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Sí, la educación en manos de los políticos es un peligro

Sí, la educación en manos de los políticos es un peligro
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Ángel Manuel García Carmona

ÁNGEL MANUEL GARCÍA CARMONA (Retamal de Llerena, Badajoz, 1996) Estudiante del Grado en Ingeniería Informática en la UDIMA. Anglo, franco y estonioparlante. Liberal-conservador. Aficionado a la fotografía y a la programación.

Los pregoneros del pensamiento único izquierdista tienden a inculcar entre la población española que se tiene un “derecho a la educación”, mientras que no pocos ciudadanos tienen asumidos, en mayor o menor medida, este dogmatismo socialista.

No es impopular ninguna propuesta en materia educativa que no esté desorientada de los objetivos de aumento del gasto y de control burocrático. No es una minoría esa parte de la sociedad que parece estar conforme con que un político haya alienado un rol que compete a las familias: determinar cómo, dónde y cuándo han de ser educados sus hijos.

Obviamente, no quiero ignorar a aquellas familias que son víctimas de un dirigismo laicista imparable en algunas comunidades autónomas y se oponen a que sus descendientes sean adoctrinados en base a los postulados marxistas culturales de la “ideología de género”. Me preocupa también que se obstaculice el derecho a recibir educación en el propio hogar.

Pero sí me preocupa que no haya un gran clamor social para respaldar a todos aquellos que quieren que sus hijos estén bajo planes educativos diferentes y no impuestos, y ejercen su derecho a la objeción de conciencia, que debería considerarse como una cuestión implícita a lo estipulado por el artículo 16 de la Constitución Española, expuesto a continuación:

  1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
  2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
  3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Ahora bien, hay quienes se limitan a criticar ciertos vaivenes ideológicos, en función de las creencias e ideología de cada uno, de tal forma que llegan a creer que un pacto entre los grupos políticos y la comunidad educativa viene a ser una solución “ya que las leyes no cambiarían en base a un turnismo burocrático e ideológico”.

Pero es que el problema viene a ser el mero control político de la educación. No lo digo en base a un mero utilitarismo economicista al que estamos bastante acostumbrados en una Europa donde no hay tantas convicciones escépticas hacia el intervencionismo estatal, sino porque la libertad del individuo se vería cercenada más allá de la cuestión fiscal o tributaria.

A día de hoy, las principales amenazas a la libertad educativa vienen de la mano de dos agentes: los nacionalistas periféricos y los llamados “progres” (progresistas), en base a postulados anticapitalistas, abortistas, ecologistas, feministas, homosexualistas y laicistas. Luego, sabemos que el nacionalismo y el progresismo tienen, básicamente, unos patrones socialistas.

Sí, socialismo. La única diferencia es que, en este caso, no se controlan los medios de producción y la propiedad privada. Se busca consolidar un pensamiento único más bien orientado hacia el marxismo cultural, censurando libertades como la de conciencia, elección y expresión, en base a lo que viene a ser también socialista: la ingeniería social, con el Estado como herramienta.

Dicho esto, la sociedad civil debe despertar y reaccionar con coraje y contundencia frente a lo que viene a ser una de tantas amenazas para la libertad, hemos impulsado en el Club de los Viernes una campaña de petición de firmas a la que podéis adheriros, dirigida a la Junta de Extremadura y el Gobierno de España, para que garanticen una libertad educativa real.

En conclusión, la sociedad debe mantenerse vigilante, sin temor a los mecanismos intimidatorios de la dictadura de la corrección política. Las familias han de reclamar a los políticos el poder que les han quitado. Por nuestro derecho a la libertad de elección, de conciencia y de pensamiento.

 

 

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