La idea del Estado emprendedor, popularizada por Mariana Mazzucato, vuelve a aparecer cada cierto tiempo como una forma de afirmar que muchos de los grandes productos del capitalismo moderno no serían, en realidad, frutos del mercado, sino del Estado. Según esta tesis, productos como el iPhone o compañías como Tesla habrían utilizado tecnologías vinculadas a programas públicos. A partir de ahí, se da pie a afirmaciones posteriores, como que el Estado fue fundamental para el nacimiento de Tesla o que merece parte de los beneficios de la empresa. De hecho, Mazzucato ha sostenido recientemente que Tesla recibió miles de millones en préstamos públicos, créditos fiscales y subsidios, sin que el público obtuviera participación accionarial, reparto de beneficios ni garantía de acceso asequible. Es verdad que algunas tecnologías incorporadas a Tesla tuvieron relación, directa —creación estatal— o indirecta —financiación estatal—, con programas públicos. Sin embargo, casi cualquier producto complejo de una economía moderna tiene detrás una red inmensa de descubrimientos, proveedores, universidades, empresas, investigadores, errores, imitaciones y mejoras acumuladas durante décadas.
Por lo tanto, que una tecnología haya recibido fondos públicos no demuestra que sin esos fondos no hubiera aparecido jamás. La intervención estatal pudo tener una de las siguientes tres funciones: ser necesaria, ser un acelerador de ciertos procesos o ser simplemente duplicada (porque ya existían otras líneas privadas en la misma dirección). Sólo en caso de que el elemento presentado por el Estado fuese necesario, tendría sentido la teoría de Mazzucato.
En el caso de Tesla, la aportación estatal a su nacimiento y a su éxito está mucho menos cerca de la versión maximalista de lo que sugiere el relato estatista. Antes de Tesla ya existían precedentes serios de automóvil eléctrico moderno: General Motors había llevado el EV1 a clientes a finales de los noventa, Toyota comercializaba el RAV4 EV desde 1996-1997 y el prototipo tzero de AC Propulsion ya había demostrado que un deportivo eléctrico a baterías podía ser técnicamente viable. De hecho, el propio origen intelectual de Tesla pasa por ese entorno previo: el tzero fue una de las referencias que convencieron a Martin Eberhard de que un coche eléctrico deportivo podía construirse y venderse. Si Tesla no hubiera sido la empresa que terminó imponiéndose, no es nada evidente que el coche eléctrico de altas prestaciones hubiera desaparecido sin más .
Incluso el propio núcleo tecnológico que hizo posible el primer Tesla exitoso tampoco puede atribuirse limpiamente al Estado. La batería de ion-litio no nació con Tesla: Sony comercializó la primera batería recargable de ion-litio en 1991. El Roadster, además, no se basó en una tecnología estatal diseñada ex profeso para Tesla, sino en la recombinación empresarial de elementos ya existentes: celdas comerciales de ion-litio, tecnología previa de AC Propulsion, componentes procedentes de Lotus y un intenso rediseño propio de batería, electrónica, motor, software y seguridad. El propio Roadster utilizaba 6.831 celdas cilíndricas comerciales de ion-litio del formato 18650, es decir, celdas estandarizadas y ya difundidas en electrónica de consumo.
Por lo tanto, los posibles apoyos públicos que rodearon el ascenso de Tesla no cumplen una función necesaria, sino, como mucho, aceleradora o duplicada. Que el Departamento de Energía concediera un préstamo de 465 millones de dólares para financiar una fase de escalado industrial, que existieran créditos fiscales de hasta 7.500 dólares para compradores o que Nevada ofreciera un gran paquete de abatimientos fiscales para atraer una gigafactoría no demuestra que, sin todo ello, no hubiera surgido un gran fabricante de coches eléctricos. Antes del préstamo federal ocurrido en 2010, Tesla ya había levantado más de 200 millones de dólares en financiación privada: una Serie C de 40 millones de dólares en 2006, una Serie D de 45 millones en 2007, una financiación puente de 40 millones en 2008, una nueva financiación mediante deuda convertible de 40 millones entre finales de 2008 y comienzos de 2009, una inversión estratégica de Daimler de 50 millones en mayo de 2009 y una Serie F de 82,5 millones en agosto de 2009. Entre los inversores figuraban Elon Musk, VantagePoint, Technology Partners, Valor Equity Partners, Draper Fisher Jurvetson, JP Morgan Bay Area Equity Fund, Daimler y Al Wahada Capital. Por tanto, ya existían vehículos eléctricos anteriores, baterías de ion-litio comercializadas desde hacía décadas, prototipos privados que servían de prueba de concepto y capital dispuesto a financiar la empresa antes de la intervención federal.
