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María Jesús Montero, la ministra comunista

María Jesús Montero, la ministra comunista
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Diego Barceló Larran

Diego Barceló Larran

Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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En 1848, el hijo de un próspero abogado, Karl Marx, y un rico industrial textil, Friedrich Engels, publicaron el Manifiesto Comunista. Sus historias personales nada tenían que ver con el “proletariado” ni el sufrimiento de la “explotación”, pero su soberbia era tal que se consideraban capaces de entenderlo todo.

El Manifiesto Comunista propone la abolición de la propiedad privada y la conquista del poder por parte del proletariado (derrocando por la violencia el orden existente) para centralizar en manos del estado los medios de producción. Así creen poder llegar a una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados.

Esas ideas evolucionaron en la mente de Marx, que en 1875 escribió su “Crítica al programa de Gotha”. La esencia de ese escrito se resume en la famosa frase: “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su necesidad”.

Es innecesario repetir que la aplicación práctica de esas ideas solo generó pobreza, represión y muerte allí donde se aplicaron. Pero no porque se aplicaran mal, sino porque se aplicaron muy bien. Es el caso actual de Cuba, Corea del Norte y Venezuela, hasta, por ejemplo, el de los experimentos de la Unión Soviética y sus satélites del Pacto de Varsovia. Los países que dejan atrás el comunismo no lo echan en falta. En todas las elecciones en antiguos países comunistas, esas ideas logran un apoyo residual.

Ajena por completo a esta evidencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propone estructurar la fiscalidad en España de acuerdo con las fracasadas ideas de Marx. Pocos días atrás, afirmó que el gobierno explora una nueva fiscalidad “para que los que más tienen más aporten y todos recibamos según nuestra necesidad”.

La ministra Montero parece desconocer las estadísticas del IRPF. Mirando las declaraciones del IRPF de 2016 (últimas publicadas) se ve que el 0,5% de los declarantes (ganan más de 150.000 euros anuales) aporta el 33% de la recaudación. Los que ganan más de 60.000 euros anuales son el 3,7% del total de declarantes, pero aportan el 56% de la recaudación. En el otro extremo, quienes ingresan hasta 12.000 euros/año (39% del total de declarantes), apenas aportan un 1,4% del total recaudado.

Esos datos dicen una cosa: quienes más ingresan ya aportan muchísimo más que los que menos ganan. Los que ingresan más de 601.000 euros/año ganan unas 200 veces más que aquellos con ingresos de entre 1.500 y 6.000 euros; sin embargo, pagan 1.037 veces más por IRPF. En el caso de los que ingresan entre 150.000 y 600.000 euros/año, cobran unas 20 veces más que los que perciben entre 12.000 y 21.000 euros, pero pagan 44 veces más por este impuesto. La ministra intenta vender pescado podrido cuando dice que hay que pedir a los (que ella considera) “ricos” un esfuerzo extra, como si no lo estuvieran haciendo ya.

Analizado sin dogmatismo, el problema del sistema tributario español es el contrario: sufre de una progresividad exagerada que desalienta el ascenso profesional, favorece la emigración de talento y desanima la inversión. Además, la progresividad exagerada fomenta el “exilio fiscal” de personas con alta capacidad económica y hace más complejo el sistema tributario, favoreciendo la evasión. De todo eso surge un nivel de actividad y empleo inferior al que se podría alcanzar con los recursos disponibles. Y menos ingresos tributarios de los que se lograrían con una imposición razonable.

La progresividad exagerada de nuestro sistema tributario no es un problema que afecte solo a los “ricos”. Ojalá fuera así. Es un problema que afecta, en mayor o menor medida, a toda la sociedad. Peor aún: mientras los parados sufren la falta de empleos que podrían generarse con los recursos disponibles, los “ricos” tienen relativamente fácil escapar de las garras de Hacienda.

Si al gobierno más débil en 40 años de democracia añadimos que sus socios tienen objetivos opuestos al interés general y que los responsables de la política económica se guían por ideas fracasadas, no podremos sorprendernos cuando, cualquier día de estos, descubramos que la confianza de empresarios, inversores y consumidores se ha evaporado.

 

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