En unas elecciones autonómicas se deciden muchas cosas. Las autonomías tienen competencias en lo que se refiere a educación, sanidad, infraestructuras, políticas sociales, etc. Sin embargo, las próximas elecciones autonómicas en Asturias se centrarán en apenas dos asuntos: la cooficialidad del bable normalizado y el Impuesto sobre Sucesiones. Toda otra cuestión tendrá un carácter secundario. ¿Por qué? Porque de lo que se decida en esos dos asuntos dependerá en buena medida el futuro de esta región.
La cooficialidad del bable normalizado puede inocular en Asturias el virus del separatismo, que es lo que ha ocurrido en todas las autonomías con lenguas cooficiales. Una cooficialidad para la que no existe demanda social alguna (¿cuántas academias privadas para aprender bable conoce el lector?). Además, supondría un gasto adicional de unos 75 millones de euros anuales, en una autonomía con déficit fiscal crónico. La deuda pública asturiana, de unos 4.400 millones de euros y que durante la “gestión” de Javier Fernández creció a un ritmo de más de un millón por cada día laborable, se dispararía aún más. Aunque todos estuviéramos de acuerdo con la cooficialidad del bable, que no lo estamos, es algo que Asturias no se puede permitir.
La cooficialidad supondría un recorte de las libertades civiles, al imponer nuevas obligaciones, como mínimo, a alumnos, funcionarios y opositores. También amenazaría con bajar la calidad de los servicios públicos, como ya ocurre en Baleares, con la fuga de médicos por la exigencia de saber catalán. Lo que es peor: donde había paz social, ahora hay un conflicto, creado por la frivolidad con que el señor Adrián Barbón cambió la posición histórica del PSOE en este tema. Una muestra de que la “cooficialidad amable” no es más que un eslogan vacío, una frase de marketing político de la que no hay constancia en ninguna otra región.
El Impuesto sobre Sucesiones no es el único problema de Asturias. Pero es el símbolo del maltrato con que los socialistas de todos los partidos castigan a los asturianos. Lejos están de aprender de sus errores: somos la comunidad con mayor número de impuestos autonómicos, pagamos tributos que en otras regiones no se pagan y tenemos uno de los Impuestos sobre Sucesiones más caros de Europa; sin embargo, el presupuesto regional pactado por la izquierda incluye un aumento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. No dude el lector de que si esa confluencia entre el “nuevo” PSOE, Podemos (los kirchneristas españoles) e IU (los comunistas de toda la vida) conforma el próximo gobierno autonómico, serán capaces no solo de crear nuevos tributos, sino, incluso, de subir el de Sucesiones.
La reducción de la presión tributaria es la principal herramienta con que cuenta la administración regional para aumentar el atractivo de invertir en Asturias. Una región que, gracias a décadas de políticas socialistas, es la que tiene el PIB que menos crece y la que pierde más población. Facilitar las cosas a empresarios y emprendedores, bajando la carga tributaria, es la clave para que se creen nuevos empleos, para fijar población y permitir que los jóvenes que se fueron, vuelvan.
Las alternativas en el plebiscito de 2019 están claras: quienes defendemos la libertad individual y confiamos en la iniciativa privada para recuperar la economía asturiana, debemos decir no, tanto a la cooficialidad (lo que, obviamente, no significa estar contra el bable ni contra la cultura asturiana) como al Impuesto sobre Sucesiones (y a la asfixiante presión tributaria en Asturias). Quienes creemos que el socialismo en Asturias ha ido demasiado lejos, debemos votar no. Quienes pensamos que para cambiar el rumbo de Asturias hay que dar un giro de 180º a las políticas aplicadas hasta aquí, debemos votar no.
Exijamos a los partidos una meridiana claridad en cada una de estas dos cuestiones, para que nuestro voto sea interpretado de forma nítida y no pueda ser bastardeado en función de intereses políticos mezquinos. No es esta la hora de la ambigüedad, porque si Asturias coge el camino equivocado, ¿sabe el lector quién pagará las consecuencias? Adivinó: usted y yo.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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