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España no es un Estado de Derecho de segunda

España no es un Estado de Derecho de segunda
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El Club de los Viernes

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El Club de los Viernes - Movimiento por la defensa de las libertades civiles, el derecho de propiedad y el Estado limitado.
EDITORIAL

Consideramos que tras la decisión del 6 de abril de 2018 de la Audiencia territorial alemana de Schweslig Holstein de dejar en libertad bajo fianza al golpista Puigdemont, se produce una grave injerencia jurídica en nuestras Leyes y una clarísima quiebra del principio de ‘’mutua confianza’’ sobre el que se funda la UE. Retirar la imputación del delito de rebelión juzgando unos hechos violentos donde no se han producido y en dos días, es una burda interferencia extranjera en nuestro Bien Jurídico, una extralimitación agravada por la percepción judicial limitada de los actos que impone la realidad de evaluarlos fuera de su esfera factual y una prueba de que las leyes comunitarias europeas no cumplen con el criterio de suficiencia jurídica necesario para que la persecución del crimen y el delito sea igual en todo el espacio de la UE, máxime cuando se trata de delitos contra un Estado miembro de acreditada solvencia como España. Por tanto, creemos que esta resolución, emitida por un Juez regional alemán, constituye una intolerable desacreditación de la sopesada, rigurosa, garantista y detenida labor del Juez del Tribunal Supremo del Reino de España, Pablo Llarena, que, a lo largo de seis meses, y no en dos días, y de conformidad con los informes de la Guardia Civil que acreditan 315 actos violentos, observó que se reunían las evidencias suficientes exigidas en nuestro Código Penal como para procesar a Carlos Puigdemont por el crimen de rebelión contra la forma de gobierno y configuración jurídica de nuestra Nación.

España no es un Estado de Derecho de segunda. Repetimos: España no es un Estado de Derecho de segunda. Pensamos que a raíz de las declaraciones de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley (Partido Socialdemócrata Alemán-SPD) era oportuna una contundente respuesta política por parte del gobierno de la Nación y no una simple declaración tan inerte como timorata del Ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, despachando el asunto como ‘’declaraciones desafortunadas’’, puesto que las palabras de la mandataria supremacista alemana no son espontáneas ni casuales: responden a un claro prejuicio según el cual España es una ‘’nación retrógrada y autoritaria’’ que necesita de la tutela y corrección de Europa. Este infundio no sólo contra la dignidad de nuestro Estado de Derecho, sino también contra la de todos los españoles, concierta con la de los neocomunistas de las izquierdas de nuestro país, compañeros internacionales del barco de Katarina Barley y otros marxistas europeos retrógrados. Esta calumniosa convención internacional concierta con la de los supremacistas catalanes, protagonistas de toda esta historia mediante un ciclo perpetuo de victimismo y falsificación histórico-jurídica. No tampoco por casualidad, este elenco político liberticida siempre se alinea en el mismo sentido: les causa urticaria la

persecución del delito (siempre que lo cometan ellos) y la limitación del poder político mediante los grilletes de la Ley y el Estado de Derecho (creen que hay que negociarlo todo). Unos son imagen especular de los otros. Confundiendo socialismo con libertad, como la arrogante Barley, todos dudan, paranoidemente, que España sea un país libre donde se respetan los derechos humanos y la libertad ideológica. De modo que, en complementariedad con sus traumas psicológicos de pretendida supremacía moral, la injerencia de un Juez de un pueblo alemán desconocido le viene como gasolina al fuego.

No creemos en una Unión Europea de países de primera y de países de segunda, donde los que se creen moralmente supremos puedan, en cualquier momento, poner en peligro la integridad y soberanía del Bien Jurídico de los otros. Valoramos que si existe libre circulación entre los países que conforman el espacio Schengen, también debe existir libre persecución de los crímenes y delitos dentro de ese mismo espacio, en conformidad a las garantías legales del país donde se aloje el presunto criminal y en obediencia inmediata a las órdenes judiciales de extradición del país miembro que demanda la entrega. Si un Tribunal extranjero entra en el fondo de la cuestión, como ha sucedido con el del pueblo de Schweslig Holstein, se está cargando el principio de ‘’confianza mutua europea’’. Muchos, entonces, estaremos en el derecho de poner en cuestión la utilidad de la Unión Europea. Aunque la policía ubicua de la corrección política nos tache de ‘’euroescépticos’’. Da igual. Europa debe ser un espacio de libertad, con la subsiguiente persecución del delito, en lugar de un espacio de burocracias que favorecen la impunidad, dificultan la promoción de la justicia, estimulan la proliferación de ínfulas supremacistas y falsos derechos sociales adquiridos. No obstante, pensamos que, con independencia de todo esto, son los gobiernos los que deben dar la cara y la batalla política internacional cuando se agreden los bienes jurídicos de sus países desde el extranjero. Pero desgraciadamente en España no tenemos un gobierno, sino un consejo de tibios voluntarios

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