[PUBLICADO EN EL COMERCIO EDICIÓN PAPEL EL 22 DE JULIO DE 2018] «»»Pocas semanas atrás se presentó “El estado de la pobreza”, informe de la Red Europea contra la Pobreza. En 2016 había en Asturias 192.900 personas en “riesgo de pobreza y/o exclusión social”, equivalente al 18,5% de la población. Aunque implica un progreso desde el 24,2% de 2015 (en un año, 61.000 personas salieron de esa situación), me parece una cifra enorme. Incoherente con lo que uno ve.
Esa cantidad de “pobres” surge del indicador AROPE, que considera en riesgo de pobreza a quien cumpla al menos uno de las siguientes tres condiciones: i) vive en un hogar con una renta inferior al 60% de la renta mediana (nivel que divide a la población en dos grupos, según sus ingresos superen o no esa cifra); ii) está en situación de privación material severa; ó iii) vive en un hogar con baja intensidad de trabajo (alto paro).
Gran parte de las personas en riesgo de pobreza lo está por tener una renta inferior al 60% de la renta mediana. Esa renta, para un adulto, es de 8.210 euros/año. Un problema es que esa medida de “pobreza” puede aumentar aunque no empeore la situación de nadie. En 2016 la renta mediana subió un 2,5%; gente cuya renta creció un 2% pudo pasar a ser considerada “pobre”. Además, según ese indicador, sería imposible acabar con la pobreza: por definición, siempre habrá una porción significativa que ingrese menos del 60% de la renta mediana, aunque todos los niveles de renta aumenten.
Por eso creo más relevante la privación material severa (PMS), que sugiere el número absoluto de pobres. Para estar en situación PMS, no puede permitirse, al menos, 4 de los siguientes 9 puntos: 1) ir de vacaciones una semana al año; 2) comer carne cada dos días; 3) calefacción en el hogar; 4) afrontar gastos imprevistos; 5) pagar puntualmente gastos de la vivienda (hipoteca, alquiler, etc.); tener 6) teléfono; 7) TV; 8) lavadora; 9) auto.
El estudio admite que, prácticamente, no hay en España quien no tenga teléfono, lavadora o TV. Algo que no nos sorprende, pero que no cuadra con un panorama de elevada pobreza. De hecho, la gente en situación PMS es en Asturias el 3,9% de la población. Unas 40.700 personas. Una cifra grande pero más coherente con la realidad que percibimos.
Me preocupan las “propuestas” que se hicieron durante la presentación. Las mismas son esencialmente tres: una renta mínima y el incremento de las pensiones y del salario mínimo. Ninguna sirve para erradicar la pobreza. La renta mínima, en la práctica, ya existe bajo el nombre de “salario social”. Por eso sabemos en Asturias que es una prestación que desincentiva el trabajo y que no sirve para reducir la pobreza, sino para hacerla crónica: cada vez la perciben más personas pese a que la economía crece hace casi cinco años.
Las otras dos “propuestas” no son de ámbito autonómico. En el caso de las pensiones, además, parece demagógica dado que el informe muestra que los mayores de 65 años son los que menos caen en situación PMS. Cada 1% de aumento son 1.400 millones de euros más por año, que se suman al continuo incremento por el creciente número de pensionistas y de la pensión media. ¿Cuánto sugieren subir las pensiones? ¿De dónde saldría el dinero?
El salario mínimo es, en la práctica, la prohibición de contratar a las personas menos productivas. En lugar de permitirles progresar, cobrando un salario humilde mientras aprenden un oficio, se las margina. Cuanto mayor el salario mínimo, mayores dificultades tienen para encontrar empleo los trabajadores menos productivos y mayor es el incentivo para reemplazarlos por máquinas.
Según el mismo informe, puede concluirse que la verdadera situación de pobreza se limita, como máximo, a aquellas 40.700 personas con PMS. Así, la cantidad real de “pobres” sería un 79% inferior o 152.200 personas menos que las 192.900 que sugiere el estudio. Estudio que admite que la situación está en clara mejoría, gracias a la recuperación económica. Una economía que funcione bien es la mejor amiga de los pobres. Mucho más que cualquier medida que ponga en riesgo la estabilidad.
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Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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