En los cinco peores años de la crisis anterior (2009-2013), el PIB cayó un total de 8,6%. Solo en 2020, el PIB caerá 14%. En 2008, la deuda pública equivalía al 40% del PIB. En 2020 superará el 120%. Corregir el déficit fiscal de Zapatero (11,5% en 2009) hasta volver a cumplir el Tratado de Maastricht (no más del 3%) fue un esfuerzo que llevó nueve años.
Al comienzo de la anterior crisis, el tipo general del IVA era 16%, el Impuesto sobre el Patrimonio había sido suprimido y el tipo máximo de IRPF era 43%; la tasa de paro rondaba el 8%. Ahora el IVA es 21%, desde hace años en gran parte de España se paga Patrimonio y el tipo máximo del IRPF es 49%. La tasa de paro es 15% (contando como ocupados a quienes están en ERTE).
Podría seguir con más indicadores (deuda exterior, morosidad bancaria, etc.), pero la conclusión no cambia: la nueva crisis es mucho más violenta que la anterior y encuentra a la economía sin haberse aún recuperado del todo. Los ERTEs y las prestaciones a autónomos están actuando como una “anestesia general”: no se percibe todavía a pie de calle toda la crudeza del desplome económico.
Si los ERTEs se prolongan (hasta diciembre, o incluso abril), la deuda pública podría entrar en una dinámica insostenible que, en el peor escenario, acabaría en la cesación de pagos. Si no se prolongan, el desempleo podría escalar hasta niveles no vistos. La situación es gravísima y amerita una acción contundente cuanto antes.
El gobierno sanchista-leninista pone el foco en el aspecto asistencial, tan del gusto de los políticos: ERTEs, prestaciones a autónomos, rescate a algunas empresas, planes de estímulo para algunos sectores, etc. Como un bombero, solo piensa en apagar las llamas, sin prestar atención a si los “manguerazos” facilitan o dificultan la “reconstrucción” posterior. Es, claramente, un enfoque insuficiente, que profundizará los padecimientos de la población más allá de lo necesario.
Hay un problema adicional: un gobierno formado por un mentiroso compulsivo y un comunista antisistema que debilita desde el poder la Constitución y las instituciones que emanan de ella, está incapacitado para encabezar la tarea titánica que hay por delante (aunque tuviera el plan adecuado, que no lo tiene). El incumplimiento de las metas fiscales y la pésima gestión de la pandemia explican la incapacidad de este gobierno para generar confianza. Las inoportunas vacaciones del presidente evidencian la falta de liderazgo.
Hay una solución, pero exige patriotismo y estadistas. Se trata de formar un gobierno moderado, europeísta, encabezado por un independiente de prestigio, con ministros que sean los mejores dirigentes del PP, PSOE, VOX y Ciudadanos, en proporción a sus pesos parlamentarios. Un gobierno que no dependa del chantaje de separatistas y que acabe la actual legislatura aplicando un plan claro, que evite la intervención de la UE y recupere la economía.
En lo económico se trata, en lo esencial, de revisar a fondo el gasto público en todos los niveles, privatizar todas las empresas y participaciones del estado para amortizar deuda pública, rebajar de modo significativo y permanente el Impuesto sobre Sociedades y de implementar todas las reformas que vienen pidiendo la Comisión Europea y el FMI (por eso es necesario que participen todos los partidos que defienden la Constitución, para que ninguno intente esquivar costes políticos). Son todas reformas que apuntan a una economía más eficiente y sostenible, capaz de crear más y mejores empleos.
En lo político se trata, por ejemplo, de reformar el estado (achicando su estructura), reordenar sin complejos el caos autonómico (que fomenta la deslealtad y es caro), suprimir el Senado, reformar el sistema electoral y asegurar derechos elementales (que se pueda estudiar en español en toda España, acabar con las “okupaciones”, etc.).
Más allá de las intenciones que hubiera podido tener al anunciarla, la moción de censura de VOX en septiembre podría ser útil a este fin. Podría comenzar un paréntesis a la crispación política, el desdén gubernamental, la descoordinación y la falta de rumbo. Podrían implementarse planes con un respaldo político inédito, lo que aseguraría su continuidad, aumentando la confianza y, con ella, la inversión productiva. Pero hacen falta estadistas y patriotismo. ¿Los tendremos?
Economista, director en Barceló y asociados, exinvestigador senior en IESE Business School (Madrid).
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