Recientemente se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y los sindicatos salieron a las calles a, supuestamente, reivindicar los derechos laborales de los trabajadores. Pero lo cierto es que el Primero de Mayo ha ido derivando, con el paso de la Historia, en una fecha cuyas reivindicaciones están muy alejadas, por no decir totalmente separadas, de los justos orígenes de la conmemoración, que estriban en los comienzos de la Revolución Industrial en los Estados Unidos de América, en 1820. La deriva del movimiento obrero tuvo sus albores con la manipulación del movimiento con el nacimiento del socialismo autodenominado científico, que tendría lugar en Londres en la segunda fase de la industrialización. La publicación de El Manifiesto Comunista, en 1848, apuntalaría esa deriva en los sindicatos (de clase), imprimiendo en ellos, como por transmisión psicogenética, las características psicosociales de Karl Marx, un sujeto que nunca pisó una fábrica desde que se estableció en Inglaterra (migrante de la antigua Prusia) y que ‘’se identificó por ser profundamente autoritario, irascible y despectivo con los obreros’’, en paráfrasis personal de la obra de Leopold Schwarzschild, La vida y la leyenda de Karl Marx (1965).
En pleno siglo XXI, la situación del movimiento obrero español, monopolizado por CC.OO y UGT, no es distinta a la descrita inicialmente. Los sindicatos se han convertido en enemigos e impostores despectivos de lo que en su lenguaje colectivista etiquetan ‘’clase trabajadora’’, para justificar la injustificable compulsión que ejercen sus cúpulas contra los intereses individuales del trabajador o emprendedor. Negamos que exista tal cosa como la ‘’clase trabajadora’’ porque creemos que los jerarcas sindicalistas son férreos adversarios de la libertad sindical. Los sindicatos jamás aceptarían un modelo sindical descentralizado que extinga los distorsivos ‘’convenios colectivos’’. Así, CC.OO y UGT, organizaciones centralizadas, con una nomenclatura esclerótica, decimonónica y resistente a la modernización, no tolerarían bajo ningún concepto que los trabajadores de cada empresa o industria, con independencia del sector económico, negocien de tú a tú las condiciones laborales contractuales con los propietarios de esos medios privados de producción, pues para ellos esto significaría relegar su posición a meros asesores. CC.OO y UGT, funcionan, pues, mediante un método de dominación e instrumentalización de los trabajadores, que no reconocerá nunca la legitimidad incontrovertible del libre consentimiento firmado en un convenio individual entre los operarios de una empresa y su propietario. Como marxistas, los dirigentes de CC.OO y UGT creen saber mejor lo que conviene a los trabajadores, ya que éstos ‘’no estarían en condiciones intelectuales suficientes’’ para defender sus intereses eficazmente frente al ‘’malvado empresario’’. De modo que pensarán: ¡Qué saben esos ignorantes obreros, para eso estamos nosotros! Los sindicatos viven, así, en una fatal arrogancia.
Las organizaciones sindicales perderían gran parte del arbitrario poder de coacción de que gozan si adoptaran la descentralización total; este poder sindical arbitrario posee un carácter lesivo que queda enmascarado en el mal denominado ‘’diálogo social’’, al que también se presta la CEOE, introduciendo distorsiones que se replican en la cadena del progreso de la economía y lastrando la evolución espontánea del proceso de creación asimétrica de riqueza. Retirarles ese poder arbitrario sería la tarea de un gobierno con las ideas claras, puesto que, entre otras consideraciones jurídicas, la libertad sindical, o el derecho de asociación, permanecerían intactos. Sería, entonces, una reforma legislativa constitucional favorable para los trabajadores y desfavorables para las burocracias sindicales.
Como liberales, estamos radicalmente a favor de la libertad sindical y de asociación-desasociación. De lo que no estamos a favor, y lucharemos para crear consciencia social al respecto, es de la subvención gubernamental con dinero del contribuyente a sindicatos; pensamos que, al no haber un consentimiento expreso del contribuyente, birlar una fracción de su renta mensual en bruto para destinarla a financiar estas organizaciones politizadas, no es legítimo, aunque sea, hoy por hoy, legal. Creemos que los sindicatos deben financiarse única y exclusivamente con la cuota mensual de sus afiliados. No con el dinero del contribuyente. Y lo mismo lo aplicamos para la CEOE, otras asociaciones empresariales. Y, aún más, para partidos políticos. No obstante, los sindicatos, dado su carácter anacrónico, tienen difícil convencer sobre las ‘’bondades’’ de afiliarse a ellos y no querrán dar cuentas de la utilidad de su actividad -lo que sería ineludible en caso de financiación filial-. El giro, además, significaría su secesión de los partidos de izquierdas (o neocomunismos), de los que CC.OO y UGT son el cuarto de municiones, desde el que agitar las calles, cuando les plazca, con reivindicaciones colectivistas y algún que otro disturbio público ¡Con los trabajadores como coartada! Nunca contarán al trabajador que el beneficio empresarial no es el problema, sino que lo es que el Estado ampute coactiva y subrepticiamente parte de sus plusvalías, derivadas de una transacción interpersonal consentida y, por tanto, de implacable legitimidad.
Roquelo López-Tolentino. Técnico administrativo. Cursa Grado de Farmacia en la Universidad de Barcelona. Se declara admirador del legado de Thatcher y se inclina por la Escuela Austríaca de Economía. Le gusta el debate y la confrontación de ideas.
Deja un comentario