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COMUNICADO DE PRENSA
A principios de esta semana, la formación izquierdista y pancatalanista Compromís, que concurrió a los comicios electorales de 2016 coaligada con los comunistas de PODEMOS, ha exigido al Gobierno de España que dote al dialecto extremeño del estatus de «lengua oficial».
De hecho, han presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que contemple una vía de subvenciones para la entidad sin ánimo de lucro Observatorio para el Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC), a su juicio, al no haber iniciado la Junta de Extremadura ninguna acción al respecto.
Teniendo en cuenta los precedentes de comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y las Vascongadas, así como lo que se está dando ya en Asturias, tanto la delegación extremeña del act-tank liberal El Club de los Viernes como la Plataforma contra la Cooficialidad del Bable –que radica en Asturias-, observan con mucha preocupación esta medida.
Señalan que, aunque el dialecto en cuestión esté en un desuso que la lleva a la extinción, no tienen ningún inconveniente en que quien lo considere la emplee ni en que haya asociaciones independientes que quieran encargarse de intentar conservar el mismo y de poner en valor lo que se puede considerar como una faceta más de la cultura extremeña.
No obstante, no creen que se deba de obligar a todos los contribuyentes a promover un dialecto ni cualquier otro asunto cultural. De hecho, temen que esto pueda desencadenar la gestación de un movimiento nacionalista extremeño, que empiece con lo lingüístico y a posteriori artificie un concepto de nación falaz, con la plena colaboración de la extrema izquierda, ansiosa por erosionar cualquier aspecto de la Nación Española.
Las subvenciones son una herramienta clave para exigir la promoción o sumisión a unos dogmas concretos (son un antídoto contra la independencia de los ciudadanos y las empresas) mientras que el estatus de oficialidad podría dar lugar a que se impusiera el uso del extremeño en las administraciones y empresas, así como a la imposición de su uso y estudio en los centros educativos.
La cuestión lingüística, independientemente de las consideraciones dialectales, no es un producto de la planificación centralizada de los burócratas de turno, sino una evidencia del orden espontáneo en base al cual las sociedades pueden desarrollarse y evolucionar a lo largo de la historia, sin alinearse al dictamen de ninguna entidad superior.
Una vez expuesto todo esto, tanto el CdV como la Plataforma contra la Cooficialidad exigen a los grupos parlamentarios (al menos a los que se consideran constitucionalistas) y a la Junta de Extremadura que no consideren esta medida bajo ningún concepto, ya que marca el camino a un liberticidio más.
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