera tener el suelo en España, a excepción del uso agrícola (también intervenido, por cierto), privando del derecho de edificación a los propietarios de suelo, que pasaría a convertirse en graciosa concesión del planificador correspondiente, y que ha generado, como se ha visto, no solamente corrupción incontable sino efectos tan altamente distorsivos en el mercado de la vivienda y suelo (con consecuencias también en el ámbito financiero y en la economía toda) que no merecen ser detallados por ser sobradamente conocidos por todos.

Conectada con la anterior, aparecerá en 1964 la Ley de Arrendamientos Urbanos, que sustituiría a las previas de 1946 y 1955. Baste mencionar la pretensión que alberga en su exposición de motivos, “atemperar el movimiento liberalizador de la propiedad urbana” (sic), y que -con la excepción de la conocida como Ley Boyer (RDL2/1985), que introducía libertad para pactar la duración de los contratos y suprimía la prórroga forzosa en determinadas condiciones- constituye el principio informador del régimen legal del alquiler en España, lo que ha impedido un mercado tan maduro y dinámico como el de los países de nuestro entorno económico.

En fin ¿memoria histórica y condena de esta lamentable legislación? Cuando quieran.