El partido de Íñigo Errejón, Más País, presentó el viernes pasado un anticipo de su programa electoral. A quien quieren presentarnos como un socialdemócrata moderado llamado a desbloquear el escenario político, se presenta como lo que realmente es: un radical. Un chavista dispuesto a suprimir cada una de nuestras libertades; incluso la libertad de elegir entre el tren, el autobús y el avión.
Lo que para Errejón “no puede esperar” es un “acuerdo verde feminista” para España, para responder a lo que considera una “emergencia climática” global. Más allá del limitado impacto que tendrían en un tema global medidas españolas aisladas (lo que muestra más fanatismo ideológico que búsqueda de soluciones), sorprende el orden de prioridades. No puede esperar un “acuerdo verde”. Sí pueden esperar para Errejón, por ejemplo, los 3,2 millones de parados (incluyendo el millón que busca empleo desde hace más de dos años) o los miles en listas de espera de la Sanidad pública.
Es fácil tomarse a broma propuestas como la “reforma ecológica y feminista de la Contabilidad Nacional”, el “enfoque de género en la educación ambiental”, la “feminización del empleo verde”, la “alianza campo-ciudad en entornos urbanos”, los “talleres públicos de reparación ciudadana” o la “red de cosotecas municipales”.
Sería un error.
Estas propuestas pueden estar a semanas de formar parte de una negociación para un programa de gobierno nacional. Propuestas que se resumen en un fuerte aumento del gasto público, los impuestos y los costes de producción, en más regulaciones e intervención estatal y un desconocimiento del derecho de propiedad.
Basta analizar la propuesta de “reducir la jornada laboral sin pérdida de salario a 32 horas semanales” para tener una idea del daño económico y social que puede provocar esta agenda liberticida y radical.
En el sector público, reducir la jornada laboral a 32 horas implicaría recortar un 11% el tiempo de trabajo. Como la productividad no aumentaría un 11%, habría que compensarlo con horas extras y/o nuevas contrataciones y/o una mayor lentitud en todas las tareas. Si solo se compensara la mitad de las horas perdidas con nuevas contrataciones, el gasto público subiría en unos 10.000 millones de euros anuales.
En el sector privado el golpe sería mucho mayor, pues la propuesta de Errejón obligaría a reducir un 20% las horas trabajadas por persona. En España trabajan a tiempo completo 16,9 millones de personas. Su salario medio bruto es de 1.944 euros mensuales. Reducir un 20% las horas de trabajo de ese colectivo implica pretender que las empresas asuman un sobrecoste de 6.600 millones de euros por mes. Si sumamos las correspondientes cotizaciones sociales y multiplicamos por las 14 pagas anuales, llegamos a un sobrecoste de más de 120.000 millones de euros anuales.
Si semejante idea se intentara poner en práctica (aunque sea parcialmente y en fases), el coste laboral adicional dejaría nuestras exportaciones fuera de juego. Las empresas no exportadoras quedarían indefensas frente a la competencia importada. Así, las empresas podrían, por ejemplo, paralizar toda inversión (congelando la creación de empleo) y contratar en negro. O cerrar.
Aumentaría el gasto en prestaciones por desempleo, se dispararía el déficit de la Seguridad Social y las cuentas públicas, ya golpeadas por el sobrecoste de reducir las horas trabajadas en el sector público, volverían fácilmente a tener un déficit de más del 3% del PIB (España volvería al “procedimiento por déficit excesivo” de la UE).
Más importaciones y menos exportaciones pondrían otra vez las cuentas exteriores en déficit, cuando España ya tiene una deuda exterior que duplica el máximo recomendado por Bruselas. La desconfianza que todo lo anterior provocaría en familias y empresas conllevaría una caída adicional de la inversión y el consumo, el desplome del precio de los títulos públicos y problemas en el sistema bancario.
Más que una propuesta para solucionar algún problema, parece una idea para provocar el colapso previo a la llegada del comunismo, que pronosticaba Marx y con el que sueña Errejón. Con todo, conviene tomarla en serio y actuar en consecuencia, pues proviene de quien los socialistas esperan convertir en socio de su eventual próximo gobierno.
Artículo originalmente publicado en El Español, el 16 de octubre de 2019.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
Deja una respuesta