Ahora que comienza el Curso Académico, se vuelve a discutir sobre la conveniencia de expulsar de la Universidad a aquellos estudiantes que no rindan académicamente según lo establecido en la normativa de progreso y permanencia aprobado por acuerdo del Consejo Social de 15 de diciembre de 2015.
Este debate debe realizarse con conocimiento de causa, y no apelando a la falta de motivos sociales y económicos que alega en Asturias el dirigente de Podemos, Daniel Ripa, pues si que existen motivos sociales y económicos para que los alumnos que no rindan académicamente sean expulsados de la Universidad y más aun con lo poco exigente que resulta, a mi parecer, la norma universitaria al respecto.
Es importante conocer el contenido de la norma, que referiré exclusivamente a los estudiante a tiempo completo; muy importante también conocer el coste total que supone cada alumno universitario y no sólo las tasas que este paga por su matrícula; y sobre todo tener claro de donde salen los recursos para financiar los estudios universitarios de nuestro jóvenes.
En primer lugar, la norma de permanencia establece que los estudiantes a tiempo completo, disponen de 6 convocatorias por asignatura, que tienen que aprobar al menos 12 créditos por año, cuando un año académico suele tener unos 60 créditos, y al finalizar el tercer año de matrícula deberán tener aprobados 90 créditos, de los que 48 deben ser de asignaturas de primer curso. Si no cumple estos requisitos, el estudiante debe abandonar sus estudios, que no la universidad, y podrá iniciar otros estudios diferentes en la Universidad de Oviedo. Es decir, la exigencia es que al menos apruebes el 20% de cada año, el 50% de los estudios que debías haber aprobado en 3 años y que al tercer año tengas aprobado al menos el 80% del primer curso.
En segundo lugar, el coste universitario en España de cada matrícula pública, se aproxima a los 9.300 /año, tal y como expone el informe Panorama Educativo 2013 OCDE, que supone que España tiene un gasto por alumno superior al de la media de la OCDE y al de UE21.
En tercer lugar, de dónde sale el dinero para atender estos costes universitarios, es decir, pagar profesores, administración universitaria, investigaciones, calefacciones, luz, , pues sale de los impuestos que pagan los españoles y que el Sr. Ripa, como tantos otros populistas parece desconocer, tanto en la teoría, como en la práctica, pues por lo que sabemos por los medios de comunicaciones el Sr. Ripa es un ejemplo de lo costosa que es la educación universitaria pública para algunos, que parecen querer vivir como ricos a costa de los demás (https://www.elclubdelosviernes.org/daniel-ripa-la-nueva-casta-extractiva-ya-tiene-su-poltrona/).
¿Sería usted tan benévolo como lo es la norma de permanencia universitaria, si los 9.300/año que cuesta la matrícula de su hijo o hija salieran de su bolsillo? Yo le aseguro que no y como finalmente lo pagamos entre todos, debemos exigir a nuestros universitarios un compromiso similar al que hacen tantas familias, que pagando sus impuestos, no pueden si quiera enviar a sus hijos a la universidad, muchachos y muchachas que pierden una gran oportunidad de desarrollo personal porque otros que si han accedido a la universidad, pero no rinden como harían estos otros, están consumiendo unos recursos que serían mucho mejor aprovechados en otorgar verdaderas becas a los estudiantes brillantes o financiando los estudios de personas que demuestren su voluntad de esfuerzo y agradecimiento a una sociedad que permita a casi cualquier persona que tenga ganas y disposición terminar sus estudios universitarios.
La visión cortoplacista del Sr. Ripa, como la de otros tantos, esto es, la no expulsión de los estudiantes que no tienen un mínimo rendimiento, no le permite ver el daño que se causa a la institución Universitaria que mantiene a estudiantes que lastran la excelencia educativa que debería tener nuestra universidad, perjudican al resto de compañeros que de verdad se esfuerzan, se derrochan unos recursos económicos que podrían ir destinados a otros alumnos con menos recursos o que evidencian un gran aprovechamiento académico, incluso para mantener las aulas calienten en invierno.
Como ya dijo Hazlitt, en buen economista no es el que ve las consecuencias de sus medidas en los resultados inmediatos y del corto plazo, como es el no expulsar a unos alumnos de la universidad que no han evidenciado un mínimo esfuerzo, sino el que ve las consecuencias del largo plazo, que son la falta de recursos que esos estudiantes generan en otros con menos posibilidades económicas o más interés por los estudios, una Universidad masificada, de baja calidad, en la que los alumnos y profesores excelentes optarán por otras instituciones que les aporten mayor valor a sus títulos y carreras profesionales.
En fin, trate el dinero público como si fuera suyo y dígame si permitiría a su hijo suspender el 80% del primer curso, al precio de 9.300, más del SMI anual o si le permitiría después de 3 años de estudios, al módico precio de 27.900, cifra muy superior al salario medio español y más de tres veces el SMI, si le consentiría tener aprobado sólo un curso y medio. Yo, no se lo consentiría y menos aun si es con el dinero de impuestos de muchas personas que realizan un enorme sacrificio para sacar a sus familias adelante y cumplir con las obligaciones que les impone este enorme estado del bienestar, que es tan grande precisamente por derroches como el que se realiza con estos estudiantes.
Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Derecho, Postgrado en Finanzas por la Universidad de Wisconsin. Trabajó en Morgan Stanley, como director de empresas participadas de importante family office. Autor de publicaciones relacionadas con el mundo financiero. Actualmente es socio fundador y mayoritario de despacho de abogados con sedes en Asturias y Valladolid cuya especialidad son las reestructuraciones empresariales.
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