En los años ’80, en Argentina había un pequeño grupo de extrema derecha que, entre otras cosas, reclamaba como “argentinos” los territorios de Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Chile y Brasil. El argumento era que Argentina era la continuación de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, la extensión de la “verdadera” Argentina debía ser la de aquel virreinato. Algunos iban más lejos: basados en la evidente violación portuguesa del Tratado de Tordesillas (por el cual España y Portugal se repartieron el “nuevo mundo”), reclamaban como argentino gran parte del actual Brasil.
Es evidente que se trataba de un planteamiento carente de todo sentido. Sin embargo, ¿qué habría pasado si ese pequeño grupo hubiera recibido subvenciones estatales para difundir sus ideas? ¿Qué habría pasado si en aras de un pluralismo ingenuo el Estado argentino hubiera apoyado la divulgación de ese alocado ideario a través de medios de comunicación públicos? Treinta años después, es seguro que habría muchos argentinos, incluso de buena fe, convencidos de los “derechos” argentinos sobre esos territorios. Mucho más si la difusión de esas ideas insensatas se hubiera hecho desde los libros de texto en las escuelas. Tampoco pueden caber dudas de que la propagación de esas ideas significaría hoy un punto de conflicto permanente entre los países de América del Sur.
La experiencia muestra que cualquier idea, por alocada que sea, puede tener una amplia aceptación social si hay un esfuerzo persistente apoyado con dinero público. Ocurrió con el nazismo, con el comunismo y ocurre ahora con los nacionalismos separatistas y los populismos bolivarianos.
El golpe de estado ocurrido en Cataluña, detenido mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Nacional, es principalmente el resultado del error, cometido a lo largo de casi cuarenta años, de creer que, mediante el otorgamiento de más competencias y recursos, los independentistas acabarían por conformarse. Pero también es el resultado de alimentar con recursos públicos a los enemigos de la nación.
Demasiada gente ha hecho de la inoculación del odio a España su modus vivendi, todos ellos pagados, directa o indirectamente, con dinero público. Uno de los primeros pasos para evitar nuevos golpes de estado por parte de secesionistas en el futuro pasa por dejar de alimentar a quienes se dedican al negocio de inducir al odio.
Algunos casos son descarados. El presidente de la asociación Òmnium Cultural está preso por un delito de sedición. Sin embargo, aún hoy es posible hacer donaciones a esa entidad, desgravándolas hasta en un 90%, gracias a su condición de “entidad de utilidad pública”.
Otros son menos evidentes. Por ejemplo, el 3 de octubre, los líderes regionales catalanes de UGT y CC.OO. se manifestaron junto con los líderes golpistas en protesta por la “violencia policial”. Sindicatos que han entorpecido el progreso social del país, no dudan en ponerse del lado de quienes incumplen la ley al mismo tiempo que reciben subvenciones públicas y son permanentemente tenidos en cuenta como actores claves del “diálogo social”.
En 1994 estuve varios meses en Dublín. Era la época del “peace process”, en el que el IRA dejaba de lado la violencia. Entre las muchas iniciativas de normalización, niños de la República de Irlanda (católicos) intercambiaban visitas con niños de Irlanda del Norte (protestantes). Yo escuché en la radio a una niña católica decir, al regresar de una de esas visitas: “jugué con niños protestantes y me di cuenta que eran iguales que nosotros”. A ese mismo sinsentido hemos llegado: que haya que explicar a niños de unas regiones de España que los niños de otras regiones españolas son iguales a ellos. Empecemos a corregir esta locura dejando de alimentar a los odiadores de profesión.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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