«La práctica totalidad de ocupas del edificio tienen antecedente penales, lo que ya nos da una idea del perfil de estos héroes de la izquierda.»
Estos últimos días he podido seguir el proceso de ocupación de un edificio en el centro de Gijón muy próximo a mi domicilio. El edificio de nueva construcción y propiedad de una empresa en quiebra, acabó en manos de un grupo de ocupas que no sólo lo han arrasado, sino que están haciendo la vida imposible a vecinos y comerciantes del barrio. Esos mismos vecinos y comerciantes que con sus impuestos no sólo pagan los sueldos de la policía y concejales que deberían solucionar el problema, sino que además financian a estos parásitos con la infinidad de ayudas sociales que conceden estos mismos concejales.
Este proceso de ocupación permite evidenciar que lejos del idílico paraíso en el que viviríamos en ausencia de propiedad privada, como defienden algunos partidos como la CUP, el Partido Comunista, Izquierda Unida o Podemos, la ausencia del derecho de propiedad resulta en una suerte de ley de la selva en el que triunfa el más fuerte a costa de todos los demás.
La práctica totalidad de ocupas del edificio tienen antecedente penales, lo que ya nos da una idea del perfil de estos héroes de la izquierda. Los más violentos están subarrendando espacios a otros ocupas, claro ejemplo, no ya de capitalismo salvaje, sino simplemente de delito de estafa, en el que no se respetan los derechos de propiedad ajenos y se comercia con lo que no es tuyo. Porque no lo dudemos, todo ocupa aspira a tener su propiedad, arrebatada a un tercero, sin tener que pasar por el esfuerzo de trabajo, ahorro y respeto de las normas que permiten el acceso legal a la propiedad. El ocupa es un capitalista pero sin el esfuerzo que se le supone a este último. Desea la propiedad y una vez conseguida la defiende con uñas y dientes, pero no asume el esfuerzo que ello requiere.
El más famoso de los ocupas del famoso edificio, es de nacionalidad argentina y conocido como Daniel “El Argentino”. Un individuo que amenaza y hace la vida imposible al vecindario, con amenazas de muerte incluidas, presumiendo de sus múltiples antecedentes penales. Un personaje que subarrienda otras viviendas del edificio a otros ocupas, pues ya se sabe que sin ley triunfa el más fuerte. Pero es que además este sinvergüenza, está tramitando las generosas ayudas sociales del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, que con toda seguridad nuestros débiles políticos acabarán concediéndole.
El vecindario, no sólo debe soportar la infernal convivencia con este sinvergüenza violento, sino que además le soporta su modo de vida con sus impuestos a través de las generosas ayudas que conceden nuestros políticos con el dinero de los demás. Puede incluir la Alcaldesa de Gijón en sus próximos relatos sobre salario social, a este delincuente de la Plaza del Carmen, pues como puede comprobar, aunque seguramente ya lo sepa, no todo son madres solteras con tres hijos a cargo.
Las ayudas sociales, tan necesarias para muchas personas, deben estar sometidas a un estricto control, como sucede en todo el norte de Europa, para que quien realmente no pueda sostenerse tenga toda la ayuda que necesite y no se desvíe un céntimo hacia estos sinvergüenzas, que se aprovechan de nuestro esfuerzo con el consentimiento de quién se la concede, restando recursos a quién realmente lo necesita.
El Argentino es el típico ejemplo de vago que no se integra socialmente porque no quiere, pues se las ha arreglado para vivir a costa de los demás. Un mocetón joven, con capacidad para trabajar, si quisiera, pero que voluntariamente decide vivir a costa del resto, con el beneplácito de la autoridad competente. Vive a costa del dueño del edificio, de los vecinos que lo aguantan, del resto de ocupas que le pagan un alquiler porque son menos violentos que él, de los médicos que le atienden cuando enferma y de los contribuyentes que le cubren el resto de sus necesidades con el salario social. ¿De verdad tenemos que sostener a estos tipejos? ¿Hay que ser tolerante y comprensivo con el intolerante que quiere vivir a costa de la comodidad de nuestras familias? ¿Es justo que estos sinvergüenzas puedan llegar a recibir la misma renta sin trabajar que un humilde padre de familia que acude a su puesto de trabajo todos los días?.
La defensa del derecho de propiedad privada a quién protege precisamente es al más débil, no al más fuerte. No hace tanto tiempo la propiedad residía en muy pocas manos y sólo el derecho de propiedad permitió a los más débiles vivir seguros en sus casas, cultivar y vivir de sus campos o tener un negocio sin miedo a que el poderoso caudillo se lo arrebatara. El derecho de propiedad privada ha permitido que millones de personas sean propietarias pacíficas de viviendas y toda suerte de bienes que sin esta protección legal se verían abocados a una existencia dependiente del capricho del más fuerte, o del propio gobernante, como pretenden los comunistas. La Ley, si se hace cumplir y no está diseñada para beneficiar a unos pocos, como sucede en ocasiones, permite la protección del débil frente al fuerte. El fuerte no necesita leyes, ni las quiere, estas protegen al débil.
