El desarme de las Mutuas Colaboradoras

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El Partido Popular ha llevado a cabo un giro de 180 grados respecto de su posición con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Si se mostraba defensor a ultranza del carácter privado de las mismas y de la autonomía en la gestión de estas entidades mientras estuvo en la oposición, una vez llegado al Gobierno de la Nación experimentó una súbita transformación hacia una concepción estatista e interventora, siguiendo la línea trazada durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero.

El mismo Secretario de Estado de la Seguridad Social que hoy ha aprobado una de las legislaciones más restrictivas y controladoras del sector, Tomás Burgos, fue defensor en el Pacto de Toledo y antes de acceder a puestos de responsabilidad en el Gobierno, de garantizar el carácter privado y la autonomía en la gestión de las mutuas. Así se expresaba en entrevista concedida el 3 de noviembre de 2011: deben «eliminarse los elementos en exceso intervencionistas, restrictivos o de discrecional interpretación, garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones administrativas, clarificarse las competencias gestoras incorporando mayores dosis de autonomía, y se articular un mecanismo transparente de incentivos a los resultados que permitiese la competencia y primase la buena gestión».

Lejos quedaron esas promesas del Partido Popular y del hoy Secretario de Estado de la Seguridad Social, ya que las reformas adoptadas por el Gobierno han ido en la dirección contraria: integración de las mutuas en el sector público estatal, la eliminación de cualquier atisbo de competencia y la pérdida de autonomía en la gestión.

En estos cuatro años mucho ha cambiado la visión del Partido Popular sobre las mutuas: las ha estatalizado al integrarlas en el sector público, prohíbe la actividad comercial impidiendo la competencia entre las distintas entidades, ha saqueado sus reservas y reducido su capacidad de actuación en el control del absentismo, limitando sus atribuciones y subordinándola totalmente a los ineficientes Servicios Autonómicos de Salud. Así es la Ley 35/2014, por la que se modifica el régimen jurídico de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (que incluso a limitado la posibilidad de que las mutuas adelanten tratamientos a los pacientes) y las demás disposiciones de diverso rango aprobadas durante la presente legislatura.

El Gobierno, tranquilizado por el favorable comportamiento de los indicadores de absentismo, prefirió no abrir otro frente de batalla con los sindicatos y la izquierda, asumiendo sus postulados en relación con la cuestión y desaprovechando una gran ocasión para introducir las reformas que la economía española necesita para mejorar su competitividad, precisamente en un momento especialmente favorable para ello, fruto del entorno de bajo absentismo producido por la crisis económica.

En este ámbito, especialmente dañino fue el incumplimiento de la promesa de dar a las mutuas la competencia para expedir altas médicas en los procesos de contingencias comunes o la más descafeinada propuesta de otorgar efectos de silencio positivo a las propuestas de alta realizadas por los servicios médicos de las mutuas. Ninguna de estas dos iniciativas fueron finalmente incluidas en el Real Decreto 625/14.

Pero no haber hecho –una vez más- los deberes a tiempo, tiene consecuencias. El absentismo está repuntando a marchas forzadas y las mutuas se encuentran ahora desarmadas, sin herramientas para contener el uso abusivo de las bajas médicas y con las reservas bajo mínimos tras la incautación de 3.255 millones de euros realizada por la Seguridad Social este pasado mes de julio. Las cuentas de las mutuas empiezan a resentirse seriamente y, tras serles expoliadas gran parte de sus reservas, el Gobierno se ha visto en la necesidad de tomar medidas de emergencia para evitar las insolvencias en el sector.

El BOE de 25 de agosto publica la Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, establece los criterios de insuficiencia financiera que permitirán a aquellas mutuas en dificultades percibir un 10% de recursos adicionales de la Seguridad Social. Si las mutuas perciben el 0,05 de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes y el 0,03 de las de los autónomos por asumir la gestión de las bajas médicas, aquellas que se encuentren en dificultades podrán percibir –respectivamente- un 0,005 y 0,003 adicional.

Según fuentes consultadas, la previsión es que en 2015 prácticamente todas las mutuas entren en pérdidas en la gestión de las bajas médicas por contingencias comunes, por lo que el sobre coste para la Seguridad Social del desarme de las mutuas podría llegar a los 330 millones de euros anuales.

El Gobierno del Partido Popular está aun a tiempo de reaccionar, desandar el camino socializante emprendido y apostar por unas reformas atrevidas y modernas que apunten hacia la liberalización de un sector que mucho podría aportar a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, así como a la mejora de las coberturas, de la atención sanitaria y la reducción de las listas de espera de los trabajadores.

Está en su mano.

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