Entrevista a Luis Escribano

Entrevista a Luis Escribano

La falta de alternancia política en Andalucía ha originado la red clientelar sobre la que se sustenta la corrupción institucional en la región

Luis Escribano es Licenciado en Ciencias Químicas, y posee formación en Ciencias Ambientales, Dirección y Gerencia Pública, Procedimiento Administrativo, Gestión y Control de Subvenciones, entre otras materias.

Este sevillano de 54 años, es funcionario de carrera y ha ocupado diversos puestos técnicos de responsabilidad en distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, desde donde ha denunciado de manera activa en los tribunales y en redes sociales varios casos de corrupción y arbitrariedades en la administración andaluza en la que trabaja desde hace 26 años.

Al mismo tiempo, mantiene activa su lucha contra la corrupción desde la sociedad civil a través de su colaboración en distintas asociaciones como “La Resistencia Ciudadana”, “El Tercer Lado”, o la recién creada “Alianza por la Corrupción”. Además, es fundador, junto a Eduardo Maestre, del diario digital “El Demócrata Liberal”.

¿Cuándo comienza la labor de denuncia en la administración?

Al poco tiempo de ingresar, en el año 1994, comencé a tener choques con los políticos. Ellos intentan imponer sus criterios al margen de la legalidad y nosotros, como funcionarios, estamos obligados a oponernos a eso. Por ello tuve un encontronazo bastante fuerte con la administración de la Junta de Andalucía. Y raíz de eso, y el fallecimiento de mi jefe y amigo, Rafael, quién no aguantó las presiones políticas, marcó el inicio de mi vida de lucha contra la corrupción.

¿Qué denunció usted en ese primer encontronazo con la corrupción de la administración de la Junta andaluza?

Fue un caso concreto. Nos pedían hacer, de un día para otro, un informe de impacto ambiental sobre una mina en la localidad de Aznalcóllar. Nosotros nos opusimos a hacer el informe en un día, porque era imposible debido a que se trataba de un proyecto minero de mucha complejidad y envergadura, pero como le querían dar una subvención millonaria en aquella época no querían esperar, y ahí empezó todo.

De hecho, tres años después se rompió la balsa de residuos de la mina que dio lugar al famoso vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar y contaminó prácticamente casi todo el entorno de Doñana.

Las consecuencias: presiones, desmantelamiento de nuestro departamento técnico entero y el jefe de sección, Rafael, no aguantó las presiones políticas, y eso que intentó hablar incluso con altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, quienes intentaron incluso tapar el tema. Mi jefe finalmente no pudo soportarlas y falleció, algo que me marcó para siempre.

La opacidad en la administración es una señal inequívoca de que todo no funciona de manera correcta ¿qué ha pasado en Andalucía en los últimos 20 años para que se hayan extraviado tantos fondos públicos como estamos conociendo, a través de casos como el de los ERES, Invercaria, Formación, etc.?

Hasta que no pasó un tiempo yo no conocí realmente que habían sucedido más casos de presiones a funcionarios como el mío. Hablo de la administración de la Junta de Andalucía, que es lo que yo conozco en profundidad, aunque sé que en otras comunidades autónomas y la administración central también sucede.

El problema siempre es el mismo. Los políticos intentan constantemente imponer su criterio, que no siempre está revestido por el interés general, que es lo que busca y por lo que vela siempre la normativa, sino que van persiguiendo intereses partidistas, y éste es el gran problema.

En este sentido, ¿considera que Andalucía presenta características singulares?

Andalucía no ha conocido otro partido distinto al PSOE, y ello se debe a la falta de alternancia política en la que está sumida la región desde que se inició la democracia, hace 40 años. No obstante, si hubiese sido otro partido distinto al PSOE posiblemente habría ocurrido lo mismo. Este escenario ha provocado que se origine lo que aquí se conoce con el nombre de “la tela de araña”, es decir, una red clientelar donde el partido que está en el gobierno en Andalucía ha estado manteniendo, a base de subvenciones y ayudas económicas de todo tipo, a personas afines a los intereses del partido. De hecho, se ha he hecho visible con algunos casos que han salido a la opinión pública: ERES, Invercaria, formación para el empleo, etc.

¿A qué se han dedicado entonces la Intervención de la Junta, la Cámara de Cuentas, los defensores del Pueblo, la oposición política, los sindicatos y demás organizaciones sociales?

