Todos estamos de acuerdo en que el Estado debe actuar en un grupo de áreas, que podríamos llamar sus competencias “clásicas”: administración de justicia, seguridad interior, control de fronteras, defensa exterior, relaciones exteriores y planificación de obras de infraestructura. La mayoría estamos de acuerdo en que también debe garantizar el acceso a ciertos servicios de educación y salud. En la actualidad, el Estado hace muchísimo más.
El avance del sector público comienza, fundamentalmente, como respuesta a la crisis de los años ’30. Por una parte, con la intención de alcanzar el pleno empleo y moderar la amplitud de los ciclos económicos, se pusieron en marcha políticas monetarias y fiscales activas. Eso derivó en una mayor intervención estatal (nacionalizaciones, creación de empresas públicas, etc.), además de una creciente regulación de la actividad económica (fijación de precios y salarios, cuotas, permisos, cupos, etc.). Al mismo tiempo, se fue construyendo el “Estado del Bienestar”, con la creación de sistemas de previsión que aseguraran a los ciudadanos frente a distintas contingencias (jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, etc.).
Recordemos el caso español. El primer seguro social y la Ley de accidentes de trabajo datan de 1900. En 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión, en 1919 el seguro de Retiro Obrero, en 1923 el seguro de maternidad, en 1931 el de paro, en 1942 el de enfermedad y en 1947 el SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez). La Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 consolida todo lo anterior, cuyo sistema fue luego ampliado a través de varias leyes.
Pese a que ya se contaba hasta con polideportivos con precios subsidiados, los gobiernos de ZP agrandaron el Estado del Bienestar (cheque bebé, renta de emancipación, etc.) hasta un punto que la realidad mostró que era imposible de financiar. No fueron “nuevos derechos”; fue un gran engaño. Sin embargo, los socialistas de todos los partidos no solo quieren restablecer las prestaciones que la realidad obligó a suprimir, sino que proponen avanzar aún más allá, con una renta básica universal.
¿Hasta dónde puede crecer el Estado del Bienestar? ¿Cuál es su límite? La verdad es que para los socialistas de todos los partidos tal límite no existe. Solo dos ejemplos recientes. En Alemania, el Partido Verde ha propuesto la provisión de “asistencia sexual” con cargo a la Seguridad Social. En Italia, se aprobó un bono de 500 euros para todos los que cumplan 18 años para gastar en “cultura”.
Es cierto que, a medida que avanza, la sociedad descubre nuevas necesidades. El problema es pretender que sea el Estado el que deba satisfacer cada una de ellas. Mucho más porque la sociedad civil, sin subsidios ni ayuda alguna, es capaz de crear soluciones a los problemas más complejos (quien dude de eso, que visite la web www.tandemteambcn.com). En lugar de fomentar esas soluciones espontáneas, cada nuevo avance del Estado del Bienestar lo entorpece. Haciendo, en el camino, que incluso cuestiones tales como la caridad y la solidaridad pasen a ser el terreno de la decisión del burócrata de turno.
Cada nuevo avance del Estado del Bienestar implica más impuestos, más gasto público y ceder a la regulación del sector público otra área de la actividad privada. Por eso, y en esto se resume todo, cada nuevo avance del Estado del Bienestar se realiza a costa de la libertad individual.
El Estado del Bienestar no es ni puede ser un medio para evitar cualquier tipo de sufrimiento a la sociedad. Si los socialistas de todos los partidos quieren imponer esa visión, será la realidad, en forma de una nueva crisis, la que vuelva a poner de manifiesto que todo tiene un límite. El Estado del Bienestar también.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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