Última manipulación de los premios Goya

Los premios Goya

La última (burda) manipulación de los premios Goya pretende sencillamente servir de autojustificación para seguir viviendo a cargo del trabajo de terceros, mintiendo precisamente a quienes soportan la carga.

En el último certamen, con la intención de convencer al público que el cine español no vive del contribuyente y aporta recursos netos al Estado, el vicepresidente de la Academia, Mariano Barroso, afirmaba:

“Nuestras salas recaudaron en 2016 más de 605 millones de euros, lo que le ha hecho recaudar por IVA al Estado 105 millones de euros. El presupuesto del Estado para cine ha sido de 77 millones de euros. Es decir que el Estado ha recaudado en concepto de IVA de entradas al cine 28 millones de euros más de lo que va a gastar en él. No somos un sector que vive del Estado. Somos un sector que genera riqueza para el Estado.”

La realidad es bien distinta.

Las cifras de Barroso

Como denuncia Ángel Martinez, las cifras que dio Barroso se refieren a la recaudación total en salas de toda España por todo tipo de películas, tanto extranjeras como españolas (por no añadir que los citados 605 millones ingresados por las salas de cine ya incluyen el IVA, de modo que su facturación neta, excluyendo ese impuesto, asciende a un total de 500 millones -pues 105 millones son IVA-).

“Es decir, el cine español no facturó 500 millones de euros en 2016 (más el IVA del 21%), sino 109 millones, según los datos oficiales de la industria, apenas el 20% del total.

Además, de esta cuantía, casi el 40% de la recaudación se concentra exclusivamente en las dos películas españolas más taquilleras del año: Un monstruo viene a verme (26,5 millones) y Palmeras en la Nieve (12,2 millones).

De este modo, el cine español no aportó en concepto de IVA 105 millones, como dijo Barroso, sino 23 millones de euros (…) La realidad, por tanto, es muy distinta: el importe de las subvenciones recibidas por el cine (77 millones) casi triplica la recaudación del IVA del cine español en 2016 (23 millones).”

Yendo más allá de la mera mentira para justificar el robo al resto de ciudadanos, cabe desmontar con contundencia las consecuencias que implica dicho robo institucional.

La justificación de vivir a costa del trabajo de terceros

Y es que vivir a costa del trabajo de terceros no es justificable, pues es pretender justificar la esclavitud.

Y todo esto genera incentivos perversos en una sociedad, lastrando su prosperidad y la generación de riqueza de la misma.

• Crea clientelismo político.
• Crea injusticia, creando ciudadanos privilegiados (los receptores de la subvención) y de segunda (el resto de ciudadanos que no reciben el dinero y a los que se les quita.
• Confronta a la sociedad, crea bajeza moral y destruye los valores de convivencia cívica, pues crea luchas intestinas de grupos de presión e interés por apropiarse de los recursos de terceros mediante el uso de la fuerza a través de la vía política.

Se premia así la violencia (quitar a la fuerza el dinero propio de otro aprovechándose del trabajo ajeno) en lugar de la convivencia pacífica y la libre voluntad entre partes.

Fomento de la envidia y odio entre los ciudadanos

A su vez, se fomenta la envidia, el recelo, el revanchismo y el odio entre los ciudadanos.

• Conlleva robo institucionalizado por el que se roba el dinero ganado honestamente a la gente para dárselo arbitrariamente a quién no lo produce.
• Genera corrupción y prebendas con políticos influenciables para vender su voto a grupos de interés (a costa del resto de trabajadores).
• Provoca mala asignación de recursos, desviando recursos de donde es rentable (y por tanto satisface necesidades humanas y genera riqueza hacia donde no lo es, empobreciendo al conjunto de la sociedad.
• Se dilapidan en consecuencia recursos, que son por definición escasos, no yendo hacia donde más necesidades hay (sanidad, energía…).
• Supone en consecuencia un elevado coste de oportunidad (el coste de no dedicar dichos recursos a otros fines).
• Destruye empleo en otros sectores en mayor medida de los que pretende crear (impuestos pagados no dedicados a otros sectores que salen perjudicados o trabajos que no son rentables por dicha carga impositiva…, siendo además mucho más graves puesto que no se satisfacen las necesidades verdaderas de la gente, que provienen de las elecciones e intercambios voluntarios, impidiéndose para coger esos recursos a la fuerza y entregárselos a terceros privilegiados.
• Desincentiva el trabajo productivo, y al extraerle recursos dilapidándolos en sectores no productivos, se reduce la inversión productiva, el ahorro, la capitalización, el crecimiento de sectores productivos…conllevando menor trabajo, menores salarios, menores innovaciones, menor desarrollo de productos (más caros y menos prestaciones de las que tendrían si no ocurriera).
• …

Robo institucionalizado

En definitiva, perpetuar el robo institucionalizado es castigar al conjunto de ciudadanos con menor prosperidad en todos los ámbitos, tanto a nivel social, como moral, como económico.

Y hemos de ser bien conscientes de ello.

José María García Giner

Economista licenciado en Administración y Dirección de empresas. Master en Bolsa y Finanzas. Analista de inversiones y mercados financieros.