¿Cómo salvar al país de la crisis post-pandemia?

El negro panorama que le espera al país después de la recesión que está causando la crisis sanitaria, agregado a la desencuadernada economía heredada del régimen anterior, imponen la llegada al poder de una nueva clase de dirigentes, con espíritu patriótico y coraje para adoptar decisiones que rompan con el tradicional apego a un régimen corrupto y obsoleto. Por ello, proponemos las siguientes acciones a quienes estén dispuestos a emprender la conquista de los órganos decisorios y la salvación de nuestra economía:

1. Fortalecimiento de las finanzas del Estado. Más negro no puede ser el panorama: Está prevista una caída del PIB entre el 5,5% y el 7.9% , y un déficit fiscal que será del -6.1% del PIB. Agréguese a lo anterior la pérdida de valor de las exportaciones por la caída del precio del petróleo. La deuda pública que había llegado en enero al 49,8 % del PIB, alcanzará, con los gastos de la crisis sanitaria, a un 60% del PIB.. La solución no puede ser apelar a nuevas reformas tributarias, que ya el pueblo no soporta, ni continuar indefinidamente en la espiral del endeudamiento. Hay que ser creativos y buscar fuentes alternativas de financiamiento, como las siguientes: a) Vender el 40% de las acciones del Estado en Ecopetrol, que produciría unos 30 billones de pesos y realizar una mega-subasta de bienes no necesarios para el servicio público, y de las propiedades incautadas. Solamente éstas generarían 2 billones adicionales; b) Agresivo programa de recuperación de valores defraudados al Estado con la corrupción. Estiman los analistas en 50 billones al año el valor de lo defraudado al Estado por la corrupción; c) Suprimir del presupuesto nacional, el gasto político, consistente en trasferencias a entidades internacionales no necesarias para el desarrollo, así como numerosos programas que si desaparecen reducirían drásticamente los rubros de funcionamiento. Hay que convertir el presupuesto en una herramienta para superar la crisis y poner orden en casa, dos elementales tareas que olvidan los que están en el poder.

2. Respeto a la propiedad privada: Pasar de la retórica a la realidad: Hay que garantizar la seguridad jurídica de los títulos de propiedad, especialmente entre los propietarios de predios rurales; rebajar los impuestos prediales de carácter confiscatorio que desestimulan el mercado inmobiliario; reducir de los gastos de notariado y registro que gravan las constituciones de sociedades, las garantías hipotecarias y los traspasos de inmuebles.

3. Estímulos fiscales: Se eliminará el impuesto de rentas a las empresas en los primeros 5 años de funcionamiento, y a las empresas con una renta inferior a $60.000.000. Se reducirá al 7% el IVA para todos los productos de origen colombiano y se eliminará para la maquinaria agrícola y los insumos agropecuarios. Igualmente se favorecerá tributariamente la importación de maquinaria industrial, adelantos tecnológicos y materias primas para la industria.

4. Crédito a largo plazo, con bajos intereses, y garantías del Estado para la creación, salvación y desarrollo de empresas manufactureras generadoras de mano de obra.

5. Drástica reducción del gasto público: Este ha crecido de manera exponencial en la última década, con preponderancia de los gastos de funcionamiento sobre los de inversión. En 2018, el gasto público representó el 28% del PIB, mientras que en Singapur, por ejemplo, sólo alcanza al 14%. Proponemos reducir al 50% los gastos de funcionamiento del Estado, a todos los niveles y en todas las ramas del poder. (Se exceptúan el servicio de la deuda, las pensiones y las trasferencias a entes territoriales). Queremos un Estado de menor tamaño, pero más eficiente; eliminar todos los egresos no necesarios para el cumplimiento de los fines primordiales del Estado. Eliminar duplicidad de organismos que sólo se justifican para alimentar el clientelismo, como la Defensoría del Pueblo.

6. Plan de infraestructura social orientado a las necesidades del desarrollo: Se conectarán los puertos con los centros de producción industrial y agropecuaria, mediante ferrocarriles y carreteras; se normalizará la navegación por el río Magdalena con puertos conectados con los centros de producción agrícola, ganadera e industrial; se modernizarán los puertos sobre ambos océanos; mediante alianza estratégica internacional se unirán las Américas en el tapón del Darién. Será el punto de partida para la generación masiva de empleo.

7. Revolcón agropecuario: Factor esencial para alcanzar el crecimiento económico debe ser el desarrollo agropecuario. No podemos ignorar la creciente demanda de alimentos y productos agrícolas a nivel mundial. Del total de nuestra frontera agrícola estimada en 40 millones de hectáreas, solamente tenemos explotadas 7,6 millones de hectáreas, lo que equivale al 20%.

