Nos queda la Eñe

La capacidad de compra de los hispanohablantes ronda la friolera de los cincuenta billones de dólares, nada menos que un diez por ciento del producto interior bruto mundial. En España, el PIB vinculado al castellano supera los dieciséis puntos, por encima del turismo. En términos de empleo, las estadísticas cifran en casi cuatro millones los puestos de trabajo ligados al idioma oficial del Estado, con un incremento exponencial en los últimos tiempos. Educación, comunicación, industrias audiovisuales y editoriales, publicidad, servicios de atención al cliente o de información telefónica componen algunas de las piezas de este poderoso motor social y económico, al que sin embargo parecemos menospreciar al insistir en el constante fomento alternativo de hablas vernáculas.

Para el año 2050, las previsiones apuntan a seiscientos cuarenta millones de socios de este formidable club del español en la tierra. Incluso en internet, donde queda tanto por hacer, la lengua franca hispánica es ya la segunda más utilizada. Hace décadas que la letra de Cervantes desplazó a la de Camus en la preferencia de los escolares europeos, lo que ha podido influir en la consolidación de España como el destino favorito del programa Erasmus, atrayendo cada curso a millares de alumnos procedentes de treinta y cuatro nacionalidades diferentes.

Mientras esta fabulosa realidad se impone, en determinadas zonas del país avanza imparable la promoción de lenguas regionales, no pocas veces con el inconfesable propósito de sustituir al español como verbo común, desafiando además su magnitud como seña de identidad colectiva. Aunque en un primer momento todas estas políticas lingüísticas aparenten limitarse a la justificada defensa de unas riquezas culturales amenazadas, tarde o temprano derivan hacia tendencias bastante menos inocentes, persiguiendo implantar un monolingüismo uniformador que suele ser invariable caldo de cultivo de ideologías políticas de corte nacionalista extremo.

“Si se impartieran las clases en castellano, vendrían más estudiantes foráneos y aprenderían también catalán fuera del aula con sus amigos o parejas, que es como mejor se adquiere”, me razonó un buen día un insigne académico barcelonés que se había pasado media vida trabajando en Alemania. Para él, constituía un sinsentido ese bilingüismo desequilibrado que siempre pretendía arrinconar al español y consolidar al catalán como exclusivo y excluyente, amén de minoritario en el contexto internacional.

Favorecer la enseñanza o las prestaciones públicas en lenguajes autóctonos para combatir su desaparición nunca debiera entrañar menoscabo del compartido. Y mucho menos su postergación o supresión, como tan a menudo advertimos en los desplazamientos por Comunidades Autónomas con cooficialidad declarada por sus Estatutos, en que uno duda si está viajando por el extranjero. Esa disparatada estrategia no solo trae consigo preocupantes consecuencias para la saludable vertebración de la nación, sino que implica renunciar de manera inexplicable al potente tractor intelectual y productivo que el castellano representa, del que deberían poder beneficiarse ciudadanos del territorio que sea, en especial en la delicada situación que ahora atravesamos. ¡Cuántas rentas se podrían incrementar acogiendo a quienes desearan venir a aprender español, como hacen con el inglés cientos de miles de familias en el ámbito anglosajón!

El llamado factor eñe puede contribuir extraordinariamente a la prosperidad si no lo hacemos competir de forma absurda con lo que nunca tendría que ser su adversario. Resulta imprescindible evitar la pérdida de cualquier manifestación cultural, pero sin hacerlo a costa de otras, máxime si se trata de la segunda lengua materna del mundo y de una de las principales referencias de la economía y la civilización universales. Cuando caigamos en la cuenta del enorme rendimiento que podríamos aún obtener de este monumental tesoro, tal vez estará en manos de quienes ya disfrutan de él, mientras aquí sigamos enredados en las mismas ocurrencias de campanario que nos impiden ver estas cosas con la necesaria perspectiva.

Publicado originalmente en Prensa Ibérica

Javier Junceda

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia del derecho administrativo en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Es también el presidente de la Comisión de Español Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en NY.