Se ha hablado y se sigue hablando mucho de la financiación universitaria. Hace unos días, El Pais publicaba un breve resumen de cómo en los países de la OCDE se financian sus universidades. El modelo va del 80% a cargo del estudiante en las universidades públicas norteamericanas, al gratuito total de algunos países nórdicos. ¡Ninguno es perfecto!
Según el criterio USA y, en parte, el británico y australiano, es coherente que el estudiante cubra la parte más importante, puesto que él mismo será, en sus futuros trabajos, el principal beneficiario de la formación recibida. Razón no les falta, seamos claros. La Europa del famoso estado del bienestar da la vuelta a la tortilla, yendo más a la financiación del 80% a cargo del dinero público. Los extremos se encuentran en los países nórdicos, que pueden llegar a financiar hasta el 100%. Pero la crisis de presupuestos públicos, por una parte, y los excesos por otra (en Dinamarca existían estudiantes que se tiraban 12 años en la universidad) han puesto sobre la mesa la necesidad de repensar la cuestión. Las alarmas saltan por las altas deudas privadas que asumen los estudiantes americanos que se financian para estudiar, y las altas deudas publicas que asumen los gobiernos europeos para mantener el sistema universitario. Así, un sistema que viene reclamando grandes cambios desde principios de los años 2000, pero que fueron obviados con los grandes crecimientos económicos, ahora, con la crisis, no solamente urge sino que se ha complicado extraordinariamente. Sólo algunos países han avanzado hacia nuevas soluciones serias, como puede ser el caso de los países nórdicos y del Reino Unido. Otros, como España, Francia o Italia, solo han puesto tiritas para aguantar las pérdidas: recortes en plazas de profesores y alumnos (peores ratios), aumento de las tasas de los estudiantes y reducción de las becas (barreras de entrada), ajustes en gastos de funcionamiento (edificios, equipamientos ). Recortes que agravan seriamente la validez y calidad de sus universidades públicas, lo que provoca un declive importante en la validez de los titulados universitarios.
Efectivamente, como casi siempre, la solución no es blanca ni negra, sino más bien un mix de medidas que abarcan las distintas casuísticas y que han sido verificadas como correctas en otros países (benchmaking). Pero medidas que conformen un modelo que respete la igualdad de oportunidades y la libertad de elección, y que ponga las obligaciones de los alumnos y profesores a la misma altura que sus derechos. Si cabe poner una denominación a una propuesta base seria la del CHEQUE UNIVERSITARIO, una especie de carnet por puntos que el estudiante, en igualdad de condiciones iniciales, va agotando en función del uso (o abuso) que haga de la formación universitaria y de los recursos públicos. Así, cada alumno dispondría de un cheque de 240 créditos, divididos en 4 cursos de 60 créditos cada uno, esto es, el equivalente a un Grado de 4 años de duración. Cada estudiante dispondrá de su cheque informatizado, y no tendrá que abonar cantidad alguna por la matrícula universitaria. El cheque podrá ser usado tanto en universidades españolas públicas como en las privadas (previo concierto económico) españolas y de la Union Europea. De esta forma, se garantiza, realmente, la igualdad de derechos (todos los jóvenes reciben lo mismo sin diferencia social alguna) en un marco de libertad de elección de universidad. Justamente, esta cuestión de elección generara una mayor competencia entre universidades que servirá de mecanismo de mejora de la calidad para las mismas. Luego se estimará el coste real del crédito universitario que, por encima de lo incluido en el cheque, deberá ser cubierto de forma íntegra por parte del estudiante. Si bien, como decía previamente, con el recurso a otras medidas de perfección del modelo, entre ellas:
1- Deducción general del 20% de las cantidades añadidas por la familia en gastos acreditados de formación universitaria en la declaración del IRPF, por ejemplo: carreras de cinco años, dobles grados también con cinco años, gastos de movilidad del estudiante, cursos de postgrado (master y doctorados).
2- Creación de un potente sistema de becas universitarias privadas, incorporando las mismas como mecanismo de remuneración social de las empresas a los hijos de sus empleados, y/o de patrocinio con las oportunas deducciones fiscales.
3- Desarrollo de un sistema de créditos tanto público como privado para la financiación de gastos acreditados de formación universitaria. Por ejemplo, un sistema público basado en deuda fiscal a abonar cuando se comience a trabajar de forma remunerada. Además, evidentemente, de prestamos universitarios del ICO y de la banca privada, y del desarrollo de la Cuenta de Ahorro Universitaria.
4- Adaptación del modelo para los estudiantes que, por razones laborales y familiares/sociales, deban de seguir una formación universitaria a tiempo parcial y/o a distancia.
En definitiva, se tratará de correlacionar la igualdad de oportunidades con el esfuerzo personal, trasladando, de forma controlada, los costes de la ineficiencia del estudiante a si mismo, lo que, a su vez, habría de convertirse en un factor de exigencia y de calidad universitaria, amen que de ahorro en presupuestos públicos ineficaces.
(Algunas ideas de este post se basan en las propuestas de D.Pedro Schwartz)
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FRANCISCO JAVIER DE LA BALLINA
Profesor de la Universidad de Oviedo desde septiembre del año 1989. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo (1993). Desde el año 1994 es Profesor Titular de Comercialización e Investigación de Mercados. Ha sido Director General de Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias y tiene experiencia profesional como Director General de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Gijón.
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