Días atrás, el Senado rechazó la senda de déficit fiscal propuesta por el gobierno del Dr. Sánchez. Por lo tanto, el presupuesto de 2019 deberá incluir un déficit equivalente a 1,3% del PIB en lugar del 1,8% que pretendía el gobierno. En términos de euros, eso significa que el Senado ha bloqueado que el déficit público fuera 6.000 millones de euros mayor.
Sin dudas, se trata de una decisión sensata. Tras 10 años violando el límite de déficit fiscal incluido en el Tratado de Maastricht (luego hay quien dice que Bruselas es muy inflexible), España volvió a tener un desequilibrio inferior al 3% del PIB en 2018. Sin embargo, la tarea está lejos de haber concluido: esos desequilibrios llevaron a que la deuda pública pasara del equivalente al 35% del PIB a comienzos de 2008 hasta el 98% ahora. El Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos, entre otras normas, establece que ningún país de la UE debería tener una deuda pública que supere el 60% del PIB.
No se trata solo de una cuestión legal. Cuentas públicas equilibradas y una deuda pública baja son pilares básicos de una economía estable. Son pilares básicos de una economía en la que haya confianza para invertir y que pueda crear empleo. Así, unas finanzas públicas en orden tienen que ver con la vida cotidiana, con las cosas del comer.
No lo ve así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para ella, aumentar el déficit público es el camino para que la gente pueda “recuperar derechos que se arrebataron” y un medio para hacer que la “recuperación llegue a las personas”.
Una confusión conceptual de tal calibre en una ministra de Hacienda preocupa, aunque no sorprende: esta es la misma ministra que manifestó que los dañinos dogmas marxistas aún pueden ser la guía de la política fiscal de un país libre (me refiero a su cita del Manifiesto Comunista, “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”).
Digámoslo claramente: un gobierno socialista irresponsable, el de ZP, hizo promesas de gasto insostenibles (cheque-bebé, renta de emancipación, etc.) financiadas con impuestos generados en una economía sometida a una triple burbuja: inmobiliaria, de crédito y de gasto público. La temeridad fiscal se complementó con el engaño: a esas prestaciones financieramente insostenibles, los socialistas las llamaron “nuevos derechos”.
Lejos de aprender de sus errores, los socialistas insisten. Los planes de Sánchez y Montero no implican devolver ningún derecho arrebatado; simplemente, implican querer endeudar a cada español en 470 euros durante 2019, en lugar de los 340 euros que preveía la senda de déficit fiscal aprobada en la etapa de Rajoy. Parece una nimiedad, pero no lo es. Lo que ocurre es que hay que añadirlos a los 25.100 euros que ya debe cada español. Ese es el verdadero “derecho” que reconocen los socialistas: que cada niño que nazca en España lo haga con una “mochila” de 25.600 euros.
Es lo que siempre hacen los socialistas de todos los partidos: gastar mucho, cuanto más mejor. Lo financian subiendo impuestos y la deuda pública. Hasta que la economía “revienta”, otros la arreglan y vuelta a empezar. @diebarcelo
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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