El pérfido neoliberalismo y la libertad educativa

(Dedicado afectuosamente a Daniel Lacalle, a quien agradezco su amabilidad y su paciencia en el debate)

Estado minimo

Juan Ramón Rallo, en su libro “Una Revolución Liberal para España”, deja claro que es imposible alcanzar el objetivo de un estado mínimo, con el consiguiente y anhelado ahorro impositivo, sin acometer la reforma de las tres grandes partidas de gasto estatal: sanidad, pensiones y educación.

Para los que creemos en el círculo virtuoso del adelgazamiento del estado, la rebaja de la presión fiscal y la devolución de gran parte de la riqueza confiscada a sus legítimos propietarios, es ineludible por lo tanto abordar estos asuntos, por muy polémicos que puedan resultar.

El neoliberalismo

La principal crítica que los colectivistas hacen al mal llamado “neoliberalismo que nos invade” va siempre en la misma línea: los liberales son un puñado de capitalistas sin escrúpulos que sólo piensan en el beneficio propio y no se preocupan por las personas.

Según su obtuso análisis, en un sistema liberal dejaríamos a todo el mundo a su suerte, sin red de seguridad alguna para quien caiga en desgracia.

Nada más lejos de la realidad.

Me gustaría comenzar aclarando que ese palabro de moda, “neoliberalismo”, está completamente vacío de contenido.

Como bien afirmó el profesor Sala i Martí, “quien tilda a otro de neoliberal se autodefine como paleo-marxista”.

Un estado mínimo

En un estado mínimo, el ahorro en el gasto debería suponer una rebaja fiscal de idéntica proporción.

Esa ingente cantidad de dinero puesta en manos privadas sería un multiplicador de riqueza.

Nótese que un efecto de atesoramiento masivo es altamente improbable y más en un sistema monetario de orden fiduciario como el nuestro.

Un sistema educativo

Un sistema educativo privado sería por lo tanto perfectamente sostenible, ya fuera pagado directamente por las familias o bien vía pólizas de seguro.

Habida cuenta de que hablamos de minarquismo, y no de llegar a la, por algunos, soñada Ancapia, existiría un fondo fiscal que permitiría al Estado pagar, por medio de un cheque escolar, la escolarización de aquellas familias que no pudieran sufragar la educación de sus hijos.

Esas aportaciones deberían ser devueltas cuando las personas asistidas vieran mejorar su situación económica.

Esto nos habilitaría para reasignar esos fondos a nuevas unidades familiares con problemas financieros.

Este método sería mucho más justo, ya que pasaríamos a subvencionar tan sólo a aquellos que realmente lo necesitan con el apoyo de todos. Un sistema fiscal de “flat tax rate” o tipo único en torno al 20% en IRPF, IS e IVA sería más que suficiente para financiar estos cheques, así como los sanitarios.

En este sentido, es excelente el trabajo de Diego Sánchez de la Cruz que puede encontrarse fácilmente en internet.

La libertad educativa

Con el procedimiento propuesto, los servicios educativos mejorarían su calidad y bajarían sus precios, por la mera presión de la competencia.

Aquí es donde discrepa Daniel Lacalle, quien afirma que no existe ningún sistema en la práctica donde sucede esto.

Según su experiencia, la competencia en el sector educativo siempre mueve los precios al alza.

De nuevo podemos acudir al citado libro de Juan Rallo para dar respuesta a este interrogante.

Según un estudio realizado por James Tooley en cuatro de los países más pobres del planeta, entre el 60 y el 70 % de los alumnos estaban escolarizados en instituciones privadas financiadas por los padres.

El coste mensual medio era de unos 5 $ y las infraestructuras de la que disponían era muy superior a las de la escuela pública.

Los alumnos de colegios privados conseguían, además, mejores resultados académicos.

Del estudio de Tooley también se desprende que los profesores de los colegios públicos, pese a ofrecer inferiores resultados y tener una menor demanda, estaban mejor remunerados.

Aquí puede verse claramente como la intervención estatal distorsiona los mercados y mina la competencia con el dinero de todos.

Estructura de costes del sistema educativo público

Algo similar podemos encontrar analizando la estructura de costes del sector educativo público español: el 70 % del total corresponde a salarios de profesores.