Además, si uno aplica el método de Mazzucato a otros bienes, puede convertir casi cualquier cosa en una creación estatal. Un restaurante usa electricidad, carreteras, internet, agua canalizada y quizá una receta aprendida en una universidad pública.
¿Significa eso que el Estado ha cocinado la cena? Un fabricante de bicicletas usa aluminio, carreteras, software de diseño, normativa de seguridad y quizá baterías cuya química recibió apoyo público en algún momento. ¿Significa eso que el ministerio de industria montó la bicicleta? Tildaríamos cualquiera de estas conclusiones como absurdas, y sin embargo, ese es exactamente el procedimiento que emplea Mazzucato cuando se presenta a Tesla como una creación estatal por el mero hecho de haber usado conocimientos y ayudas que circulaban en la economía.
La innovación no consiste solo en que exista una tecnología, sino en descubrir qué uso valioso puede tener esa tecnología para seres humanos concretos. Una celda de ion-litio en un portátil, en una herramienta eléctrica, en un prototipo experimental o en un Tesla no tiene el mismo significado económico. La tecnología puede ser parecida, pero el valor no está incrustado físicamente en la química de la batería. El valor aparece cuando alguien la integra en un producto capaz de servir fines humanos mejor que las alternativas disponibles. Por eso Tesla no se aprovechó simplemente de una montaña de conocimiento público. Hizo algo mucho más difícil: convirtió conocimiento disperso, componentes estandarizados y pruebas de concepto previas en una experiencia comercialmente valiosa. Y lo hizo bajo incertidumbre, arriesgando capital, reputación y futuro empresarial.
En cualquier caso, si las piezas estaban ahí, si el Estado tenía la visión, si los laboratorios públicos habían hecho lo esencial y si la creación de Tesla era poco más que ordenar tecnologías previamente financiadas, ¿por qué no lo hizo el propio Estado? ¿Por qué no salió Tesla del Departamento de Energía, de una agencia federal de automoción o de un comité nacional de descarbonización? La respuesta es que financiar piezas no es emprender. Tesla no demuestra que el Estado sea emprendedor, demuestra más bien lo contrario. Incluso cuando el Estado aparece en algún tramo de la historia tecnológica, hace falta mercado para transformar posibilidades abstractas en bienes concretos. Hace falta función empresarial y cálculo económico: justo aquello que el Estado, por su propia naturaleza, no puede imitar. El problema del relato de Mazzucato no es solo que atribuya al Estado éxitos cuya autoría es, como mínimo, discutible. Si una tecnología financiada públicamente termina formando parte de un gran producto privado, se presenta como prueba del Estado emprendedor. Pero si el Estado financia una línea inútil, desplaza inversión privada o reparte dinero entre empresas políticamente bien situadas, aquello nunca se menciona de cara a la opinión pública.
Cada euro que el Estado dirige hacia una tecnología concreta es un euro que antes ha retirado de otros usos posibles. No solo añade investigación, también sustituye decisiones privadas, altera precios y premia al empresario que sabe moverse en los despachos mejor que al empresario que sabe servir al consumidor. Cuando se equivoca el capitalista privado, pierden quienes aceptaron asumir ese riesgo. Cuando se equivoca el Estado, paga también quien jamás quiso invertir en esa aventura.
Además, mientras el mercado obliga a las inversiones privadas fallidas a desaparecer, el sector público tiende a blindarlas con más financiación.
Por eso el verdadero debate no es si alguna vez el Estado ha financiado algo útil (en tantos años de despilfarro económico, alguna vez han dado con la tecla). La pregunta es cuántas cosas útiles han dejado de aparecer porque los recursos, el talento y la atención empresarial fueron desviados hacia el cementerio subvencionado de las grandes apuestas públicas.
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