La manifestación de la vergüenza
A pocos días de la celebración de la Diada, prevista para el 11 de septiembre, me viene a la memoria la manifestación del pasado 26 de agosto celebrada en el Paseo de Gracia de Barcelona, y sólo encuentro un concepto ligado a ella: vergüenza.
El acto pretendía ser un recuerdo a las víctimas de los atentados yihadistas, y el homenaje simbólico de una sociedad unida frente al terrorismo, sin fisuras y dejando a un lado las diferencias políticas.
Sin embargo, el independentismo catalán, liderado en la actualidad por corrientes de extrema izquierda, no dudó en sacar rédito político del encuentro intentando adueñarse sin escrúpulos, como acostumbra, del imaginario colectivo, en un forzado empujón definitivo a su causa, a pocas semanas del referéndum ilegal anunciado por Carles Puigdemont para el 1 de octubre.
El burdo montaje
El burdo montaje, que pasó desapercibido para cualquier fotografía que no fuera aérea, consistió en situar de manera estratégica, detrás del Rey y la comitiva de autoridades, esteladas y diversos carteles con soflamas en contra de la monarquía.
El objetivo era claro: hacer ver al mundo entero una manifestación independentista, en la cuál se abucheaba al Jefe del Estado, y todo ello con la connivencia de TV3, una televisión pública convertida en instrumento de propaganda al servicio del secesionismo a tiempo completo y encargada ese día de la retransmisión oficial.
Es decir, de la señal que se ofrecía al resto de cadenas.
Pero se olvidaron de los gritos de condena a los terroristas y la solidaridad con las víctimas.
El talante manipulador
De lo que no hay duda es que con este acto ha quedado retratado en su plenitud el talante manipulador y autoritario del desafío secesionista, que sólo anhela imponer a la mayoría de los habitantes de una comunidad autónoma un régimen estatal basado en simples intereses políticos, atentando así contra sus libertades civiles.
Sin embargo, el movimiento independentista se olvida un detalle.
De acuerdo con la Constitución de 1978, aprobada por la gran mayoría de los españoles, incluido un 90% de los catalanes, la soberanía no reside en una región, sino en los 47 millones de ciudadanos españoles que habitan el conjunto del territorio nacional, y a quienes no se les puede hurtar, por tanto, de su derecho a decidir sobre cuestiones tan relevantes que afectan al conjunto de la nación como: el territorio, la reconfiguración de las fronteras, un cambio de modelo de Estado, entre otros asuntos.
Abandonar la legalidad
Además, conviene recordar, que abandonar la senda de la legalidad no es la mejor opción, ya que supone iniciar los primeros pasos hacia un camino de difícil retorno, rompiendo así las pocas ataduras que impiden la deriva hacia el totalitarismo.
Aunque, en este sentido, ya se han dado pequeños pasos, como refleja el ambiente de opresión generado hacia cualquier razonamiento disidente con el mensaje oficial de la cosmovisión del nacionalismo catalán; o la intromisión del gobierno en la vida de los ciudadanos con el objetivo de lograr una transformación ideológica de la población que satisfaga sus intereses políticos.
Su máximo exponente lo encontramos en los medios de comunicación subvencionados y en la educación adulterada, en la cuál se criminaliza a España y el uso de la lengua española.
Una duda inquietante
Pero llegados a este punto me surge una duda inquietante.
Si todo esto ocurre siendo una comunidad autónoma ¿qué sucedería si el próximo 1 de octubre realmente se materializa la desconexión territorial de España, dando paso a un estado autoritario, fuera de la Unión Europea y en el contexto de un mundo globalizado como el actual?
Licenciado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Protocolo.
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