Si el poder político estadounidense encontró la manera de burlar la constitución, menos sorprende lo que han llegado a hacer otros Estados, donde no existen instituciones que limiten su intervención en la libertad de prensa. Son tres las formas usadas por el poder político para controlar los medios de comunicación.
Legislación y justicia
Los decretos ejecutivos para la creación de ministerios de propaganda (o similares) o para la apertura de medios de comunicación estatales, evidencian lo fácil que puede resultar para el Estado crear su propio aparato burocrático de propaganda (hay países de primer mundo que cuentan con grandes medios de comunicación estatales). A nivel legislativo, la expedición de leyes mordaza como en Venezuela y Ecuador (por citar dos ejemplos recientes), otorgan poderes totalitarios a burócratas, quienes llegan a extremos absurdos de imponer titulares a medios privados, exigir la publicación de noticias que ellos consideran de “interés nacional” y aplicar multas a todo tipo de medios. Poseen, además, autoridad “legal” para cerrarlos. En casos de falta de división de poderes, donde el partido de Gobierno ha cooptado el poder judicial, periodistas y medios son perseguidos por disentir de la opinión oficial. Las amenazas de juicios son un recurso frecuente, donde el Estado totalitario tiene el juez a su favor.
Monopolio de expedición de licencias
A menudo se acusa a la prensa de acumular poder, carecer de imparcialidad o de ser parte de un oligopolio privado donde un cartel de medios “antepone sus intereses sobre el deber de informar”. Pero quienes afirman esto, ignoran que es el Estado el que otorga las licencias para acceder al uso de determinada frecuencia, o quien impone restricciones a la adquisición de varios medios (como el ejemplo de la FCC mencionado en párrafos anteriores). Es indudable que existen medios que se han aprovechado de privilegios concedidos por el poder político, para crecer económicamente y tener un mayor poder de influencia al emitir sus contenidos. Basándose en estos ejemplos, los políticos justifican leyes “más estrictas”, para supuestamente evitar monopolios o colusiones, pero resulta incoherente pedir más Estado como solución a lo que ha causado el Estado mismo. Una ley no va a distribuir mejor las frecuencias, mucho menos va a poder controlar la calidad de los contenidos. Al contrario, lo que hay que desbaratar es aquel monopolio estatal en el mercado de frecuencias, devolviendo de esta manera el poder a los consumidores.
Contratos de propaganda oficial
El principal objetivo de todo burócrata es minimizar el costo político. Esta meta no es posible sin una incesante propaganda en medios de comunicación. Los supuestos logros de las políticas públicas son anunciados en periódicos, radios, televisión e internet. Con el pretexto de “rendición de cuentas”, se destina grandes sumas de dinero a dichos anuncios publicitarios. Además de la inmoralidad (porque la propaganda la pagan los contribuyentes), el Estado puede fácilmente convertirse en el principal “auspiciante” de un medio de comunicación privado –o peor, de varios–. Si esto sucede, el poder de chantaje de los políticos sobre el medio aumenta. Al depender de un solo “proveedor”, el negocio ha vinculado su supervivencia a los caprichos de quienes financian su programación. La prensa puede o no ser imparcial, pero siempre tiene que ser libre e independiente del poder político. Solo así puede confrontar (desde cualquier línea editorial) al Estado, sin deberle favores o sin tener que arriesgar la continuidad de su negocio o su reputación –valor importante para un medio de comunicación–.
La defensa de la libertad de prensa no debe confundirse con su idealización. No hay medio infalible –como no hay ser humano perfecto–, ni intocable. La reivindicación de la libre expresión es una protesta contra la intromisión del Estado en el libre intercambio de ideas. Muy acertado estuvo Jefferson cuando afirmó: “si dependiese de mí decidir si deberíamos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo último”.
Omar López Arce es Ingeniero Mecánico y Máster en Negocios Internacionales. Apasionado por la libertad y escéptico del Estado. Reside en EEUU, donde trabaja para la industria del petróleo y gas.
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