Hay algo que no cuadra. Que nunca ha cuadrado. El Fiscal General del Estado —el hombre al que la Constitución encarga velar por la legalidad— es condenado por el Tribunal Supremo por filtrar datos reservados para hundir a un particular. La sentencia es firme. Los hechos, probados. Borró mensajes del móvil. Tuvo acceso singular a la documentación. Lo hizo.
¿Y qué pasa? Pues que la Fiscalía —su Fiscalía, la institución que él dirigía— acude al Constitucional a pedir que se anule esa condena. Con dinero público. Con el aparato del Estado. Para salvarle el pellejo a él.
Piénsenlo un momento. Tómense el tiempo necesario para que eso aterrice.
Luego están los indultos. Nadie obligó a Sánchez. Ningún tribunal lo exigía, ninguna ley lo requería. Los hombres que quebraron la legalidad —que lo hicieron, que un tribunal lo declaró así— hoy negocian presupuestos y aprueban leyes en el Congreso. El Gobierno lo vende como “concordia”. Hay palabras que de tanto usarlas mal acaban significando exactamente lo contrario de lo que dicen.
Y el dinero. El caso Koldo. Ábalos. Los contratos que no existían hasta que existieron, las comisiones que nadie cobró hasta que alguien las cobró, los intermediarios que aparecen y desaparecen de los sumarios como en un juego de trileros. Cada semana un hilo nuevo. Cada semana la misma respuesta: atacar al juez, presionar al fiscal, usar la mayoría parlamentaria para convertir en absolución política lo que la justicia investiga como delito.
No sé si esto tiene nombre en otros países. Aquí todavía andamos buscando el eufemismo.
Porque eso es lo que estamos haciendo, en el fondo: buscar eufemismos. “Presuntos”. “Según fuentes”. “En el marco de”. Una neblina lingüística detrás de la que se esconde algo muy concreto: el uso sistemático de las instituciones del Estado para proteger al poder del Estado. No para gobernar. Para no caer.
El Estado de derecho no es retórica de manual. Es lo único que distingue una democracia de un régimen donde el que manda decide quién es culpable. Cuando el fiscal condena con filtraciones y luego es blindado por su propia institución, cuando el indultado vota las leyes del que le indultó, cuando cada investigación judicial encuentra enfrente un decreto o una mayoría comprada a precio de amnistía… eso ya no es un Estado de derecho. Es su caricatura. La maqueta.
Sánchez no ha hecho esto por convicción ideológica. Eso sería casi respetable. Lo ha hecho porque sin ello no sobrevive. El sanchismo es eso: un mecanismo para seguir. No un proyecto, no una visión, no una idea de España. Una estrategia de supervivencia que ha necesitado, para funcionar, colonizar cada institución que podía colonizar.
Los españoles lo saben. Lo ven. Y muchos, demasiados, han decidido que es normal.
Eso es lo más grave. No Sánchez. Nosotros.
El Club de los Viernes – Movimiento por la defensa de las libertades civiles, el derecho de propiedad y el Estado limitado.
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