Las revoluciones en las democracias son causadas sobre todo por la intemperancia de los demagogos, advierte Aristóteles en el libro octavo de su Política. La matraca que insiste en un nuevo marco constitucional radicalmente distinto al actual me recuerda a esa sabia observación del estagirita, pero también a aquella otra que sitúa al amor al régimen establecido como la primera de las condiciones que han de reunir los llamados a ocupar altas magistraturas, junto con su competencia y virtudes personales, que son las dos restantes.
Que quienes encuentran dificultades para sacar adelante unos simples presupuestos sopesen embarcar a un país en un proceso de esta envergadura, sin duda será estudiado en los anales de la ciencia política. A los impetuosos defensores de la democracia directa se les ha debido olvidar que resultan precisas holgadas mayorías para que ese sistema funcione, y mucho más en el caso de las constituciones, que reflejan la voluntad nacional en su conjunto, como concibió en temprana hora el abate Sieyès. Es sencillamente extravagante plantear modificaciones sustanciales en la forma de organizarnos sin contar con una generosa aprobación ciudadana, porque el orden jurídico y social acostumbra a demandar ese común asentimiento, si no se quiere terminar en el caos de un Estado fallido.
De lo anterior no se sigue que el modelo deba permanecer inalterable por los siglos de los siglos, ni que tenga que extenderse, velis nolis, a generaciones diferentes a aquellas en las que se logró el consenso sobre dichas reglas básicas. Rousseau o Jefferson censuraron por antidemocrático ese modo de proceder, aunque es justo reconocer que buena parte de las normas fundamentales de medio mundo, incluidas las francesas o norteamericanas, datan de tiempos pretéritos, en el último caso de hace dos centurias. Con ello vuelve a demostrarse que unos cimientos sólidos mantienen a las casas en pie y permiten alojar bajo un mismo techo de bisabuelos a bisnietos a lo largo de las décadas, aunque necesiten acometer ligeros retoques.
Los que sostienen que es posible abordar un completo proceso constituyente sin esos mimbres de conformidad colectiva, suelen creerse en posesión de la verdad democrática. Como son los únicos titulares de la auténtica legitimidad, pretenden sin descanso imponerla a los demás, de la manera que sea. Ese peregrino enfoque que sale del magín totalitario nunca busca configurar una forma diversa de ver las cosas en la que nos sintamos cómodos aunque no pensemos igual, sino de obligarnos a vestir su propio uniforme y que nos lo pongamos a la fuerza, porque ya advirtió Maquiavelo que los que solo persiguen someter a los pueblos siempre prefieren ser temidos a amados.
Con todo, más inquietante me parece el caldo de cultivo que este sectarismo pueda estar fraguando hoy sobre esos inviables propósitos reformadores. Esta estrategia genuinamente fabiana es posible que esté calando ya en una población tan receptiva al cambio por el cambio, a las nuevas normalidades y a lo que mande el sursuncorda, renunciando a penetrar en grandes o pequeñas profundidades y a librar cualquier batalla ideológica o cultural contraria a la imperante. El significativo atolondramiento de esta época, también en el campo de las ideas, quizá esté operando como verdadero acelerante de estas imprudentes maniobras, unido a la fascinación ciega hacia lo que venga, aunque no se sepa a ciencia cierta las nueces que traiga.
Desde luego, mejor estaríamos centrándonos en los desafíos que tenemos por delante, y que algunos no han sido ni tan siquiera visitados por los que ansían meterse en follones aún mayores. Cuando los encaucemos, tal vez sea el momento de abordar otros horizontes, aunque tampoco es descartable que estas insensatas propuestas se lancen como globos sonda para distraer al personal y que se olvide de una cruda realidad propiciada por aquellos que, sin dominar los problemas cotidianos, procuran encima afrontar retos de superior enjundia.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia del derecho administrativo en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Es también el presidente de la Comisión de Español Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en NY.
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