En el revolcón agropecuario podemos incluir: 1) La concesión de créditos blandos acompañados de asistencia obligatoria del Estado en la producción y el mercadeo, garantizando que el crédito llegue a los empresarios del campo y no se quede en la capital como ocurre en la actualidad; 2) Construcción de sistemas de riego que cubran las necesidades del 73% de los agricultores que carecen de agua y normalicen las cíclicas inundaciones que producen cuantiosas pérdidas; 3) Infraestructura de vías y servicios públicos para la población rural; 4) Seguridad jurídica a los propietarios, para lo cual habrá de modificarse la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; 4) Titulación de tierras a los empresarios del campo, removiendo obstáculos que trae el Decreto-Ley 902 de 2017; 5) Sustitución de importaciones de materias primas vegetales y alimentos por los de producción nacional, reduciendo al 7% el IVA a los productos nacionales; 6) Eliminación de aranceles y de IVA a la maquinaria agrícola y los insumos agropecuarios; 7) Asesoría, financiación y beneficios tributarios para la promoción de la agroindustria ; 8) Financiación de programas de investigación en las universidades para el desarrollo de la agroindustria; 9) Implementación de programas de mercadeo inteligentes en los municipios para fortalecer la distribución de sus productos y eliminar los costos de los intermediarios; 10) Solución de los problemas de admisibilidad sanitaria, identificación bovina, movilización de animales y carencia de diplomacia sanitaria para llegar con productos cárnicos a los grandes mercados.

8. Plan Nacional para el Desarrollo Local: Comprende: a) Construcción de obras de interés local (carreteras veredales, escuelas, puentes, pequeñas plantas de energía eléctrica, eólica, o solar, placa-huellas, acueductos, redes de servicios públicos), mediante un Fondo alimentado , por terceras partes, por el respectivo Municipio, el Departamento al que pertenece y el Gobierno Nacional ; b) Priorización de las inversiones de fondos procedentes de regalías o participaciones a cualquier título en el presupuesto nacional, para orientarlas a las necesidades más urgentes, y supervisión de las obras hasta su entrega final; c) Exigencia de absoluta transparencia en el manejo de los recursos y austeridad en el gasto público por parte de de los entes locales.

9. Desconcentración del desarrollo y límites a las mega-ciudades. Ha llegado la hora de cerrar la brecha entre los colombianos de primera que habitan en las ciudades y los de segunda que viven en las zonas rurales. Mediante una Ley de Desarrollo Territorial desestimularemos el crecimiento de los centros urbanos por encima de 1.000.000.000 de habitantes y estableceremos incentivos fiscales para las empresas y negocios que se abran en localidades por debajo de ese tamaño. Todos los organismos del Estado contribuirán para que hasta la última aldea de Colombia cuente con los servicios básicos, gocen sus habitantes de salud y educación a distancia y se integren definitivamente a la sociedad colombiana.

10. Comité de Innovación Empresarial: Se conformará con los funcionarios relacionados directa o indirectamente con el tema, para promover creación de negocios como un Centro Financiero Internacional, con ventajas tributarias y legales que atraigan clientes a nivel global; polígonos industriales especializados en infraestructura de comunicaciones, sector petroquímico, agroindustria, servicios informáticos, partes electrónicas y otras innovaciones tecnológicas con grandes perspectivas de crecimiento; diseñar con las universidades programas de investigación sobre nuevas oportunidades de negocios, y adecuación de la educación superior a las necesidades del desarrollo.

11. Guerra sin cuartel a la evasión fiscal y al contrabando: Incluirá severa penalización con penas privativas de la libertad, conformación de grupos especializados de investigación, y unidades de la Fiscalía con destinación exclusiva a esta lucha; asesoría gremial en los planes de lucha anti-contrabando; y reforma constitucional que permítala confiscación de los bienes de los evasores y contrabandistas. Estiman los expertos que la evasión llega al 3% del PIB, unos 30 billones anuales por concepto de impuesto de renta e Iva, y de 19 billones de pesos anuales por contrabando abierto y subfacturación.

12. Costos del Acuerdo Final: Eliminar el Acuerdo Final y aplicar los 129 billones de pesos, que son los costos estimados de los compromisos adquiridos con las FARC, a salvar las empresas afectadas por la crisis y crear nuevos empleos en la ciudad y el campo.

Luis Alfonso García Carmona

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.