Artículo publicado originalmente en la Nueva España el 21 de junio de 2019
“Lo que es prudencia en la gestión de cualquier economía familiar, difícilmente puede ser locura en la dirección de un gran reino.” Adam Smith.
En principio, cualquier persona sensata debería coincidir con este planteamiento. Conviene siempre ser prudente en el dispendio, no gastando más de lo que se ingresa. Y evitar todo egreso que no sea estrictamente necesario. Esta es la base del ahorro y la inversión que son los cimientos de cualquier economía saneada. Es la táctica de la hormiga, que trabajaba en verano para que el invierno no le pillase por sorpresa.
Por desgracia, parece que no estamos gobernados por hormigas, sino por cigarras. Al menos así se desprende del último estudio de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), cuyo objeto es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo. Este organismo denuncia el descontrol y la opacidad en el uso de 14.000 millones de euros entregados en subvenciones por las diferentes administraciones públicas. En realidad, creen que pueden ser hasta 30.000 millones. Pero ante la imposibilidad de determinar el volumen total de gasto (sic), se han centrado en lo más evidente.
Denuncian que en el espíritu de nuestros burócratas tan sólo está gastar todo el dinero presupuestado, incurriendo en una gran falta de transparencia. No hay trazabilidad alguna sobre la cantidad total de dinero abonado, no se puede rastrear. Y advierten de graves deficiencias en los procedimientos de control y reintegro, así como en el régimen sancionador.
En primer lugar, sorprende que esta noticia no haya supuesto un gran revuelo en nuestra anestesiada sociedad. Influenciados por determinados medios de comunicación, incendiamos las redes sociales por temas menores, o salimos a la calle si desciende nuestro equipo de fútbol. Pero no reaccionamos debidamente ante asuntos tan graves, cuando la opinión pública debería ser hoy un clamor, exigiendo cuentas a los políticos sobre el destino del dinero que tanto les cuesta ganar. Porque como bien dijo Margaret Thatcher, el dinero público no existe, existe el dinero del contribuyente.
Cualquiera que conozca el sector privado, es consciente del esfuerzo que supone producir lo suficiente para que el sector público pueda recaudar 14.000 millones en impuestos. Obviando deducciones, una empresa que paga 14.000 millones de impuesto de sociedades ha generado un resultado antes de impuestos de 56.000 millones. Por ejemplo, el resultado antes de impuestos de Inditex en 2018 fue de 4.428 millones de euros, abonando 980 millones en impuestos (22,1%).
Creo que ya nos hacemos una idea del nivel de derroche al que nos someten nuestros políticos y de la necesidad de reducir y controlar el gasto público.
Pero aún hay más. Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ascendieron a 472.663 millones. Por lo tanto, nuestro “pequeño” desfase en subvenciones supone un 3 % del total. De esos presupuestos, el Estado dedicará 91.976 millones a la amortización de deuda por vencimiento, dato aterrador por cierto. Pues bien, con el dinero que tiramos en subvenciones sin justificar se cubriría el 15 %.
Nos sobraría dinero para cubrir las pensiones por incapacidad permanente (13.187 millones) si lo dedicáramos a tal fin. O podríamos pagar durante un año la suma de pensiones no contributivas, bajas de maternidad/paternidad, prestaciones familiares, dependencia y otros que asciende a 10.740 millones.
También podríamos optar por satisfacer los gastos anuales de todas las agencias estatales: CNMC, AEAT, ADIF, CDTI, etc. Incluidos iconos como el Museo del Prado cuyo mantenimiento es irrisorio en comparación con este despilfarro.
El presupuesto de la Casa Real, siempre utilizado negativamente por los demagogos, supone 8 millones anuales. Cubriríamos el 34% de la polémica financiación territorial (41.403 millones) o un 24% de todo el gasto que suponen los ministerios (59.300 €).
En resumen, es inmoral esquilmar al sector privado con una voraz e inusitada presión fiscal. Pero es peor aún que ese dinero sea dilapidado impunemente por los burócratas y políticos de turno, de todo pelaje y condición.
Este desequilibrio, que nos hace entrar en una espiral sin fin de déficit y deuda, puede y debe ser detenido. El presupuesto público ha de ser administrado con juicio y mesura, como lo haría cualquier empresario que vela por la sostenibilidad de su negocio a largo plazo.
La excusa de que no se pueden bajar impuestos es, por tanto, insostenible. La próxima vez que los representantes públicos les vengan con esta cantinela, ustedes podrán armarse de 14.000 millones de razones para rebatirles.
FERNANDO SICILIA FELECHOSA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo en 1995. Diploma in Business Studies por la University of Bradford (Reino Unido) en 1994. Máster en Análisis Financiero por la Universidad Carlos III de Madrid en 1998. Diploma in Options, Futures & Other Financial Derivatives por la London School of Economics & Political Science en 1998. Senior Auditor Credit & Operational Risk en Banco Santander, División de Auditoría Interna (1999-2005). Desde abril 2005, Director Gerente de Clínica Sicilia. Máster en Dirección Económico – Financiera por CEF – UDIMA.
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