Un PGOU es uno de los mayores atropellos al derecho de propiedad privada que tienen a su alcance nuestros políticos, porque el diseño de ciudad se hace a su costa, querido lector, toda vez que se sostiene sobre un extraordinario poder para limitar el libre uso de la propiedad que tanto le costó adquirir.
Considerando el poco tiempo que llevamos expuestos a legislación en materia urbanística, que tiene su origen en el Falangista Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1946, primera vez en que se reguló el uso del suelo por zonas o cuando la primera Ley del Suelo data de 1956, sorprende lo fácil que los ciudadanos asumimos las imposiciones en esta y otras materias. Pero es que además, dígame usted ¿Qué parte de la ciudad de Madrid visita? ¿La anterior a la Ley del Suelo o la Posterior? ¿Qué parte disfruta más de las ciudades? ¿Aquellas partes que se desarrollaron durante miles de años por la voluntad de los ciudadanos o aquéllas cuyo desarrollo ha sido diseñado por burócratas en los últimos 60 años?
Comenta alguno de mis compañeros de La Lupa, en Canal 10TV, que la Alcaldesa tiene grandes dotes de negociación y de ahí la aprobación del PGOU, pero tengo que discrepar, pues la virtud de aceptar cualquier planteamiento de la oposición más intervencionista no requiere de una especial capacidad, ni grandes dotes para la negociación. En todo caso, nuestra Alcaldesa ejerce con fruición este dudoso talento, como hemos visto con la aprobación de los presupuestos municipales, los nombres de calles, la sectaria declaración de Gijón ciudad libre de apartheid Israelí, la no imputación de los costes de limpieza de carteles electorales a los partidos o la reciente aprobación del PGOU.
En el caso del PGOU de Gijón, la arbitrariedad en su aprobación o sus perjuicios económicos son palmarios y si bien se necesitaba con urgencia un instrumento que legalizara la situación actual de la ciudad, lo aprobado es muy mejorable.
En materia económica, sólo la reducción de la edificabilidad en el rural con más de 8.000 viviendas que no se harán, a un coste medio de 120.000€ estimado por unidad, suponen 960.000.000€ de inversión que ya no se realizarán, 5 veces el presupuesto anual del Ayuntamiento, pero lo peor es que muchas personas, que disfrutarían viviendo en las zonas en las que ya no podrán hacerlo, ven limitadas sus posibilidades habitacionales; los propietarios del suelo, si tienen suerte, tendrán un bonito prado en el que pastarán las vacas, que tanto gustan a los redactores del “preservacionista” PGOU, porque los habrá que ni vacas podrán tener en sus prados de la Playa Verde del Rinconín, que ya puestos, para estar a la altura del progresismo de sus impulsores, podrían haberla calificado de naturista, y así poder vagar ligeros de ropa en los cálidos meses veraniegos entre canes defecando.
En arbitrariedad política, la rectificación, en el último momento, de las condiciones de edificabilidad, de una pequeña parte de la finca Bauer, propiedad de la familia Rato, por el único hecho de la persona de su propietario y no porque beneficie más o menos a la ciudad, roza lo delictivo y evidencia la discrecionalidad en el actuar político, pues si lo desean te pueden castigar con la redacción del PGOU, pero nos demuestran que esa capacidad existe también para beneficiar a quién quieran, base de toda corrupción política que tanto daño ha hecho.
Lo de la Playa Verde del Rinconín carece de sentido en la zona más rústica y con menores índices de contaminación del este de la ciudad, que ahora tendrá una nueva zona verde en la que los cánidos, tan abundantes en nuestra ciudad, realizarán sus deposiciones sobre terrenos que hasta la aprobación de este PGOU eran el esforzado patrimonio de familias y empresas. No se hace Playa Verde con los terrenos del Solarón, porque claro, estos son del Ayuntamiento, y para especular, que mejor que lo haga el propio consistorio, hurtándole esa posibilidad a los legítimos dueños de las fincas del Rinconín. Si una playa verde tiene sentido, lo tiene precisamente en el Solarón.
El ataque a la empresa, con el mantenimiento de la calificación industrial de los suelos de Armón y el Tallerón, en una errónea estrategia de castigar al empresario para que se quede, a modo de ratonera, que ya utiliza el Principado de Asturias, con el rotundo éxito de lograr que seamos la comunidad autónomo que menos empresas ha creado en los últimos 15 años y que parece ahora seguir el Ayuntamiento de Gijón.
En fin, que nuestra negociadora Alcaldesa del todo vale, ha permitido la aprobación de un PGOU que es arbitrario, económicamente muy mejorable para la ciudad, que castiga a la empresa instalada en Gijón, preservacionista, sin ser naturista, a costa de los ciudadanos, con el que se limitarán los derechos de muchos vecinos sin claro beneficio para otros y constriñendo el desarrollo futuro de la ciudad, todo ello limitando el constitucional derecho que tiene usted a su propiedad.
Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Derecho, Postgrado en Finanzas por la Universidad de Wisconsin. Trabajó en Morgan Stanley, como director de empresas participadas de importante family office. Autor de publicaciones relacionadas con el mundo financiero. Actualmente es socio fundador y mayoritario de despacho de abogados con sedes en Asturias y Valladolid cuya especialidad son las reestructuraciones empresariales.
