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Gijón y la ayuda al desarrollo

Gijón y la ayuda al desarrollo
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Diego Barceló Larran

Diego Barceló Larran

Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
Diego Barceló Larran

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Imagine el lector que su vecino le roba la cartera. Después, dona a una ONG, por ejemplo la Cruz Roja, el dinero que le robó a usted. ¿Sería elogiable la acción de su vecino porque entregó el dinero robado a una entidad que realiza una tarea noble? ¿O habría que condenarlo por el robo? Creo que caben pocas dudas: el dinero le pertenece legítimamente a usted, por lo que lo razonable es que usted disponga del mismo como mejor le parezca.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Gijón se comporta como ese vecino imaginario. Cobra impuestos y luego regala dinero en “ayudas a la cooperación”. La prórroga presupuestaria tiene reservados 1,2 millones de euros a tal fin, aunque en la práctica las subvenciones serán algo menos.

No discuto que haya varias ONG merecedoras de nuestro dinero. Lo que critico es que el Ayuntamiento nos coja un dinero que luego entrega a otros según su criterio. ¿Es que acaso no son los gijoneses capaces de decidir por sí mismos a qué ONG donar? ¿O es que el Ayuntamiento prefiere “colgarse una medalla” con nuestro dinero y, de paso, decidir qué ONG son favorecidas?

La ayuda al desarrollo es un tema completamente al margen del quehacer municipal (aunque este equipo de gobierno ha mostrado más de una vez su gusto por ir mucho más allá, como cuando aprobó un ridículo boicot a Israel). Además, la gestión de esas ayudas a nivel local es ineficiente (los costes de gestión son una proporción más alta que cuando lo mismo se hace a nivel autonómico o nacional).

¿Qué habría que hacer? Dejar el dinero en el bolsillo de los vecinos para que ellos lo destinen a lo que consideren oportuno. Es decir, habría que bajar los impuestos en 1,2 millones de euros y, al mismo tiempo, suprimir ese renglón del presupuesto municipal. Otra alternativa sería que el Ayuntamiento permitiera deducir la donación a determinadas ONG del pago de impuestos municipales. Sin embargo, esta posibilidad es más difícil de gestionar y seguiría dando a los políticos el poder de decidir a qué ONG se puede donar y a cuáles no.

Alguno dirá que por “solo” 1,2 millones de euros no merece la pena discutir y que es mejor dejar las cosas como están. El problema es que este es apenas un ejemplo de las muchas maneras en que el Ayuntamiento nos quita dinero y el poder de decidir. Y cuanto más dinero y capacidad de decidir nos quita, menos libres somos y peor vivimos.

Es verdad que esto no solo ocurre en el Ayuntamiento de Gijón (ojalá fuera así). Pero, ya que se trata de la ciudad más grande de Asturias, sería un buen lugar para empezar a devolver a la sociedad civil lo que en justicia le corresponde

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