Todo lo que algunos pretenden vendernos de perjudicial sobre la protección de la propiedad privada, es precisamente el escenario que se presenta cuando desaparece ésta. Los que se aprovechan de la falta de protección son los delincuentes, no los ciudadanos, que con sus impuestos sostienen las ayudas sociales de estos sinvergüenzas, como también soportan los salarios de aquellos funcionarios que deben velar por su seguridad, pero que en ocasiones son excesivamente tolerantes con los que violentan las leyes. Los ocupas, y no los capitalistas, son los que subarriendan fuera de la ley y desahucian a golpes sin procedimiento legal alguno, mientras que los legales propietarios atraviesan un calvario judicial para librarse del ocupa.
Lo peor de toda esta historia, es que el Ayuntamiento de Gijón sólo ha reaccionado cuando el clamor vecinal salto a los medios de comunicación, tras dos años de ocupación y calvario de los vecinos. Y peor aun ha sido la reacción del consistorio, que se ha reunido con los ocupas, antes que con los vecinos, legitimando el estatus de unos delincuentes con antecedentes penales que hacen la vida imposible a los estoicos vecinos. Unos vecinos que comprueban como desde las instituciones se atiende antes al delincuente que al honrado ciudadano.
Los ciudadanos hemos otorgado al estado el monopolio de la fuerza para que nos proteja. Si es incapaz de hacerlo pierde su esencia, que no es la redistribución de rentas, sino permitir la convivencia pacífica.
Cuando un Ayuntamiento atiende primero a los que violentan la propiedad privada, la pacífica convivencia y presumen de su historial delictivo, se consagra la victoria del más fuerte frente al estado de derecho. Se consagra el principio de que sólo violentando la ley serás atendido. Se consagra el principio de que cuanto más malestar puedas causar, más fácil será que te den una solución política. Se consagra el principio de que la obediencia a la ley, el respeto a los demás y la solución pacífica de los conflictos sociales, no tienen sentido, cuando violentando las normas se consiguen mejores resultados y más atención.
¿Qué dirá ahora el vecino perseguido con saña cuando no paga un recibo del IBI? ¿Qué dirán los chavales del botellón cuando la policía local les amonesta por beber en la calle? ¿Qué dirá el repartidor multado por aparcar en segunda fila? ¿Qué dirán los hosteleros que se ven rigurosamente sancionados por este Ayuntamiento cuando incumplen cualquier ordenanza municipal?, cuando a los ocupas violentos se les tiende la alfombra roja de un Ayuntamiento que pagamos todos menos los que ahora se les abren las puertas.
Muchos ciudadanos estamos hartos de que las instituciones consientan a quienes pretenden vivir a costa de nuestros impuestos y de nuestra tranquilidad. Estamos hartos que se relegue a quien se esfuerza todos los días para salir adelante. Estamos hartos de que se demonice a quien progresa socialmente o a quien madruga todos los días para aportar a la sociedad su esfuerzo y contribuir así a que los más necesitados tengan un mínimo sustento. Estamos hartos de aquéllos que pudiendo trabajar no quieren, porque es más fácil vivir a costa de los demás, que ganarte el sustento. Estamos hartos de la infinidad de ayudas sociales sin control que reparten los políticos, con nuestro dinero, por su incapacidad para aportar soluciones de empleo y bienestar reales. Estamos hartos de pedir perdón por todo, mientras los sinvergüenzas son amparados por las instituciones que nosotros financiamos.
La recepción de los ocupas por parte del Ayuntamiento de Gijón es el Zenit podemita de la Alcaldesa y el mayor error cometido por el consistorio en las dos legislaturas de Foro Asturias al frente del mismo. Cuando las instituciones priorizan a quién incumple la ley frente al honrado ciudadano, se convierten en lo contrario de lo que debieran ser.
Es lamentable que se reciba y se ampare en el Ayuntamiento precisamente a quién infringe la ley y por ese motivo. Y por este mismo motivo es por el que Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón, debería retirarse y que los gijoneses vuelvan a las urnas. Si los vecinos quieren que gobiernen los defensores de los ocupas, y ver en riesgo su propiedad y la convivencia pacífica, habrá que convertirse en el más fuerte para que no nos arrebaten lo que tanto nos ha costado conseguir, pero este gobierno municipal de careta conservodora-liberal y fondo antisistema no tiene ningún sentido.
[PUBLICADO EN LA GACETA EL 09 JULIO, 2017]
Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Derecho, Postgrado en Finanzas por la Universidad de Wisconsin. Trabajó en Morgan Stanley, como director de empresas participadas de importante family office. Autor de publicaciones relacionadas con el mundo financiero. Actualmente es socio fundador y mayoritario de despacho de abogados con sedes en Asturias y Valladolid cuya especialidad son las reestructuraciones empresariales.
Deja una respuesta