Las por todos conocidas imágenes de colas y desabastecimiento en Venezuela, nos deberían llevar a hacernos la siguiente reflexión: Si se detecta una escasez de bienes de consumo de primera necesidad, que amenaza con convertirlos en demasiado caros para su acceso generalizado por parte de la población, especialmente para las rentas más bajas, ¿es útil implantar un control gubernamental de precios a fin de garantizar el “derecho” a dicho acceso?
Un razonamiento superficial, nos diría que dicho control garantizaría la igualdad de condiciones de acceso a dichos bienes por parte de todos los ciudadanos. Una teoría tan bonita como equivocada. Veamos:
1. La imposición forzosa de precios por debajo de los del mercado, implicará que los mercados exteriores, en los que sí operan precios libres, se vuelvan más rentables para los productores locales, lo que provocará una salida de productos locales de precio regulado hacia el exterior. El gobierno, para evitar la que la situación de escasez se agudice todavía más, pondría primero trabas a dicha exportación para finalmente acabar prohibiéndola. Así mismo, los precios regulados impedirán en la práctica la importación de bienes sujetos a regulación, ya que la obligatoriedad de vender dentro del país a precios artificialmente bajos, impedirá realizar importaciones rentables.
2. Es evidente que los productores locales de productos regulados, al obtener pocas o nulas ganancias dentro del país y tener simultáneamente prohibida su exportación, no van a tener ningún estimulo económico para incrementar su producción, cosa que harían encantados con unos precios libres al alza. Lo mismo es válido para los productores extranjeros, al haber cesado las importaciones.
3. La disminución de la producción local, por baja o nula rentabilidad en el único mercado permitido (el interior), unida a una drástica disminución de las importaciones de esos productos, agudizará la relativa escasez convirtiéndola en carestía. Los productos regulados ofertados son claramente insuficientes para su demanda, y las tiendas se vacían al poco tiempo de llegar los productos. Empiezan a aparecer las colas.
4. En ese contexto, aparecerán dos fenómenos inevitables: la acaparación y la especulación. La gente, como reacción ante la progresiva carestía y dado que debido a la regulación de precios los escasos productos presentes en el mercado no ven incrementado su precio, intentará hacerse con cuantos productos de primera necesidad puedan. Por otro lado, personas que antes del control de precios no eran consumidores de los productos regulados, empezarán a demandarlos a precio regulado para posteriormente revenderlos a precio de mercado negro. El gobierno, en un intento de evitar la acaparación, se verá abocado a la imposición de cartillas de racionamiento, donde se regulará la cantidad de producto a consumir por persona. Sin embargo, la especulación continuará.
5. Para intentar frenar el acceso legal a productos regulados por parte de personas que los solicitan con afán especulador, el gobierno empezará a discriminar que personas tienen prioridad para cada producto regulado. El estado decidirá no solo cuanto, sino a quien se le pueden vender productos regulados. Se establecen derechos personalizados de consumo… y la picaresca asociada.
6. Al ser productos de primera necesidad (alimentos, gasolina, medicinas, pañales, leches de bebes, etc…) los colectivos que realmente los necesitan se verán obligados a acudir al mercado negro, donde pagarán altísimos precios. Lo “paradójico”, es que al otro lado de la frontera hay cientos de empresarios deseosos de vender esos productos a un razonable precio de mercado. Precio al que está prohibido venderlos dentro del país.
7. El mercado negro se acabará convirtiendo en la principal vía de distribución de los productos. Productos cuyo precio se reguló con el fin de asegurar el “derecho a su acceso generalizado”. El gobierno, acorralado, echará toda la culpa de la carestía y el desabastecimiento a los acaparadores y especuladores.
8. Finalmente, y ante la tesitura de una revolución popular, llega un momento que el estado se ve en la obligación de abrir fronteras y liberalizar el mercado de precios, para permitir la entrada de productos en el país.
Resultado: El país es ahora mucho más pobre. El desastre producido por el control de precios ha influido en la totalidad de la económica y no solo en los productos regulados. El “derecho de acceso a productos básicos” que el estado intento proteger, produjo de hecho una imposibilidad de ejercer dicho “derecho”. Cuanto más necesarios e insustituibles hayan sido los productos “protegidos”, más grave habrá sido el daño causado ¿Protección social de las rentas bajas?….en realidad, conviene recordar que serán las rentas más altas las que mejor soportarán la escasez y los altos precios del mercado negro.
Así que la próxima vez que alguien les explique las bondades del control de precios y su carácter protector hacia las capas sociales con rentas más bajas, recuerden el “imaginario panorama” descrito en este artículo.
SERGIO JOSÉ MARQUÉS PRENDES (Gijón, 1972)
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León. Desarrollo de productos de producción animal para el sector privado.
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