COMUNICADO DE PRENSA
La delegación en Extremadura del act-tank El Club de los Viernes (CdV) es favorable a que se haya suspendido cautelarmente la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, de carácter autonómico.
Ayer, día 16 de mayo, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, presentado por el Gobierno de España. Este último ente, a través del Consejo de Ministros, aprobó, el pasado día 21 de abril, recurrir determinados preceptos de dicha ley, por considerar que se invadían competencias estatales.
No obstante, el CdV es favorable a esta suspensión cautelar –de la que se ha tenido noticia a través del diario Expansión– por otras razones. Cabe destacar los siguientes aspectos del decreto-ley: modificación de aspectos relacionados con la Renta Básica de Inserción, subvenciones para evitar cortes de agua y de luz, y no exclusión de los procedimientos de adjudicación posteriores a familias que hubiesen tenido que recurrir a la ocupación ilegal tras haber solicitado una vivienda de promoción pública sin obtener una respuesta favorable.
Desde el act-tank, donde también tienen en cuenta el último informe del think-tank Civismo, según el cual, el riesgo de pobreza incrementa 2’4 puntos, consideran que «el asistencialismo que denotan estas medidas es una reiteración de la clase de políticas a las que los extremeños estamos sometidos desde hace décadas, que nos mantienen como una de las regiones más pobres de Europa» y que «es un craso error no excluir de los procedimientos de adjudicación de viviendas a quienes hayan incurrido en allanamientos de morada (ocupación ilegal), por mucho que puedan reiterar la Junta que no buscan amparar o legitimar estas situaciones«.
Precisamente, señalan desde el CdV que «la renta básica de inserción, al igual que el resto de subsidios, solo logran desincentivar la búsqueda de empleo, a costa de esas entidades que deberían tener más facilidades para crecer y crear puestos de trabajo«, que «uno de los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía a la hora de costear el precio de la luz es el hecho de que una muy considerable proporción de lo que se abona es recaudado por el Estado (es más, se recuerda que las primas de la renovable también se incluyen en este precio)» y que «los extremeños no pueden ser espectadores de contemplaciones ante un ataque contra la propiedad privada como es la ocupación ilegal«.
Así pues, concluyen afirmando que «la Junta de Extremadura debería recortar drásticamente el gasto público y reducir su estructura hipertrofiada, eliminar trabas burocráticas y bajar impuestos para que los ciudadanos tengan mayor poder adquisitivo y para que las empresas puedan crecer y generar empleo, ya que crear empleo es una de las mejores políticas sociales, en vez de subsidiar y subvencionar». Del mismo modo, remarcan que «eliminar el Impuesto de Sucesiones sería otra gran política social» y que la mejor vía de solidaridad es la «caridad privada».
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