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El precio de la recuperación

El precio de la recuperación
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Daniel Rodríguez Asensio
Nacido en Valladolid, en 1988 Licenciado en Economía por la Universidad de Valladolid y Máster en Mercados Financieros Internacionales por la UNED. Actualmente consultor estratégico. Autor del blog www.economistadecabecera.es. Colaborador del Club de los Viernes
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El optimismo instaurado en nuestra clase política está justificado. Los datos de la EPA que han salido a la luz esta semana son la guinda a una recuperación que ya lleva varios trimestres consecutivos asomando la cabeza. Desde un punto de vista macroeconómico, nuestro país ha dejado atrás la recesión y está preparado para afrontar este año, y probablemente el que viene, como una de las economías más vigorosas de Europa. Quizás, incluso, de todo el mundo desarrollado.

No es de extrañar, para quien siga frecuentemente la prensa nacional, ver a nuestros dirigentes políticos sacar pecho de esta situación. El último en hacerlo ha sido el omnipresente Cristóbal Montoro, que no ha dudado en sacar pecho de su gestión al frente de la Hacienda española en el período más convulso de nuestra historia contemporánea, e incluso se ha atrevido a vanagloriarse de que la presión fiscal se sitúe en el 38,3% del PIB en 2017.

La presión fiscal es la relación entre ingresos públicos y PIB. Es decir, mide la capacidad recaudatoria del Estado en relación a su Producto Interior Bruto. Un repunte de cuatro décimas con respecto a 2016 es, sencillamente, un brindis con un Salon Blanc de Blancs en una mano mientras con la otra sujeta la llave que controla los grilletes que atavían a una población cada vez más ahogada a impuestos.

España ha recuperado los niveles de 2008 en términos de PIB en el primer trimestre de este año. Y, sin embargo, la presión fiscal de 2007 era del 37,2%. O, lo que es lo mismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública pretende aumentar la presión fiscal en 1,1 puntos porcentuales con 2,2 millones menos de personas ocupadas, doscientas mil empresas menos y los beneficios empresariales aún por debajo de los niveles pre-crisis. Las cifras son claras: cerca de 13.000 millones de Euros adicionales que tendremos que pagar todos los ciudadanos y empresas de forma coercitiva en impuestos y Seguridad Social. 277 Euros per cápita.

Todo ello en un país en el que un trabajador soltero y sin hijos que cobre el salario bruto medio -26.710€ -destina casi 4 de cada 10€ de su sueldo a pagar impuestos, en el que la Airef –Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal –ya ha alertado de un déficit estructural del 2,5% del PIB y la deuda permanece, trimestre tras trimestre, por encima del 100% del PIB. Y, sin embargo, aún tenemos que escuchar falacias como la del famoso liberalismo salvaje que azota nuestro país, aún cuando en 2016 se gastó un 3% más que en 2008. Por no hablar de ciertos detalles que sí que están incluidos en la factura que tendremos que pagar todos y cada uno de nosotros. Que queramos verlo, o no, es cosa nuestra. Fiar el cuadre de las cuentas públicas a la venta de Bankia y a los estabilizadores automáticos tiene un efecto boomerang evidente: el gasto va a continuar creciendo, y su compensación solamente conllevará más presión en el yugo de los agentes económicos.

Lo que los agoreros del gasto público no cuentan es que en este país se ha permitido comprar una recuperación con el dinero –presente y futuro –de todos, se ha evitado la caída de piezas fundamentales en el sistema socialdemócrata, se ha legislado a favor de minorías y se ha construido un campo de minas idóneo para la destrucción de nuestro tejido empresarial. ¡Si Margaret Thatcher levantara la cabeza! Tampoco airean con tanta alegría que llevamos desde 2014 ocupando el puesto número 32 en el índice Doing Business que elabora la OCDE, que ocupamos el puesto número 69 sobre 180 en el índice de Libertad Económica que elabora la Fundación Heritage, o que solamente hemos sido capaces de incrementar productividad vía contención salarial y vientos de cola –QE y precio del petróleo.

Según un estudio de Javier Santacruz para Civismo, los tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación que pagan las empresas según su tamaño son: 41,67% pequeña empresa, 51% mediana y 61,57% las grandes. Considerar nuestras empresas cajeros automáticos al servicio de la Hacienda Pública conlleva menor capacidad de creación de empleo. Y, por tanto, más dificultad para devolver los 24.000€ que debemos cada español. De esta forma, se genera una espiral cíclica en la que “hay que subir impuestos para cuadrar las cuentas públicas”, pero sin hacer mucho daño al partido gobernante en las urnas. Y así es cómo muchas familias españolas pasan penuriaspara llegar a fin de mes mientras los impuestos a los combustibles, energías y gravámenes locales asociados a la vivienda –IBI, basuras, etc. –suben en un entorno de estancamiento salarial.

Todo ello para lograr un 38,3% de presión fiscal. Mientras, más de la mitad del hemiciclo clamando por un mayor gasto público que zombifique –aún más –la economía y agrande el listado de agentes económicamente dependientes del Estado. Y es que, al parecer, la libertad está sobrevalorada. Salvo en los miles de leyes que se emiten anualmente, donde las palabras derechos y libertades aparecen frecuentemente… aunque sólo sea para regularlos.

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