Desmontar el Estado de las Autonomías. Segunda vía.

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Román Lobera Molina

Ingeniero, Empresario, amante de los SAAB's antiguos y liberal camisa vieja

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Educación y Sanidad ocupan cerca del 80% del presupuesto del Gobierno de Aragón. Que el estado de las autonomías es una estructura de estado que lo hace mucho más voluminoso es una conclusión a la que llegamos hace mucho, al menos en nuestro grupete local de liberales. La opción directa para vaciar de contenido esta (y otras) subestructuras que sólo introducen sobrecostes, un más fácil control de la población y una ruptura de la libertad de mercado, es la supresión de las misma y la asunción de un estado centralizado de dichas competencias. El poder, control y tamaño del estado se merma, eso sí, pero parece muy difícil a estas alturas que un gobierno tradicional surgido de las urnas españolas pueda materializar semejante hito político. Entre otras cosas porque el desmontaje a nivel telúrico requeriría una reforma constitucional y el apoyo directo de no menos de dos terceras partes de los españoles, que si bien existe a nivel calle, en un sistema de bipartidista es sencillamente onírico.

Incluso en un escenario de quiebra generalizada de la nación, no está claro si el pulso entre las fuerzas clientelares surgidas bajo el abanico de las autonomías y las que puedan conjurar pensionistas y funcionarios estatales (entendidos éstos como ajenos a la estructura autonómica) sería ganado por los segundos, e incluso en ese caso si de nuevo, este escenario bipartidista, sería capaz de materializar una reducción de competencias y personal en el ámbito autonómico desde Madrid sin una conflictividad social más que considerable. Como decía un amigo mío, puedes desmantelar un sector industrial entero (el de la construcción) mandar a la calle a centenares de miles de trabajadores y no pasará nada. Liquida cien, sólo cien, trabajadores públicos, aunque sean de una institución perfectamente inútil y prescindible, y tendrás telediarios y telediarios de acampadas, pancartas y manifestaciones. Despide a doscientos, y tendrás un Golpe de Estado. A ello, me queda la duda de qué sería menos oneroso (políticamente) para un gobernante: Desmontar una institución autonómica o bajar las pensiones un 25%. Por mera constitución del núcleo de afectados, ancianos viejos y enfermos siempre van a dar menos problemas que jóvenes funcionarios autonómicos puestos a dedo con su hipoteca recién firmada, su coche recién comprado y su vástago en camino. Me encoje el corazón saber las respuesta.

Pero hay otra opción, más lenta, más trabajosa, más sutil. Consiste en buscar la implantación del modelo MUFACE en la sanidad, lo que los liberales conocemos como cheque-póliza, y del cheque escolar en la educación. Con que un 15 % de la población se adhiera a ellos, habremos reducido el Estado Autonómico en un 10% ¡a corto plazo! Y quien sabe hasta dónde podría llegar a medio-largo.

Pero la razón última de esta segunda vía no es tanto ni la económica (por el ahorro en impuestos que a la larga supondría) ni el ya de por sí legítimo adelgazamiento del Estado. La razón tiene, como siempre, más sentido en uno de los flancos más “olvidados” por el discurso liberal nacional moderno: el de la consecución de mayores libertades individuales. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la situación que se vive en aquellas comunidades más afectadas por un nacionalismo más virulento. El cheque escolar supondría una fantástica válvula de escape de un sistema escolar cada vez más totalitario y adoctrinador. Supondría el retorno al control de los padres, si no de los contenidos curriculares, sí al menos de los continentes: la lengua vehicular y el cuerpo docente. No concibo a un padre queriendo que su hijo de asignaturas fundamentales, cuya comprensión determinará su éxito profesional, en una lengua distinta de la materna.

No es una tarea fácil implantar ambas medidas, está claro que desde el principio van a ser (ya lo son) atacadas por los anticuerpos estatales de guardia. Pero ante previsibles escenarios de colapso o quiebra, son muy justificables como extensión de patrones que ya disfrutan los funcionarios en el primer caso, y los usuarios de colegios concertados en el segundo (curiosamente los centros preferidos por aquellos), siquiera sea como medidas provisionales que, en este nuestro país, tan proclives son, como lo fué el estado de las autonomías, a hacerse permanentes.