El problema no es el acero chino, el problema es nuestra regulación
Artículo Publicado en Asturias24.es
“Cada regulación es una restricción de la libertad; cada regulación tiene un costo”.
Margaret Thatcher
Como ya he escrito en otras ocasiones, la competencia se ha convertido en un anatema impronunciable en una Asturias donde, los socialistas de todos los partidos, fían los avances civilizatorios del Estado del bienestar al viejo binomiovotos cautivos/paz política –tan propio de las burocracias estatales– en lugar de al coste/beneficio enfocado desde el aspecto económico y social e inspirado en la lógica implacable del mercado. Cada vez que en nuestra región se produce algún atisbo de que esa lógica implacable del mercado cumple su función depurativa sobre las ineficiencias del funcionamiento del tejido productivo que debe sostener nuestra economía regional, queda claramente a la vista la orfandad en la que se encuentran los principios de menos Estado, más mercado, menos gasto y menos impuestos. En definitiva, queda en evidencia que el contenido de nuestros bolsillo, fruto de nuestro ahorro y nuestro trabajo, carece de defensa y se supedita a una falsa defensa del interés general.
Los socialistas de todos los partidos no conciben un mercado libre con precios realmente libres, porque consideran que los precios debe ser siempre una libertad condicionada. Pero en esto, como en tantas otras cosas, aplican la ley del embudo. Porque mientras critican y tratan de hacer un frente a los países y economías que subvencionan la producción y exportación de un determinado bien –con el fin de mantener o potenciar ese sector de su economía–, haciendo llamamientos a Bruselas para que tome medidas arancelarias contra en acero chino, para proteger la producción de Arcelor-Mittal impulsando un proceso antidumping; al mismo tiempo, reclaman y realizan transferencias de rentas desde el conjunto del sistema económico hacia determinados sectores de producción nacional (la energía, el automóvil, la agricultura…) subvención mediante. Es decir, proponen y practican el mismo tipo de dumping del que reclaman debemos ser protegidos, en una flagrante colusión entre intereses políticos y grupos de interés sindicales y empresariales, cuyo resultados son unos impuestos y unos precios más altos que deben sufragar los bolsillos del contribuyente.
En La riqueza de las naciones, Adam Smith ya nos advertía que “la ampliación del mercado suele coincidir, por regla general, con el interés público; pero la limitación de la competencia siempre redunda en su perjuicio, y sólo sirve para que los comerciantes, al elevar los beneficios por encima del nivel natural, impongan, en beneficio propio, una contribución absurda por parte del resto de ciudadanos”. Y añadía: “ese orden de proposiciones proviene de una clase de gente cuyos intereses no suelen coincidir exactamente con los de la comunidad, y más bien tienden a deslumbrarla y oprimirla, como la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones”.
Los seres humanos actuamos, en buena medida, motivados por nuestro propio interés, no sólo en el mercado, sino también en el ámbito de lo público y lo político. La colusión entre políticos y grupos de intereses sindicales, empresariales o de otro tipo para derogar las reglas de la competencia son fruto de ese impulso, como lo es la captura del Estado por parte de quienes ocupan sus órganos de gestión y poder. Por ello, la mejor forma de canalizar esa tendencia natural a actuar motivados por el propio interés es desconcentrando y limitando el poder económico y político.
El problema no es la demonizada competencia favorecida por el libre mercado, el problema empieza cuando las empresas son subsidiadas y favorecidas desde el Estado, siendo cada vez más los grupos de interés que buscan su protección, haciendo lobby para obtener parte de los cuantiosos recursos que este distribuye a cuenta de nuestros impuestos. El problema es el mismo Estado, que mediante sus innumerables y complejas regulaciones y los elevados impuestos, impide competir a las empresas y fuerza a que los consumidores terminemos pagando más por los productos, pretendiendo combatir el dumping chino con dumping europeo, mientras esclavizan aún más a nuestra economía regional bajo el yugo del proteccionismo que frustra cualquier posibilidad de progreso.
No olvidemos que la estrategia del dumping tiene como objetivo reventar mercados con bajos precios –en busca de una posición dominante–, para posteriormente imponer unos altísimos precios con los que enjugar las pérdidas en las que se han incurrido al realizar esta práctica. Por ello, en su primera fase, el dumping es una oportunidad para promover los cambios necesarios para mejorar los sistemas productivos y diversificar los procesos de fabricación –financiado todo ello con cargo al ahorro derivado de sufrirlo– que permitan afrontar la segunda fase en mejores condiciones de competitividad y precios frente a quien ha practicado el dumping y pretende ahora resarcir sus pérdidas.
En Asturias tenemos en el carbón un ejemplo palmario de cuales son los resultados del proteccionismo –dilapidando cientos de millones de euros en tratar de blindar la industria minera– y de no utilizar las oportunidades de la competencia para reinventar nuestra industria, poniéndola en disposición de dar la batalla en el mercado. No cometamos el mismo error con el acero y empecemos, de una vez por todas, a defender principios y no intereses.
ALEJANDRO ARIAS TORRES
Consultor laboral.
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