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Educación concertada sin derechos

Educación concertada sin derechos
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José Antonio Bejarano Flores

José Antonio Bejarano Flores

Empresario. Liberal por convicción.
José Antonio Bejarano Flores

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En cualquier sociedad del mundo moderno, la española inclusive, la obligatoriedad de escolarización en las enseñanzas básicas ha constituido un hito histórico muy importante para el progreso de sus gentes.

La Ley General de Educación de 1970, establecía la obligatoriedad y gratuidad de unas enseñanzas unificadas y consideraba a estas como un servicio público, responsabilizando prioritariamente al Estado para su provisión.

Igualmente se reconocía que aun habiendo centros no públicos, estos podrían ofertar una serie de puestos escolares gratuitos en los niveles obligatorios (no estableciéndose normativa regulatoria alguna) a cambio de una contrapartida económica por parte del Estado.

Al no existir regulación alguna con los distintos centros concertados, las familias podían escoger libremente la educación deseada para sus hijos en los niveles básicos de enseñanza.

El resultado fue lógico, cada familia al poder optar al centro de enseñanzas deseado hizo posible que la práctica totalidad del alumnado recibiera sus enseñanzas en centros concertados en detrimento de las escuelas públicas y por distintos motivos.

Esta situación se trastornó con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de Julio, reguladora del derecho a la educación, donde se explícita una serie de artículos reguladores en la materia, hasta llegar al (artículo 27,9) donde se dice:

La ayuda a los centros docentes tiene que compaginarse con la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de esos centros sostenidos con fondos públicos [de modo que]resulten modelados equilibradamente en su ulterior desarrollo normativo”

Como podemos observar es a raíz de la entrada en vigor de esta Ley, siendo Presidente del Gobierno D. Felipe González Márquez, con una mayoría aplastante en el Congreso de Diputados de 202 escaños, los artífices de esta epopeya.

Al Estado y a las Comunidades Autónomas a través de la programación general de enseñanzas, le corresponde asegurar las coberturas de las necesidades educativas, proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares, dignificando una enseñanza pública insuficientemente atendida durante muchos años y promoviendo la igualdad de oportunidades.

En otras palabras como las familias escogían libremente el centro, al no hacerlo sobre la pública y si con las concertadas, los entonces regidores, con el buenismo político que les caracteriza, deciden regular los conciertos educativos sin tener en cuenta por ejemplo las condiciones socio-geográficas, económica o por ejemplo de libre elección de centros.

Aquí no termina el dispendio. En conformidad con el artículo 10 del Título I sobre competencias, de la Ley Orgánica 01/2011 de 28 Enero, competen a la Junta el régimen, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos propios.

Hemos hecho este inciso para aclarar que todo lo acaecido desde esta fecha a día de hoy es materia exclusiva de la Junta de Extremadura.

Desde que la Junta de Extremadura posee las competencias normativas y de ejecución, la educación escolar ha sufrido unos altibajos espectaculares sobre todo en los últimos años donde ha ido perdiendo paulatinamente población escolar así como unidades. En palabras del Presidente del Gobierno de Extremadura, esto se debe a la baja natalidad y al retorno de emigrantes.

La tasa de natalidad en Extremadura ha caído desde el 14,47 % y una tasa de fecundidad de 2,41 en el 1975 al 8,12 en 2016 y una tasa de fecundidad de 1,30. Solo entre los cursos 2006/2007 y 2016/2017 Extremadura ha perdido una población escolar de -1,80 %.

No estamos seguros de cuando se enterarán los actuales regidores de Extremadura, que para un incremento de la población escolar a nivel público y concertado, no está en las medidas salvadoras fuera de contextos, sino en invertir más y mejor sobre una población diezmada entre lo público y lo privado.

La situación escolar para las enseñanzas concertadas es catastrófica: desde el año 2011, que perdió más de 20 unidades escolares, el descenso continua hoy en día y para el próximo año 2018 está previsto un cierre de 38 unidades más, a falta de determinar la revisión anual de los conciertos.

La señora D.ª María Esther Gutiérrez Morán, cuando se reúna en la próxima mesa negociadora, para estudiar el nuevo decreto de conciertos educativos, debería proporcionar una mesa mucho más equilibrada y no como hasta ahora, que trece componentes de la misma corresponden al sector público y cuatro al concertado. No es justo ni equitativo.

Es más, como respuesta cívica a estas estrategias dirigistas, desde El Club de los Viernes hemos abierto una campaña con un manifiesto a la os podéis adherir aquí , en la que también denunciamos la discriminación que sufren los centros no estatales.

Y para terminar, le transmito a quien también es consejera de Educación en la región las siguientes palabras de Alexander Pope: “errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”.

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