Mientras el Presidente preparaba su alocución para instalar las sesiones del Congreso, 8 colombianos, entre soldados y campesinos, fueron asesinados por los grupos narco-terroristas en Catatumbo, 150 fueron desplazados de sus hogares y otros 2 soldados murieron a causa de una bomba en el Cauca.
Es natural que le diera prioridad en su discurso al manejo de la crisis sanitaria ocasionada por el virus que nos exportaron desde China y a las soluciones que demanda la espantosa crisis económica y social derivada de la parálisis de la economía.
Pero las vidas de esos humildes compatriotas merecían, por lo menos, una modesta mención. Son, además, el reflejo de los principales problemas estructurales del país, los cuales no pueden ser ignorados en una ceremonia donde se plantea el camino a seguir en el inmediato futuro.
Evidencian el hecho incontrastable de que la paz de Santos fue un infundio; que el Acuerdo FARC-Santos no ha permitido ni pacificar al país ni detener el imperio de la droga; y, que seguimos en poder de la guerrilla (ahora con una Vicepresidenta en el Senado) y del narcotráfico. ¿Son de poca monta tales problemas?
Afirma el Jefe del Estado que “es esencial la tarea de la fuerza pública para garantizar la seguridad”, olvidando el desamparo en que el Gobierno ha dejado a los militares cuando son calumniados por la prensa de izquierda, o agredidos por vándalos en las calles o por indígenas en las zonas rurales, o asesinados cuando cumplen la penosa misión de erradicar manualmente las matas de coca. Obras son amores y no buenas razones.
Nos informa como un sonado éxito que “logramos que los cultivos ilícitos continúen disminuyendo, alcanzando la mayor reducción en casi 7 años”, haciendo caso omiso de que la producción de cocaína el año pasado alcanzó la cifra de 1.137 toneladas, la más alta en los últimos 14 años. Sabemos que no habrá una reducción drástica en el negocio de la droga mientras no se acometa un plan integral que incluya la aspersión aérea, la extradición de los capos, el bombardeo de los campamentos y la extradición de los bienes ilícitos por vía rápida. No olvidemos, por favor, la atención de este problema crucial para el país.
De la mano de la coca va el terrorismo. “Hemos desarticulado organizaciones ilegales que sembraban el odio y la destrucción en los campos colombianos.” Ese es el parte de victoria que nos entrega el Presidente, olvidando que el aumento del brazo armado de las FARC pasó de 2.300 a 4.600 en sólo 12 meses.
Como patriotas nos asalta el temor de que en la cabeza del Ejecutivo no exista conciencia sobre el inminente peligro que amenaza el país por obra del maquiavélico plan de la extrema izquierda para la toma del poder. Desde su posesión se han tomado las calles conculcando los derechos de los ciudadanos y destrozando la infraestructura pública y privada; mientras los cabecillas de FARC gozan de la impunidad, las curules y los múltiples privilegios que les concedió Juanpa, sus secuaces aterrorizan a los campesinos, siembran más coca y extorsionan a los finqueros; los indígenas explotan la coca a sus anchas en sus territorios y, no conformes con ello, ahora se dedican a invadir propiedades privadas ante la indiferencia de las autoridades; los medios y los tribunales, controlados por la mermelada que les entregó Santos, completan el marco de la conspiración.
Sinceramente, esperábamos, que al arribar al ecuador de su gestión, cambiase el rumbo del país con una estrategia que nos permitiera abrigar alguna esperanza frente a nuestro azaroso porvenir.
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.
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