La comisión de la reconstrucción social y económica, esa que se ha inventado la izquierda gobernante en España y a la que se han unido los socialistas de todos los partidos, avanza en sus reuniones.
No es difícil atisbar, a la vista de los que la promueven y del momento elegido que, además de ser una comisión para repartir “culpas” por la crisis derivada de la gestión de la epidemia del coronavirus, está pensada con el propósito de que se acepten los postulados de los convocantes, de los inventores de la susodicha, que no son sino “reconstruir” el país a imagen y semejanza de una izquierda que, además de gobernante, es dominante absoluta en el plano moral y tiene, por tanto, la voz cantante en las cuestiones sociales.
Así que, quien se apunte y participe en ella, acepta por anticipado los planteamientos que enmarcarán las conclusiones a las que se llegue, esos de los que no será posible salirse.
Los partidos políticos están sobradamente avisados de esa circunstancia, no pueden excusarse en el desconocimiento o en la inocencia. Si acuden a ella es porque son parte del sistema y, como tales, esperan alcanzar ciertos réditos electorales. O eso creen.
También comparece en ese foro una organización que no es un partido político. La católica Cáritas acude a dicha comisión para proponer un “paquete de medidas urgentes que sirvan para sentar las bases de un sistema que garantice los derechos de las personas más vulnerables tras el impacto del coronavirus”. El paquete en cuestión consta de seis propuestas, que, por razones de espacio, resumo aquí:
«1. Garantía de derechos: Abordar una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos…
2. Empleo de hogar y sistema de cuidados: Propiciar un cambio legislativo que garantice el reconocimiento pleno de los derechos laborales en el empleo de hogar, en especial la prestación por desempleo; y articular un sistema de cuidados universal, público y de calidad…
3. Vivienda: Urge la anunciada ley estatal de garantía de acceso a la vivienda que incluya todas las situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo; incrementar el esfuerzo realizado por la Administración pública en materia de rehabilitación…, mantener la medida extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo en vivienda habitual en alquiler…
4. Garantía de ingresos mínimos: Ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital para que no haya hogares sin ingresos ni familias por debajo del umbral de pobreza sin ningún tipo de protección…
5. Personas migrantes: Permitir el empadronamiento de personas extranjeras sin documentación en vigor…
6. Prostitución y trata: Aprobar la Ley Integral contra la Trata de seres humanos para todos los fines (explotación sexual, laboral, trabajo forzoso, matrimonios forzados, extracción de órganos, mendicidad…).»
De entrada, diré que hace tiempo que ya no me sorprende lo que leo como propuestas de esta organización. No es la primera vez, ni será la última, que tengo que releer varias veces su contenido para cerciorarme de que lo que estoy intentando comprender son las propuestas de una organización católica y no de una organización comunista de cualquier tipo.
Pero dejando a un lado las construcciones retóricas y el neolenguaje utilizado, es evidente que se aceptan los postulados de la izquierda convocante. Se acepta, se aplaude y se fomenta la construcción de un estado socialista cada vez más invasivo en la vida de los ciudadanos, cada vez mayor.
¿O acaso no es eso lo que se plantea cuando se habla de reformar la constitución para darle más peso a los “derechos económicos, sociales y culturales”? Garantizar estos derechos, que son positivos, es garantizar el saqueo a los contribuyentes, saqueo que solamente puede hacer, vía leyes eso sí, el Estado.
¿No es eso a lo que se tiende cuando se dice que hay que “articular un sistema universal, público y de calidad para los cuidados”? Articular sistemas públicos (y gratuitos, supongo), supone legitimar al Estado para ocuparse de los mayores, de los dependientes, de todos, a costa de la propiedad de los contribuyentes.
¿Y no es eso lo que se quiere cuando se habla de “la urgente ley estatal de garantía de acceso a la vivienda, o de incrementar el esfuerzo de la administración en materia de rehabilitación”? Las leyes que garantizan, que incrementan el esfuerzo de la administración, lo que hacen en la práctica es aumentar el gasto público y la dependencia de la población.
El asunto de los inmigrantes es algo más confuso, pues debilita el ordenamiento jurídico del Estado ese que tanto quieren fortalecer, salvo que lo que pretendan favorecer sea un “gobierno mundial” o un «Estado mundial». Claro que, entonces ignoro por qué no están en la “comisión de la reconstrucción mundial”. ¿O también están en esa?
Me pregunto qué ha ocurrido con los conceptos de solidaridad y caridad, de libertad y propiedad privada, cuándo los abandonaron. Y con el concepto de subsidiariedad o el de bien común.
No acierto a comprender qué papel esperan tener en el futuro, si es el Estado quien se encargue de proveer todos los servicios que esa organización presta actualmente ¿Quieren ser ellos también enteramente dependientes del Estado? Como tampoco entiendo que una organización que dice querer ayudar a los más desfavorecidos, acepte y promueva las propuestas de la ideología que más desfavorecidos ha producido y produce en el mundo.
Y también me pregunto en qué parte de los Evangelios han leído que los católicos deben someterse y entregarse completamente a un Estado que tiende cada vez más a quitar la vida, la libertad y la propiedad.
Francisco Fernández, 1969. Sevilla. Español. Autodidacta de la libertad. Caballero medieval indignado. Autor del libro «Tribulaciones en la crisis del virus», publicado en Amazon.
www.desdelatena.es
Deja una respuesta