Muchas empresas y autónomos tenían acordadas con sus asalariados determinadas condiciones. Pero el gobierno de Sánchez decidió que nadie podía cobrar menos de 900 euros por mes (lo que implica que no se puede contratar por menos de 1.400 euros mensuales) y alteró esos acuerdos, obligando a incrementos salariales de hasta el 22% para quienes ganaran menos de esa cifra.
Las empresas automotrices tenían planificada una determinada producción. Pero la prédica “antidiesel” de una ministra que tiene dos coches de ese tipo redujo súbitamente la demanda, trastocando todos los planes para fabricantes y concesionarios.
Muchas familias y empresas tienen viviendas para alquilar. El gobierno de Sánchez cambió unilateralmente las reglas del alquiler, imponiendo, por ejemplo, períodos mínimos de cinco y siete años para la duración de los contratos, discriminando injustamente, además, entre propietarios.
Netflix, Amazon, HBO y otras empresas de contenidos audiovisuales decidieron comenzar a ofrecer sus servicios en España. Ahora, el gobierno socialista amenaza con imponerles un impuesto (el mismo que ya pagan las cadenas privadas de TV) que perturbará sus previsiones.
Bancos y clientes tenían la costumbre de que fueran los últimos los que pagaran el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Sánchez decretó que, en adelante, serían los bancos los responsables de ese pago. El gobierno se entrometió donde no era necesario y, ahora, las hipotecas se han encarecido, como acaba de constatar el Banco de España.
¿Cuál es el hilo conductor de todas estas acciones del gobierno de Pedro Sánchez? Que, en todos los casos, suponen un ataque al derecho de propiedad. Todas esas decisiones de Sánchez implican una muy baja consideración por el derecho de los propietarios a disponer de lo que es suyo.
Si usted, amigo lector, es de los que aún cree que el derecho de propiedad es algo que solo atañe a millonarios y grandes empresas, me permito corregirle su error. El derecho de propiedad tiene que ver con su salario, su pensión, sus ahorros, su plan de pensiones, su casa. Con todo lo que es suyo. Tiene que ver con su vida.
Cuando el derecho de propiedad está en entredicho, cualquier cosa es posible. Todo pasa a depender del arbitrio del poder de turno. La alternativa es clara: defendemos el derecho de propiedad o aceptamos ser vasallos y no ciudadanos.
No hablo solo de teoría. Cuando un gobierno agrede el derecho de los propietarios, estos no permanecen impasibles. La reacción lógica es postergar cualquier plan de nuevas inversiones, contrataciones o proyectos. Quienes aún no han sido agredidos, también adoptarán una actitud más precavida. Así comienza a debilitarse la economía llegando, eventualmente, a una recesión.
No hay nada inexorable. Podría haber fuerzas que compensen el daño económico que provocan las políticas socialistas (por ejemplo, una caída del precio del petróleo, nuevos estímulos monetarios, etc.). Aunque improbable, Pedro Sánchez podría cambiar (como hizo ZP por presión de la UE).
Lo más desconcertante es que todo esto ocurre cuando, por primera vez, el presidente del gobierno es economista. Visto lo visto, no solo cabe dudar de la originalidad de la tesis doctoral de Sánchez sino, incluso, de la cabal comprensión de las materias del grado.
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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