El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (lo que todavía mucha gente llama la contribución) es un impuesto municipal por el cual, y conforme a los metros de nuestras viviendas o terrenos y a su valoración catastral, pagamos una cantidad anual a los ayuntamientos.
Dicho de otro modo, obligados por la ley pagamos por algo que ya es nuestro y lo llamamos impuesto como podríamos haberlo llamado atraco.
Usted mismo.
Resulta que en España hay quienes utilizan este impuesto para denunciar supuestos privilegios de la Iglesia Católica porque, según ellos, no paga el IBI.
Acuerdo entre España y el Vaticano
El acuerdo entre España y el Vaticano de 1979 dejaba fuera de la obligación de pagar este impuesto a la Iglesia Católica pero sólo era aplicable para sus templos y para los edificios destinados a la actividad parroquial, además de las residencias de religiosos y los seminarios.
Sólo esos.
El resto de propiedades deberían pagar el IBI igual que los demás.
Y así se vino haciendo desde entonces.
Los privilegios de las religiones
Habrá, llegados a este punto, algún lector al que esto pudiera parecerle el denunciado privilegio (aunque yo creo que habría que pararse a pensar si existe motivo para esta compensación) pero es que suele suceder que los que realizan esta crítica, olvidan mencionar (y no dudo que intencionadamente) que todas las confesiones religiosas con acuerdo firmado con España, gozaron de esa misma exención (iglesias cristianas evangélicas, judíos y musulmanes).
Podríamos hablar entonces con más propiedad de privilegios de las religiones, pero es que resulta que desde el año 2002 con la ley de mecenazgo todas las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, junto con las ONGs y las federaciones deportivas, además de las confesiones religiosas, reciben el mismo trato respecto al IBI.
Esto es, no pagan IBI por ninguna propiedad salvo si en ellas se llevan a cabo actividades económicas que no estén declaradas exentas.
Esto si es un privilegio
Sin duda esto sí que es un privilegio (y mejor que el de 1979), pero es un privilegio del que se benefician, además de la Iglesia Católica, otras confesiones, fundaciones (como las de los partidos políticos y sindicatos) y asociaciones (ONGs, la Cruz Roja, o la ONCE entre otras) y resulta que esto nunca se escucha en ninguno de los medios que dan voz a ese rancio anticlericalismo que olvida que nada tiene que ver la separación de la Iglesia y del Estado, mejor dicho, de la religión y del Estado, con su irracional odio hacia una religión, en concreto la católica, que además en España lleva a cabo una gran labor educativa, sanitaria y pastoral que le supone al Estado un ahorro de casi 30.000 millones de euros.
En números redondos:
En la enseñanza, la Iglesia Católica con sus más de 6.000 centros y 1.300.000 alumnos, supone un ahorro para el Estado de más de 4.200 millones de euros; en sanidad, 14.000 millones; Caritas y Manos Unidas, 270 millones (ayudando a más de 3 millones de personas en sus 4.000 centros y sin valorar el trabajo de sus voluntarios); en turismo cultural sería incalculable saber lo que realmente genera para una ciudad la celebración de la Semana Santa o las visitas a los monumentos que mantiene la Iglesia en España (un tercio de los existentes en nuestro país); y no añadimos a este breve repaso lo que supondría que el Estado asumiera un servicio equivalente a las bodas o bautizos y tuviera que dotar de recursos esa demanda social (aunque ya se vienen haciendo en España desde hace años, bautizos civiles y matrimonios en Ayuntamientos).
Sería interesante conocer los datos de todas las asociaciones que se benefician de esa ley de mecenazgo para ver lo que supone para el Estado la labor que realizan.
El Estado y la religión
La separación entre la religión y el Estado, que garantiza la autonomía de ambos para tratar sobre los asuntos de su influencia, es fundamental para el mantenimiento de un estado aconfesional.
Dicho en román paladín para que lo entienda hasta la asaltacapillas, la maleducada concejal madrileña que gritaba aquello de el Papá no nos deja comernos las almejas: la Iglesia no se mete en su vida privada.
Lamentablemente no podemos decir lo mismo del Estado.
Estado aconfesional significa exactamente eso y nada más.
Por lo que lanzar falsas denuncias (como la mencionada del IBI), en ocasiones formuladas desde partidos políticos y sindicatos, para atacar a la Iglesia Católica, demuestra que no es el IBI lo que les preocupa, cuando la supresión de este impuesto sería una magnífica noticia para todos los ciudadanos.
Pero no.
Atacar a la Iglesia
Los que utilizan el IBI para atacar a la Iglesia, prefieren posicionarse a favor de los funerales plurirreligiosos de Estado (cuando todos los fallecidos son cristianos) o promover, por ejemplo, el Islam, asignando terreno urbano para la construcción de mezquitas en España (promovidas por países en los que no se permitiría edificar una iglesia cristiana) para avanzar en ese ataque anticlerical irracional contra la Iglesia Católica, y eso, además de una fechoría, es un error político de magnitudes incalculables (no sólo económicas sino sociales) que de lograr su propósito, tendrá consecuencias nefastas para nuestra nación.
Espero no verlo nunca y que, cuando- Dios quiera que anciano- me toque partir, pueda despedirme de este mundo por el rito católico.
PABLO PORTILLA
Especialista Universitario en Dinero y Banca por la UNED y Asesor Financiero y de Productos de Inversión por la ESCA. Articulista ocasional en la prensa regional asturiana, es además Experto Universitario en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria y autor de varias biografías para el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia.
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