Claro, ese es otro problema propio de la administración, no sólo la falta de transparencia, es un poco todo, como las políticas de organización del personal.

En cualquier empresa privada para funcionar de un modo eficiente se adaptan los recursos humanos y materiales en función de los objetivos que se deben cumplir. Aquí en la administración de la Junta de Andalucía eso no ocurre, sino que funciona en plan: “yo quiero meter a once personas cómo sea”, y para ello monto mi organización en función de mi red clientelar. Obviamente, eso no es eficiente y consume enormes recursos. Por desgracia, esto se ha producido durante muchos años aquí en Andalucía. Se ha modificado incluso la normativa para adaptarla a sus intereses, buscando siempre beneficios particulares y partidistas, lo que ha dado lugar a un deterioro progresivo del funcionamiento de la administración.

Yo entiendo que a la mayoría de los ciudadanos les cueste verlo, porque no lo conocen por dentro, y quienes lo vemos nos cuesta mucho explicarlo porque se trata de un problema realmente complejo.

Usted defiende el papel del funcionario como garante de los derechos de la ciudadanía, pero, ¿no cree que gran parte de lo acontecido en Andalucía no habría sido posible sin la connivencia de una élite directiva de funcionarios con el poder político?

Desgraciadamente ese es otro de los problemas que tenemos, los recursos humanos de la administración. De hecho, la legislación que se ha ido aprobando aquí en la comunidad autónoma ha sido para favorecer una determinada élite de directivos del funcionariado, casi todos nombrados bajo la modalidad de libre designación.

En este sentido hay una cosa curiosa, y es que mientras que en la administración central y en otras regiones hay un cuerpo de Interventores, en Andalucía no tenemos. Los Interventores que fiscalizan los gastos, por ejemplo, están nombrados a dedo y pueden ser cualquier funcionario, una cosa increíble. Pero claro, no les interesa porque entonces el hecho de que tú puedas conseguir un puesto de Interventor, por un concurso de méritos, no te puedan mover. Precisamente ésa es una de las características que tenemos los funcionarios: la inmovilidad, que impide que los políticos no puedan presionarnos a la hora de tomar determinadas decisiones, porque siempre tenemos que cumplir la ley.

Sin embargo, no sólo ocurre con los Interventores, incluso con los letrados del gabinete jurídico, que es cierto que aprueban unas oposiciones muy duras y se supone que son funcionarios con un alto grado de preparación para todos los asuntos legales. A pesar de ello, también son nombrados para distintos puestos por libre designación.

Si te fijas siempre se dan una serie de circunstancias con el personal que hace que, por desgracia, estén dispuestos, porque su carrera depende de ello, a saltarse la normativa. Y es una circunstancia con la que siempre me he mostrado muy crítico y sobre la que he escrito artículos.

¿Qué ocurre con el personal laboral?

Se ha intentado sustituir al funcionario por personal laboral y, en muchos casos, como ha ocurrido en Andalucía, en la llamada “administración paralela”, están nombrados a dedo sin cumplir los principios de mérito y capacidad que rige la Constitución.

¿Qué ocurre? Que el personal laboral puede ser despedido, es decir, ya no es inamovible y entonces, claro, ese personal cuando llega el político de turno que le dice que debe firmar un documento y se juega su puesto de trabajo; yo les comprendo, están sometidos a una presión enorme.

¿Qué ocurre con la corrupción?

Creo que no hay mayor injusticia en la sociedad que la corrupción, por todo lo que la rodea. La corrupción implica una falta de ética y de valores en las personas, porque no olvidemos que la corrupción no es sólo de la política, sino que la hay en la sociedad, sin ella los políticos no pueden ser corruptos. Se trata de un problema que nace en nuestra propia sociedad, y así es imposible combatirla.

Una última pregunta, ¿cuál consideras que puede ser la solución al problema de la corrupción?

Bajo mi punto de vista creo que no hay voluntad de arreglarlo porque sino, como es natural, los partidos actuales tendrían que cambiar absolutamente tanto su estructura como su funcionamiento y a eso no están dispuestos, a renunciar a esos privilegios.

Los ciudadanos tenemos muchas maneras a través de las cuáles podemos presionar para que esos cambios se produzcan, como las redes sociales que nos están ayudando mucho. Y acabaremos venciendo los ciudadanos y, los partidos, se tendrán que replantear todo.