El Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció la necesidad de revisar el copago hospitalario porque, según su criterio (y seguro que no tiene nada que ver con que vengan elecciones), agárrense: no tiene mucho sentido que siga en vigor.
Cuando decimos copago, estamos hablando de un sistema participativo, en el que el usuario debe aportar un porcentaje del precio con un techo máximo, en este caso el 10% y techo alrededor de 4. Esta medida afectaría a una cincuentena de medicamentos hospitalarios que, hasta la fecha, el paciente tomaba gratuitamente, luego discutiremos este punto, en las farmacias del hospital y no en las oficinas de farmacia a pie de calle, donde ya existe con las recetas verdes y rojas.
Pero, ¿tiene sentido un sistema de copago no sólo en este caso sino también en los servicios, como las consultas o, por ejemplo, el caso de las Urgencias?
Lo primero es que el copago debe atenerse a una responsabilidad en el uso, aunque la vertiente financiera aparezca en la foto. En otras palabras, el afán recaudatorio deslegitima el copago y no debería producirse. Eso es un abuso y un impuesto encubierto a los enfermos. Por el contrario, el uso racional conlleva mejoras en el servicio y, como se puede comprobar en mucha literatura científica sobre los copagos, en general, no tienen mejor salud los individuos que no tienen copagos frente a los que sí los afrontan (RAND Health Insurance Experiment.)
En cambio, la responsabilidad de uso es necesaria porque existe el llamado riesgo moral que no es más que cuando sabemos que algo es gratuito la tendencia es al abuso, llegando al poco cuidado y poniendo la viabilidad de dicho servicio en cuestión. Como explica el Profesor Puig-Junoy (del libro Lecturas sobre economía del sector biofarmacéutico), este incentivo al uso por exceso se daría cuando el beneficio obtenido es menor al coste del servicio. Una vez ahí, entramos en una espiral de mayor uso, mayor coste, mayor necesidad de financiar y, por tanto, más deuda o más impuestos o, lamentablemente, ambas cosas a la vez.
Por desgracia, en España, como ocurre también en otros muchos países, los ciudadanos estamos acostumbrados a ver al Estado como el salvador de nuestros males y otorgarle el poder de tomar decisiones pensando que sabe, mejor que nosotros, dónde poner nuestro dinero por nuestro Bien. En consecuencia, como describe el título del libro de Hayek, esta fatal arrogancia nos lleva a sistemas ineficientes e inviables.
Además, la palabra gratuito tiene trampa puesto que la realidad es que hemos pagado por adelantado, y con creces, nuestra sanidad. ¿Saben el coste que conlleva dicha gratuidad? ¿Saben que puede llegar a costar entre uno y dos meses del salario medio?
Pero, como siempre, el gran coste es el coste oportunidad, ¿qué otras cosas podríamos hacer con ese dinero en nuestro bolsillo? Si este coste sanitario equivale al 100%, la cuestión es dónde ponemos el separador entre lo que pagamos con impuestos y la aportación privada en el momento del uso, es decir, los extremos serían todo impuestos o todo privado. Y, como he relatado antes, el 0% copago, que es uno de los extremos, tiene consecuencias desastrosas en el sistema. Por lo tanto, debemos poner un mínimo porcentual al copago y, por supuesto, con un techo para evitar que casos crónicos o graves no puedan obtener tratamiento por un factor económico.
El copago será, pues, necesario por dos razones básicas. La primera, el mencionado uso y beneficio. Como ejemplos reales y sufridos, el ir de urgencias y tener que esperar horas viendo a personas acudiendo a éstas porque están resfriadas, o les duele la garganta ¿Es necesario ir a urgencias por eso? ¿Es normal que haya más urgencias al acabar el fin de semana o antes de que empiece un puente? ¿O ver las urgencias vacías cuando hay partido de fútbol? ¿O tener más medicamentos en casa que los que tiene la farmacia porque, como me los dan gratis, pues lo cojo?. La segunda razón tiene que ver con la fatal arrogancia, a través de la cual el Estado cree saber dónde hay que gastar, qué servicios serán los más demandados, cuáles son las prioridades Cuando esto, no solo no es así, sino que está demostrado que la planificación estatal no funciona en absoluto. En las sociedades actuales, es la suma de decisiones individuales y libres las que reflejan realmente las necesidades y, con un sistema de copago, podemos medir y evaluar dónde el usuario gasta para apuntar nuestros esfuerzos a esas áreas.
Por supuesto, para los socialistas de todos los partidos es un tema que prefieren obviar y gastar un dinero, que no les pertenece, en vez de solucionarlo. De hecho, tras la desastrosa y antisolidaria descentralización de la Sanidad, todos buscan excusas y culpan de sus males al Gobierno Central. Éste, a su vez, culpa a las Comunidades Autónomas y, mientras, unos y otros siguen expoliando al ciudadano, gastando sin ningún tipo de responsabilidad. Hablan de privatizar y de mercado cuando lo que vemos es simplemente clientelismo y, como no funciona, volvemos a pagarlo todos con la milonga de que no se gastó lo suficiente.
En este caso, desde el anuncio del Ministerio inicial a la puesta en marcha de un sistema de copago, varias CCAA se mostraron contrarias y no lo han aplicado, llegando algunas incluso a interponer recursos. El Gobierno culpa a las CCAA, mientras se hace la foto con sus dirigentes pero la realidad es que abandona sus deberes y obligaciones, llegando incluso a preferir emponzoñar el Estado de Derecho antes que obligarlas a cumplir la ley, haciendo palabras huecas el Art. 139 de La Constitución Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Es necesario devolver al ciudadano lo que es suyo, reducir los impuestos e instaurar sistemas de copago que permitan elegir. Tener sistemas cuyo fin no sea recaudar, tener sistemas donde los más desfavorecidos, sea por temas de salud o económicos, tengan también la opción de elegir y donde el Estado, simplemente, vele por el cumplimiento de la ley, evitando abusos, evitando monopolios y acabando con las redes clientelares.
RUBÉN LUPIÁÑEZ (Barcelona, 1976)
Licenciado en Farmacia, Posgrado en Marketing Farmacéutico y MBA por la Kellogg School of Management, Northwestern University en USA. Su experiencia profesional se desarrolla en puestos de alta dirección ejecutiva en la industria farmacéutica, especialmente en el campo del Consumer Healthcare y OTC, habiendo ocupado puestos tanto a nivel nacional como internacional en Bruselas. Consultor en el sector farmacéutico. Docente en el CESIF del curso “Desarrollo de negocio y Licencias en la Industria Farmacéutica”. Miembro del consejo en el Instituto de Consumer Healthcare.
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