En España hemos normalizado una idea perversa: que el Estado debe estar presente en todo, vigilando, dirigiendo y corrigiendo la vida económica como si los ciudadanos fuéramos menores de edad. Cada nueva crisis sirve de excusa para añadir una capa más de regulación, de burocracia, de paternalismo. Y sin embargo, nadie se atreve a decir lo evidente: cuanto más interviene el Estado, menos libres somos, menos productivos y menos responsables.
El libre mercado no es una selva, sino un espacio de reglas claras donde el esfuerzo, el talento y la innovación pueden florecer sin la tutela constante de un poder político que presume de protegernos mientras nos asfixia. No hay mayor motor de progreso que la libertad económica, y no hay mayor obstáculo que la sospecha sistemática hacia quien emprende, crea empleo o prospera.
La regulación desmedida —ese enjambre de normas, licencias y permisos que invade hasta la más pequeña iniciativa— no solo frena la economía: desmoraliza a una sociedad entera. Convierte al ciudadano en súbdito, al empresario en sospechoso y al éxito en motivo de reproche. El intervencionismo, bajo el disfraz de justicia social, perpetúa la desigualdad más profunda: la que separa a quienes dependen del favor político de quienes confían en su propio mérito.
Defender el mercado libre no es un capricho neoliberal ni una consigna de laboratorio: es una exigencia democrática. Porque sin libertad económica no hay verdadera libertad política. El Estado que pretende regularlo todo acaba controlándolo todo. Y un ciudadano que espera que el gobierno le resuelva la vida acaba renunciando a su responsabilidad y a su poder como individuo.
España necesita menos reguladores y más confianza en sus ciudadanos. Menos ministerios que legislen desde la sospecha y más oportunidades para que la gente pueda prosperar sin pedir permiso. Un país fuerte no se construye a base de subsidios ni de decretos, sino de personas libres, valientes y responsables.
El progreso —el auténtico— no nace en un despacho ministerial, sino en un taller, en una pyme, en un laboratorio o en una idea que se atreve a competir. Y esa competencia no es cruel: es justa, meritocrática y profundamente moral. Porque quien compite respeta al otro; quien depende de la dádiva, lo utiliza.
Reducir la regulación no es una amenaza: es una promesa de madurez. Es confiar en la ciudadanía. Y esa confianza, hoy, es el acto más revolucionario que puede hacer un Estado liberal