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La gestión privada de la sanidad es de mejor calidad y más económica para el ciudadano

La gestión privada de la sanidad es de mejor calidad y más económica para el ciudadano
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Pablo Camba

Pablo Camba

Pablo es licenciado en Bioquímica, Biología Sanitaria e Ingeniería Técnica en Informática, Máster en Ingeniería del Software, máster en dirección de sistemas y TIC para la salud y PDD por IESE. Cree en la transformación y mejora de la sanidad a través de la tecnología. Ha desempeñado posiciones de desarrollo de negocio de tecnología sanitaria desde el año 2000, con amplia experiencia en procesos clínicos, diagnósticos y terapeúticos.

El sistema sanitario español es fruto del esfuerzo de varias generaciones, estando su verdadero origen en 1906, con la creación del Instituto Nacional de Previsión. Si bien antes hubo un periodo de preparación, desde 1.883, con la creación de la Comisión de Reformas Sociales.

En la actualidad, la Constitución española reconoce “el derecho a la protección de la salud” y ordena a los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública”, indicando que a tal efecto se deben establecer medidas de prevención, prestaciones y servicios sanitarios. El mandato es conseguir un objetivo concreto, sin otro condicionamiento que no sea el de que los ciudadanos tengan asegurada la protección de la salud. Se trata de un mandato finalista que permite la utilización de todos los medios necesarios, ya sean públicos o privados.

Una colaboración público privada (CPP) es un acuerdo entre una administración pública y un actor del sector privado para la prestación de un servicio público. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes fórmulas, y desde 1.970 se observa a nivel mundial una clara tendencia a hacer un mayor uso de las mismas. Las administraciones tienen la posibilidad de escoger que la gestión del servicio sea pública, mixta o privada, mientras que la financiación del sistema está basado en impuestos con transferencia del presupuesto a las Comunidades Autónomas.

El modelo Alzira toma su nombre de la localidad valenciana en la que se construyó en 1999 el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa: el Hospital de la Ribera, basado en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada.

Por la excelencia de sus resultados, tanto clínicos como económicos, se ha convertido en un caso de estudio a nivel internacional, como así lo atestiguan los informes de la Universidad de Berkeley y Harvard. A modo de resumen, los resultados clínicos son comparables, en ningún caso inferiores, a cualquier hospital del mismo tamaño de gestión pública de la Comunidad Valencia.

Lo concesión del Gobierno Valenciano finaliza en 2018, y Carmen Montón, Consejera de Sanidad Univeral (sic) ya ha anunciado que “Empieza el fin del Modelo Alzira”. El Gobierno Valenciano piensa recuperar la gestión pública del servicio, y para ello encargó a la Sindicatura de Cuentas un informe, esperando que respaldasen su decisión. Sin embargo los resultados del informe han sido demoledores a favor del modelo de gestión privada:

– Para los pacientes de la región ha supuesto una mayor calidad percibida, con un 84,8% de pacientes satisfechos o muy satisfechos, y una mejora en la humanización de la asistencia a través de un trato personalizado y una mayor privacidad ya que todas las habitaciones son individuales

– Mejor calidad objetiva: el porcentaje de pacientes atendidos en tiempo en urgencias es del 95,43%, frente a una media del 81,46%

– Menores tiempos de espera. La demora media de lista de espera en consultas externas es de 22 días, frente a los 45 de media

– Un gasto un 21% inferior a los hospitales de gestión pública (721 frente a 916 euros por habitante)

Esperamos que el Gobierno Valenciano no cometa el grave error de sustituir un modelo que funciona por otro que es más costoso para el contribuyente y de peor calidad, según sus propios indicadores. Esta medida significaría gobernar sin pensar en los ciudadanos a los que, al menos en teoría, Carmen Montón dice servir, y solo puede definirse como un despropósito y sectarismo político contra la iniciativa privada

2 Comentarios

  1. Roque López
    Roque López 4 semanas hace

    A pesar de que la gestión privada de servicios públicos pagados con el dinero de los contribuyentes genera mayores cotas de eficiencia al disminuir los costes, y esto a su vez, mayores índices de calidad del servicio, la prioridad del establishment partitocrático actual es la máxima del proteccionismo neocomunista que excluye moralmente la posibilidad de que la administración pública actúe con criterios distintos a los de corte político, siempre bajo la demonización ideológica de la colaboración público-privada presentándola (a) como modelo privado -cuando realmente no lo es-, (b) como un negocio de capitalistas ”malvados” con la salud y la vida de la ”gente” y (c) como un modelo que necesariamente genera colusión entre quienes mandan en la administración pública -que son los políticos controladores del monopolio, es decir, quienes deciden, en un concurso falseado, a qué empresa privada conceden la gestión del centro sanitario de que se trate, ante lo cual su prospección es la de que el control público sea totalitario (del 100%) como forma de ”proteger” los intereses de la ”gente” frente a la ”voracidad” del empresario. Creo que desgraciadamente, aunque la experiencia dice que la colaboración público-privada genera resultados óptimos y eficaces, no se hace esta pedagogía o al menos ningún partido político es capaz de defender estas tesis, pues algunos de los casos de corrupción partitocrática que hoy están en la picota de la opinión publicada, tienen que ver con la concesión de contratos públicos a empresas privadas sujetos a la arbitrariedad del burócrata de turno y, por tanto, a posibles actos de corrupción y cobro de comisiones y/o saldo de favores políticos. Las izquierdas, como si no tuviesen casos de corrupción del tipo de los comentados en esta opinión, aprovechan este caldo de cultivo para que el sector público retenga definitivamente determinados servicios que funcionarían mejor siendo público-privados o directamente privados. Considero que la solución está en ofrecer el modelo-público privado, en cambiar el sistema de concurso y concesiones para que el burócrata político esté radiografiado en toda su acción en el proceso y los usuarios contribuyentes sepan adónde van a parar sus recursos y en denunciar que la tendencia estatizadora promovida por todas las formas de comunismo e implementadas por el PP de Mariano Rajoy, no busca la autonomía del usuario/contribuyente del servicio público que financia, sino atarlo (con un cordón umbilical) a un servicio público totalmente monopolizado por el Estado totalitario del ”Bienestar” gestionado por los dioses ”impolutos e infalibles” políticos.

  2. Emilio 3 semanas hace

    Tal vez no le falte razón. Pero, en ese caso, que me devuelvan todas las cotizaciones que he ido prestando a la Seguridad Social durante 41 años. A partir de ahí, sí que podríamos comenzar a hablar de calidades.

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