Pocos días atrás se modificó el reglamento de la JGPA para permitir que cualquiera pueda comparecer ante la Cámara en bable. Hasta ahora solo podían hacerlo los diputados. Parece un cambio menor, pero no lo es. Esa votación demostró que ya existe la mayoría parlamentaria necesaria para reformar el Estatuto de Autonomía e imponer la cooficialidad del bable normalizado. En efecto, fueron 27 los diputados que votaron a favor de esa reforma: 20 del PSOE, 4 de Podemos, 2 de IU y uno de Foro (Adrián Pumares).
Lo que empezó como una maniobra de Adrián Barbón para conseguir la Secretaría General de la FSA gracias al apoyo de los “socialistes pola oficialidá”, derivó en el cambio de la posición histórica del PSOE en la materia, sigue con la reforma del reglamento de la JGPA e intentarán acabarlo con el cambio del Estatuto.
Acaba de estrenarse un diseño a dos columnas del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), útil para su futura “edición bilingüe”, según la Dirección General de Política Lingüística. Antes del final del año, el “Conseyo Asesor de Política Llingüística” (integrado solo por partidarios de la cooficialidad), emitirá un informe con el que intentarán convencernos de que la cooficialidad costaría “cuatro duros”. Según un cálculo basado en el personal que habría que contratar (traductores, profesores), costes iniciales (cambio de páginas web, difusión en medios de comunicación, etc.), nuevos gastos en la RTPA (media programación sería en bable) y otros, difícilmente el coste total baje de 100 millones de euros anuales (100 euros por año por cada asturiano o 325 euros/año por cada uno de los que trabajan en el sector privado, mileuristas incluidos).
Aún hay muchos que creen que la oficialidad del bable es un tema cultural o de defensa del patrimonio asturiano. Se equivocan. Lo cultural es el envoltorio “amable”; en el fondo, es un tema político y económico.
Todas las autonomías con lengua cooficial (incluida Galicia), comparten tres puntos: 1) un movimiento político separatista; 2) una creciente marginación del español en la educación y el sector público; y 3) un creciente gasto público asociado a la “normalización lingüística”. Por eso, no hay dudas de que, una vez impuesta la cooficialidad del bable, Asturias comenzaría a transitar el mismo camino, con iguales resultados, que se resumen en la fractura de la paz social.
Algunos se consuelan pensando que aquí no hay un partido separatista relevante. Es verdad. Pero la cooficialidad del bable no haría más darle impulso. Otros creen que, aprobada la cooficialidad, se acabaría la discusión. Sería exactamente al revés: la cooficialidad sería el inicio de una serie de normas que atacarían los derechos individuales: estudiantes y funcionarios serían obligados a aprender bable, los comerciantes y las empresas serían obligados a “adaptarse”, etc.
No existe la “cooficialidad amable”. Cooficialidad es imposición. Cooficialidad no es “derecho a hablar”, es “obligación a contestar”. Cooficialidad no es defender derechos, es vulnerarlos.
Aunque todo lo anterior fuera un error, hay otra cuestión ineludible: aun si todos estuviéramos de acuerdo (que no lo estamos), la cooficialidad del bable es un lujo que no nos podemos permitir. Asturias es la autonomía cuyo PIB peor ha evolucionado en los últimos 15 años, la que tiene mayor presión tributaria, la que tiene menos empresas en relación con su población y la que registra la mayor pérdida de habitantes. La cooficialidad ahondaría todos esos males: promovería el aumento del gasto público y del empleo improductivo, y ahuyentaría, como mínimo, a opositores y alumnos de otras regiones, además de seguir obligando a nuestros jóvenes a marcharse.
Si hubiera una demanda genuina por aprender bable, habría academias privadas donde poder hacerlo, como las hay de inglés y otros idiomas. Pero no las hay. Por eso, todos los puestos que se crearían al calor de la cooficialidad no serían “empleos”, sino subsidios (un “salario social” con horario de oficina, pagado por los que sí hacen un trabajo productivo).
Sin embargo, los intereses políticos mezquinos de unos, la esperanza de conseguir una “paguita” de otros y la pasividad/ingenuidad de otros más, pueden confluir para que, en pocos meses, Asturias comience a recorrer un camino que acaba en la Cataluña de Puigdemont.
Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados
@diebarcelo
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
Me parece que este articulo, que veo bien encaminado, enfoca sin embargo el tema en sobre una realidad que no es, pero que a costa de ser repetida hemos asumido como real. Y la realidad real es que es que los ofiacialistas no defienden lo asturiano. Los oficialistas son en realidad antiasturianistas y antibablistas y destructores de lo asturiano. Asturianicidas y lingüicidas. Y no acabo de entender por qué quienes no están por la oficialidad no han denunciado las recientes normas que permiten el uso en la cámara de una aberración lingüística como es ese engendro potenciado desde una academia anti-lengua asturiana. Esas normas atacan la ley de protección del asturiano ya que impulsan el uso de una lengua inventada, que de difundirse su uso, o de oficializarse, llevaría para siempre a la destrucción de la preciosa lengua asturiana y de sus abundantes y preciosas variedades.
No dudo -por supuesto- de que entre los oficialistas y defensores de lo asturiano hay muchas personas bien intencionadas y que creen defender lo asturiano desde ese movimiento. Creo que hay que trabajar por desenmascarar a quienes solo buscan su propio beneficio y precisamente a costa de quienes y de lo que dicen defender.