Parece claro que en un entorno privado, estos costes darían lugar a matrículas de precio inasumible por los consumidores.

Por lo tanto, las empresas privadas no tendrían más remedio que ajustar los salarios de los profesores a la realidad del mercado para poder ofrecer tarifas más competitivas.

Así pues, en un mercado educativo libre los costes serían sustancialmente menores.

Además, a buen seguro surgirían diversas opciones educativas en función del perfil y el poder adquisitivo de los consumidores.

El mercado se segmentaría de forma natural.

Libertad educativa para elegir centro

En definitiva, todos los alumnos elegirían a qué centro educativo privado acudir, pagando con dinero quienes puedan y costeándolo con cheque los que no alcancen. Desmontado pues, en primera instancia, el mito de la insolidaridad que amablemente nos cuelga la izquierda, cabe añadir que en un estado mínimo como el que proponemos, a medio plazo serían muy pocos los que no llegarían.

Y del párrafo anterior surge la segunda idea que no quería dejar de mencionar: la libertad de elección, hoy inexistente.

Exceptuando una minoría que se lo puede permitir, al resto le toca conformarse, con mayor o menor satisfacción, con los colegios públicos y concertados cercanos a su domicilio.

Es por lo tanto el Estado y no nosotros, quien decide dónde se educan nuestros hijos, sin libertad educativa.

Una sociedad libre

¿Puede una sociedad que quiere ser libre consentir esto?

¿Sabe el político de turno, mejor que nosotros mismos, lo que les conviene a nuestra descendencia?

Me decepcionaría profundamente encontrarme con una respuesta afirmativa a esta pregunta por parte de la mayoría de la población.

Creo más bien que se dejan llevar por la inercia, con el convencimiento de que las cosas son así y no se pueden cambiar.

Y que una gran parte coincidiría en que los padres deberían poder optar libremente por el tipo de escolarización que desean para sus hijos, una libertad educativa, incluyendo la posibilidad del “homeschooling”, potencialidad que tampoco es del agrado del bueno de Daniel Lacalle.

El currículo escolar

El tercer pilar de este artículo es el adoctrinamiento.

El currículo escolar está inevitablemente politizado por los gobernantes de turno.

Con el agravante de que cada cambio de gobierno, costumbre muy sana desde el punto de vista democrático, supone una transformación del modelo educativo, para adaptarlo a la ideología del nuevo partido dominante.

Esta situación no parece razonable y no se daría si la educación fuera enteramente privada.

Pero a ningún partido político le interesa cambiarla, ya que de este modo se aseguran la obediencia implícita de quien ha sido adoctrinado y desprovisto del menor espíritu crítico.

Los profesores públicos

La situación es aún peor ya que muchos profesores públicos están enormemente politizados, la mayoría hacia posiciones de izquierda, como hemos podido comprobar con la pléyade de comunistas que tutelaba la Universidad Complutense de Madrid y desgraciadamente amenaza ahora con hacer lo propio con el gobierno de la nación. Y los docentes que difieren de la línea oficial, se callan por miedo a no salir en la foto.

Y aún hay más.

La intervención estatal impide customizar la educación individualmente para cada alumno.

Así, al más brillante no se le permite desarrollar todo su potencial; las necesidades especiales de los más rezagados no son atendidas correctamente;  y el estudiante medio se convierte en un mero eslabón más de la cadena.

La consecuencia es una población con crecientes carencias educativas, hecho paradójico en la era de la información, cuando todo el conocimiento del mundo está a golpe de clic.

Pero estamos educando a las nuevas generaciones en la cultura del mínimo esfuerzo, del paternalismo estatal y del desinterés por el conocimiento.

Es excusable no haber recibido la educación adecuada, pero no lo es carecer de curiosidad por paliar esa carencia.

Una reforma liberal

En resumen, el sistema educativo, cuyo fracaso es evidente dada la incultura avanzada y generalizada que se aprecia en nuestra sociedad, peca de obligatoriedad y ausencia de libertad educativa.

Y la solución pasa por una reforma liberal educativa, en favor de la libertad educativa, firmemente cimentada en la libertad individual y los contratos voluntarios entre las partes.