Pablo Camba
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El sistema sanitario español es fruto del esfuerzo de varias generaciones, estando su verdadero origen en 1906, con la creación del Instituto Nacional de Previsión. Si bien antes hubo un periodo de preparación, desde 1.883, con la creación de la Comisión de Reformas Sociales.
En la actualidad, la Constitución española reconoce “el derecho a la protección de la salud” y ordena a los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública”, indicando que a tal efecto se deben establecer medidas de prevención, prestaciones y servicios sanitarios. El mandato es conseguir un objetivo concreto, sin otro condicionamiento que no sea el de que los ciudadanos tengan asegurada la protección de la salud. Se trata de un mandato finalista que permite la utilización de todos los medios necesarios, ya sean públicos o privados.
Una colaboración público privada (CPP) es un acuerdo entre una administración pública y un actor del sector privado para la prestación de un servicio público. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes fórmulas, y desde 1.970 se observa a nivel mundial una clara tendencia a hacer un mayor uso de las mismas. Las administraciones tienen la posibilidad de escoger que la gestión del servicio sea pública, mixta o privada, mientras que la financiación del sistema está basado en impuestos con transferencia del presupuesto a las Comunidades Autónomas.
El modelo Alzira toma su nombre de la localidad valenciana en la que se construyó en 1999 el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa: el Hospital de la Ribera, basado en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada.
Por la excelencia de sus resultados, tanto clínicos como económicos, se ha convertido en un caso de estudio a nivel internacional, como así lo atestiguan los informes de la Universidad de Berkeley y Harvard. A modo de resumen, los resultados clínicos son comparables, en ningún caso inferiores, a cualquier hospital del mismo tamaño de gestión pública de la Comunidad Valencia.
Lo concesión del Gobierno Valenciano finaliza en 2018, y Carmen Montón, Consejera de Sanidad Univeral (sic) ya ha anunciado que “Empieza el fin del Modelo Alzira”. El Gobierno Valenciano piensa recuperar la gestión pública del servicio, y para ello encargó a la Sindicatura de Cuentas un informe, esperando que respaldasen su decisión. Sin embargo los resultados del informe han sido demoledores a favor del modelo de gestión privada:
– Para los pacientes de la región ha supuesto una mayor calidad percibida, con un 84,8% de pacientes satisfechos o muy satisfechos, y una mejora en la humanización de la asistencia a través de un trato personalizado y una mayor privacidad ya que todas las habitaciones son individuales
– Mejor calidad objetiva: el porcentaje de pacientes atendidos en tiempo en urgencias es del 95,43%, frente a una media del 81,46%
– Menores tiempos de espera. La demora media de lista de espera en consultas externas es de 22 días, frente a los 45 de media
– Un gasto un 21% inferior a los hospitales de gestión pública (721 frente a 916 euros por habitante)
Esperamos que el Gobierno Valenciano no cometa el grave error de sustituir un modelo que funciona por otro que es más costoso para el contribuyente y de peor calidad, según sus propios indicadores. Esta medida significaría gobernar sin pensar en los ciudadanos a los que, al menos en teoría, Carmen Montón dice servir, y solo puede definirse como un despropósito y sectarismo político contra la iniciativa privada
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