“Marcharían mejor las cosas si cada cual se limitara a ejercer el oficio que le es conocido” (Platón)
Crisis política
España se encuentra sumida en su crisis política más grave desde la aprobación de la Constitución 1978.
Tras abordar con éxito una complejísima transición, que consiguió reconciliar a los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, la sociedad española puso las bases para la construcción de una auténtica democracia moderna.
Con la perspectiva de estos cuarenta años, es justo reconocer a los protagonistas de aquella época histórica su grandeza de miras, que supo anteponer casi siempre los intereses generales sobre las ambiciones particulares (la transición se construyó esencialmente a golpe de renuncias)
Diferente juicio merece, sin embargo, el comportamiento de los principales “herederos” de la transición: los partidos políticos, encargados de consolidar y desarrollar esas primeras y prometedoras bases democráticas.
Balance general de estos cuarenta años
Ciertamente, el balance general de estos cuarenta años, en el aspecto social y económico, ofrece un resultado positivo (descontando varias lacras, como los indecentes niveles de desempleo y de Deuda Pública).
Sin embargo, en lo referente a la organización política y territorial, y sobre todo, a la calidad democrática, los partidos han ido sumiendo a nuestro país en una constante degeneración que parece no encontrar final.
Entiéndase.
Cuando hablamos de degeneración, no nos referimos solo a la corrupción que brota alrededor de los partidos, favorecida por la ausencia de controles y la proliferación de “villanos” aprovechados.
Muchas otras democracias han sufrido esta misma polución, y han sabido ponerle freno.
La corrupción política
En España, sin embargo, la corrupción política no es sino el peor de los síntomas de una enfermedad mucho más corrosiva y dañina: la profesionalización de la política, y la creciente endogamia de los partidos políticos, convertidos en auténticos parásitos del sistema.
Un cáncer este que también han padecido otros países de nuestro entorno (Italia, Grecia…), pero que en España se ha visto enormente potenciado por un factor único y diferencial: nuestro pantagruélico Estado de las Autonomías, con su enorme capacidad para extender y multiplicar los chiringuitos de gasto y el caciquismo.
Es en este “miasma” orgánico, presupuestario y normativo, – integrado por 17 mini-Estados -, donde los partidos políticos han hallado el campo abonado para sus tropelías, así como para controlar los principales resortes del poder y hurtar el protagonismo a la sociedad civil.
Así, no es de extrañar que España siga liderando las estadísticas en el número de empresas y organismos públicos, asesores, coches oficiales, etc.
Ni tampoco, que existan varias regiones españolas donde la Administración Pública controla más del 50% del PIB.
La dictadura de partidos
El peor efecto de esta “dictadura de partidos” es la total patrimonialización de lo público, así como la extensión del efecto “crowding out” sobre la iniciativa privada.
Un ejemplo: Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, contruyendo enormes pabellones deportivos o gimnasios públicos, entrando así en competencia directa (y desleal) con los negocios privados que invierten y contratan en ese mismo sector.
Para el político de turno, es casi insuperable la tentación de convertirse en empresario con el dinero ajeno, repartir cargos y prebendas, contratar a los amiguetes… La Ley se convierte en su varita mágica, otorgadora de bendiciones.
El paso final en esta degeneración, se produce cuando esos mediocres politicastros no se conforman con manejar a su antojo el presupuesto público, y aspiran a erigirse en “Reyezuelos” de su pequeña Taifa.
Toca entonces excitar al populacho a través de la propaganda, y tras subvencionarlo debidamente, empeñarse en erosionar los diques de cualquier contrapoder.
Esto es lo que hemos vivido recientemente en Cataluña, con los políticos nacionalistas tratando de asegurarse un poder exclusivo y omnímodo, mediante la creación artificial de un proto-Estado, libre de toda interferencia externa.
Como hemos visto en este caso, los ocupadores de lo público son capaces de sacrificar cualquier cosa para blindar su trono: no les ha importado despreciar la realidad, la verdad y la Ley, ni tampoco asediar a la mitad de la población no nacionalista.
En suma, es obvio que la conjunción perversa entre Partidos Políticos y Estado de las Autonomías, ha conseguido anestesiar y silenciar a la sociedad civil española.
Súbditos de su arbitrariedad
Los políticos nos han convertido en súbditos de su arbitrariedad.
Han arruinado a la Economía, han abusado del presupuesto para comprar voluntades, y han pervertido la democracia (rebajándola a un simple mercadeo de votos).
Es hora de que la sociedad civil española recupere el terreno perdido y reivindique su condición ciudadana.
Esa misma que le reconoce la Constitución de 1978, que en breve habremos de reformar para derrocar a esta nueva “dictadura de Partidos”.
Ahora bien.
Es vital que esta reforma no sea cocinada “intramuros” de la política, sino que sea liderada por las fuerzas vivas de la sociedad.
Ha llegado el momento de instaurar en España una verdadera Democracia Liberal, a la altura de las mejores naciones del mundo.
Luis Negrete (Abogado)
Abogado. Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Business School (Madrid). Asesor legal y financiero, experto en Banca Privada y financiación.
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