No deja de conmovernos el diario repaso del acontecer nacional.
En virtud de un infame proceso, con violación de los más elementales derechos a la defensa, el expresidente Uribe, después de permanecer detenido y expuesto al público escarnio durante dos meses, queda privado de su condición de senador.
Otros parlamentarios, los que recibieron la curul como premio a su larga lista de crímenes, confiesan el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de otros personajes, sin que por ello pierdan su condición de congresistas.
Cínicamente insisten en negar el sistemático reclutamiento de menores los nuevos amos del poder, los que controlan la JEP, los consentidos del Gobierno y de los medios de comunicación, los aliados del “petrismo” y del “santismo”, los patrocinadores en Colombia del Foro de Sao Paulo.
Mientras tanto, su brazo armado, a quien sesgadamente llaman “disidencias” en los boletines oficiales, en complicidad con el ELN y con los cocaleros del cartel del Golfo, inundan de cocaína al país, atentan contra la fuerza pública, asesinan a quienes se opongan a la expansión del ilícito cultivo, y todos tan contentos.
No podemos olvidar pasados tiempos en los que, ante la anarquía y la violencia, volvíamos los ojos hacia la Presidencia de la República, donde la autoridad era ejercida con patriotismo y coraje por personajes de la talla de Ospina Pérez, Carlos Lleras, Álvaro Uribe. Ahora la moda es delegar en alcaldes de corte izquierdista el control del orden público o acatar sumisamente la orden de los jueces que usurpan las funciones del Ejecutivo y le imparten órdenes para “reglamentar las protestas sociales“ y dirigir la fuerza pública. ¿Hasta dónde hemos llegado?
Llevamos 26 meses dando largas a la fumigación aérea con glifosato, período en el que todo el país ha estado a merced de un negocio ilícito generador de violencia, daños a la economía, perjuicios al medio ambiente, pérdidas de vidas humanas, a cambio de beneficiar a unos pocos narco-terroristas amparados por el acuerdo de La Habana y por una prevaricadora Corte. ¿Dónde quedó el deber de velar por la seguridad de los colombianos y de priorizar el cumplimiento de la norma constitucional sobre cualquier otra norma?
No están tan lejos las elecciones del 2022. Me asalta la duda. ¿Somos conscientes de que por el camino que transitamos vamos derecho hacia el abismo del socialismo? O, por el contrario, seremos capaces de trabajar unidos en un gran movimiento suprapartidista, que remueva ese engendro del pacto habanero, reforme la Justicia desde sus raíces, erradique el narcotráfico y devuelva la tranquilidad a los colombianos tanto en el campo como en las grandes ciudades?
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.
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