Los recientes acontecimientos han sacudido a los colombianos, con indignación y sensación de impotencia, frente a las infamias de la dictadura judicial, que ya no se para en pelillos para inventarse una innecesaria detención preventiva en contra de un colombiano tan respetable como Álvaro Uribe.
Surgen de nuevo, como en tantas otras ocasiones, voces que reclaman la necesidad de una reforma a fondo de nuestro desprestigiado aparato judicial.
Algunos, sin medir ni las posibilidades reales ni el inmenso peligro que ello entraña, hasta se atreven a proponer la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Seamos claros: Una verdadera reforma no pasará con un gobierno pacato, acobardado ante el poder de la dictadura judicial, con un Congreso dominado por el contubernio de las izquierdas y el santismo y una omnímoda Corte Constitucional , que ha rebasado los límites constitucionales y se opondrá a todo proyecto que pretenda meterla en cintura.
Una auténtica a la Justicia pasa, a nuestro modo de ver, por:
a) Desmontar el origen político de los magistrados y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura;
b) Establecer el concurso de méritos para acceder a todos los cargos en la Rama Judicial y la carrera administrativa para ascender a los más elevados cargos;
c) Despojar al Congreso de sus funciones judiciales e implementar la investigación y el juzgamiento de los magistrados por un organismo independiente y no politizado;
d) Aclarar el mandato constitucional prohibiendo tajantemente a la Corte Constitucional intervenir en las funciones legislativas y ejecutivas, limitándola a que ejerza el control constitucional sobre las normas que lleguen a su consideración;
e) Circunscribir el alcance de las tutelas a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, siempre y cuando no exista otra vía judicial para hacerlos valer;
f) Eliminar la Justicia Especial de Paz, organismo sesgado desde su creación, generador de toda clase de escándalos, de impunidad para los mayores criminales y de perturbación en nuestro orden institucional, para lo cual habrá que abolir el acuerdo Santos-Timochenko y las normas que lo implementan;
g) Implantar un efectivo e independiente sistema de Vigilancia Judicial que supervise la calidad y el trabajo de los operadores judiciales, evite el incumplimiento de los términos procesales, aplique sanciones disciplinarias, y denuncie penalmente la comisión de algún delito imputable a los funcionarios judiciales;
h) Suprimir la proliferación de Cortes, fusionándolas en un solo Tribunal Supremo, con salas especializadas, para lo constitucional, civil, penal, laboral, contencioso-administrativo y el juzgamiento de los militares. El Consejo de Estado se convertirá en un despacho asesor y consultivo del Ejecutivo. Se fusionarán la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo;
i) Reformar las normas penales con una política que combata eficazmente el delito y castigue con cadena perpetua los delitos de homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro, violación de menores y corrupción.
j) Adecuar el sistema carcelario para que permita la rehabilitación de los reclusos, evite su participación en actividades criminales desde la cárcel, erradique la corrupción y establezca severos controles a los visitantes.
Pensar que ello se logrará en el actual gobierno no deja de ser una utopía. ALIANZA RECONSTRUCCION COLOMBIA propone a los colombianos la única salida posible: Unámonos desde ahora para sacar adelante estas banderas de reconstrucción del país y de erradicación de todos los males que nos agobian: la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, la destrucción de la familia. Convirtamos las próximas elecciones parlamentarias en un verdadero plebiscito para ganarle la batalla a quienes nos quieren conducir al socialismo. Elijamos para el Congreso y la Presidencia a quienes estén de verdad comprometidos en la reconstrucción del país, partiendo del rechazo popular al Acuerdo de La Habana en el plebiscito de 2016, cuyo resultado fue desconocido por quienes ahora persiguen inocentes con la complicidad de una justicia prevaricadora.
¡RECONSTRUCCIÓN O CATÁSTROFE
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.
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