NEOLUDITAS

No anda muy sobrada Asturias de la necesidad de liberalizar su economía, de que su entramado burocrático y político dejen de ser un cementerio regulatorio y proteccionista que frustra cualquier posibilidad de ver crecer en nuestra región la actividad económica, sin tener que depender de la eterna subvención para que sea viable. Mientras los principales estudios de previsiones económicas vaticinan que nuestra economía regional se situará a la cola del crecimiento de España en los próximos años, quienes tienen la responsabilidad -desde el gobierno y desde la oposición- de al menos no poner trabas al desarrollo económico de Asturias, siguen sin darse por enterados, anclados de los viejos paradigmas del intervencionismo de la industria carbonera aplicados a todos los ámbitos de la economía regional como directriz política.

Un escenario donde la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y de la actividad económica, esto es, la satisfacción final de los contribuyentes-consumidores, se ha colocado muy por debajo de los mil y un intereses corporativos de los grupos profesionales encargados de proveer esos servicios, compitiendo en beneficio del ciudadano-contribuyente. Pero la competencia se ha convertido en un anatema impronunciable en una Asturias donde, los socialistas de todos los partidos, fían los avances civilizatorios del Estado del Bienestar al viejo binomio votos cautivos-paz política -tan propio de las burocracias estatales- en lugar de al coste-beneficio, enfocado desde el aspecto económico y social, e inspirado en la lógica implacable del mercado.

La última boutade perpetrada en Asturias en este errático camino es la petición de una regulación de las gasolineras low-cost. A uno no debería de sorprenderle que esta petición saliese de quienes han dado sobradas muestras de no pretender mover ni un ápice del statu quo actual, aún a costa de frustrar el progreso económico y político de la región. Pero no, la propuesta sale del mismo partido político que impulsó y aprobó la Ley de apoyo a emprendedores, de julio de 2013, ley que de facto relajó las exigencias para la instalación de gasolineras, y que permitió que comenzara a crecer el número de gasolineras sin personal.

La principal ventaja -y evidente- de las gasolineras low-cost es que venden el combustible más barato que las gasolineras convencionales, que en un escenario en el que los precios del combustible están lastrados por los innumerables impuestos que soportan no es poco. Pero al margen de esta ventaja para nuestros bolsillos, al protestar contra esta modalidad de gasolineras se cometen el fatal error de fijarse exclusivamente en los efectos visibles, dejando de lado el impacto no visible.

El argumento principal de quienes son contrarios a las gasolineras sin personal es que ponen en peligro los puestos de trabajo de las gasolineras convencionales. Es verdad. Es lo mismo que les ocurrió a los palafreneros con el advenimiento del automovil. Lo mismo que le ocurre a los comercios que sufren la competencia de Internet. ¿Será la prohibición de internet la siguiente petición?. Entre los años 1811 y 1817 los artesanos ingleses -el movimiento ludita- destruían telares y máquinas de hilar con el mismo argumento. Desde entonces, la población en Inglaterra aumentó desde los 8 hasta los 58 millones de personas; y pese a que la tecnología ha avanzado hasta niveles inimagiables, la tasa de paro es ahora allí inferior al 6%. Eso muestra que la automatización no destruye empleo.

La tecnología no es el enemigo. La explicación es sencilla: lo que ahorran los consumidores -en Internet o gasolineras sin personal- es gastado en otros sectores, donde el empleo crece. Por tanto, aunque unos empleos se ven amenazados -lo que se ve-, hay otros que se crean -lo que no se ve-, permitiendo que tecnología y empleo sean compatibles. Es lo que muestra el caso inglés, pero también el de todos los países avanzados.

También se esgrime contra las gasolineras low-cost su supuesta falta de seguridad. Pues bien, en Dinamarca, Finlandia, Suiza y Suecia, por ejemplo, la mitad de las gasolineras carece de personal, y no parece que estos países se caractericen por su inseguridad.

Lo que ofrecen las estaciones de servicio convencionales y las gasolineras sin personal es diferente. Unas tienen tienda, mayor variedad de gasolinas y otros servicios (aire, agua, etc…), de los que las otras carecen. Por lo tanto, no es previsible que las estaciones convencionales desaparezcan, ni puede hablarse de competencia desleal. ¿O acaso compiten de forma desleal con las panaderías las estaciones de servicio que venden pan?

No se trata de estar a favor o en contra de las gasolineras sin personal, y mucho menos caer en la demagogia por agradar al gremio de turno, práctica por cierto muy arraigada en nuestro parlamento regional. Lo que sí debe defenderse a ultranza es la libertad de elección del consumidor, que es la madre de la competencia. Sin competencia, las empresas tienen pocos incentivos para mejorar y los consumidores acaban pagando mayores precios por bienes de menor calidad. Prohibir las gasolineras sin personal conlleva, en la práctica, obligar a los consumidores a pagar más caro lo que podrían obtener (si así lo quieren) a un precio menor. Pero además una norma de ese tipo estaría vulnerando la Ley de Unidad de Mercado, al vetar un negocio que en otras partes de España si es posible desarrollar.

La experiencia de muchos países europeos muestra que en el mercado hay sitio para ambos tipos de gasolineras. No se entiende que algo que se ha implantado en los demás países de la UE sin mayores problemas, sufra en España las trabas de quienes esconden su neoludismo bajo el manto del bien público. Ya lo han hecho antes con el fracking y la economía colaborativa (Uber, Airbnb…). Lo siguiente quizá sea tratar de arrancarnos el teléfono móvil de las manos al grito de “exprópiese”.

Artículo publicado en La Nueva España